Por sus alcances y su magnitud, fue inédita la operación —o activación— azul del sábado pasado en Infonavit Frontera.

Varias decenas de activistas, principalmente funcionarios y empleados estatales y partidistas, con sus chalecos azules bien puestos, salieron a la calle a promocionar logros de Gobierno.

Por primera vez, la gobernadora Maru Campos encabezó personalmente la estrategia de tocar puertas. No fue un simulacro ni una foto aislada: fue presencia.

Se aplicó el librito del venezolano Pedro Silva, que prácticamente ya radica en Juárez, y se ejecutó “El Terremoto”.

La misma fórmula usada con Tere Jiménez en Aguascalientes y que, se dice, ya dio resultados en 2024. Todos juntos, de un solo golpe, platicando y volanteando en un mismo punto para que se note.

Que la sacudida se sienta y que los vecinos se apantallen con la presencia y el músculo político.

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El terreno ya venía trabajado. Antes se había adelantado el “Toca-Toca”. Literalmente: tocar la puerta de cada casa para clasificar el territorio, identificando a los simpatizantes del proyecto en azul, a los indecisos en verde y a los contrarios en guinda —para lo que se ofrezca más adelante—.

Pero el fin de semana se dio un paso más: barrido simultáneo, ruidoso y sin discreción, echándole toda la carne al asador.

La estrategia no será aislada. Se repetirá los fines de semana en otros territorios, empezando por zonas muy parecidas al Infonavit Frontera, donde saben que hay margen de recuperación: colonias que antes fueron azules y hoy aparecen más guindas.

Todo va enlazado. Al “Toca-Toca” le sigue el “Padre Nuestro”: en 30 segundos se recita la letanía de lo más distintivo de la administración estatal —MediChihuahua, NutriChihuahua, JuárezBus y estancias infantiles—, sin desviarse del guion.

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No solo Maru estuvo ahí. La gobernadora se alineó con una estrategia que en Juárez controla directamente el secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Luis Olmedo.

El mensaje fue claro: aquí no hay ocurrencias locales, hay operación nacional.

Juárez ya fue tomado por el CEN como territorio prioritario. Todas las figuras deben entenderlo por lo que representa esta frontera para la contención guinda y para la aportación de votos rumbo a 2027.

Por eso anduvieron aquí el alcalde de la capital, Marco Bonilla; secretarios como Gilberto Loya; y representantes populares como la diputada Xóchitl Contreras y el regidor Alejandro Jiménez.

Desde el CEN también llegó la secretaria de Capacitación, Magui Fisher. Por la mañana estuvo en lo suyo en el edificio del PAN y más tarde acompañó a la gobernadora en la calle, junto a la presidenta estatal, Daniela Álvarez, y el dirigente municipal, Ulises Pacheco.

Le caminaron todos. No faltó prácticamente nadie de los titulares de las principales dependencias estatales y descentralizadas, empezando por el representante Carlos Ortiz. Incluso quienes ya no son funcionarios se apersonaron en la actividad partidista, como el exdirector ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Sergio Nevárez, enfundado otra vez en el chaleco azul.

Tampoco se cansaron demasiado. Tras una hora y media —la participación de la gobernadora fue más corta y simbólica— el contingente se concentró en el Parque de la Familia para comer, tomarse la foto y escuchar el mensaje motivador. La suela tendrá que gastarse más de aquí a 2027.

Ahora sí, los guindas pusieron a trabajar a los azules. Y eso no se veía desde hace tiempo.

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El Terremoto no se disipó en el Parque de la Familia. La sacudida siguió tierra adentro. Para dimensionar el peso real de la estrategia azul activada en Infonavit Frontera y que se mantendrá en Juárez rumbo a 2027, basta un dato: después del cierre público vino el pase de lista privado.

La gobernadora Maru Campos no regresó a casa; se fue directo a la sede del Comité Municipal del PAN.

Ahí, en el edificio de 5 de Mayo y 16 de Septiembre, la operación continuó sin fotos ni sonrisas para redes. Otras dos horas más se aventaron en la revisión del cumplimiento de objetivos, la planeación y la leída de cartilla para todos, en nombre de la unidad.

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Aunque todas y todos forman parte del equipo de la gobernadora, nadie desconoce que entre algunas de las figuras hay celos y fricciones.

Nadie quiere quedar fuera de los reflectores ni de las negociaciones en torno a los pocos espacios que en Juárez pueden conseguir como representantes populares, ya sea por tierra o por la vía plurinominal.

El “Vamos por Juárez” lo llevaron desde el Infonavit Frontera de regreso a la sede partidista.

De esa encerrona no hubo fotos, a diferencia de las múltiples publicaciones del recorrido por las calles, pero supo Mirone que la gobernadora sentó a su derecha a Daniela Álvarez y a su izquierda a Ulises Pacheco.

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En la herradura que se arma siempre en el salón de sesiones de la planta baja participaron el recaudador de Rentas, Raúl García Ruiz; el delegado de Coesvi, Óscar Lozoya; el representante Carlos Ortiz; la subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo; la secretaria de Capacitación del CEN, Magui Fisher, y el secretario de Elecciones del CEN, Luis Olmedo.

También acudieron el exalcalde y exlegislador Ramón Galindo Noriega; la diputada Xóchitl Contreras; el director ejecutivo de la JMAS, Marco Licón; el coordinador de Gabinete Zona Norte, Ricardo Vega; el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, y el delegado del Ichife, Florencio Mono Peña.

A propósito de Mono Peña, y de zancadillas internas y recelos, supo Mirone que la gobernadora se llevó un tema pendiente a Chihuahua: el titular del Ichife a nivel central se la ha pasado grillando al delegado local, nada más porque brilla más que él.

Resulta que Iván Ortega, conocido como El Toca, le corrió gente a Mono y le restringió al máximo el presupuesto y hasta los viáticos, por puro recelo.

Lo anda bloqueando nomás porque la gobernadora, cada vez que lo ve, le prodiga sus afectos, llamándole “mi Monito”, y le reconoce lo chambeador.

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Las cosas no andan tan a pedir de boca en la torre blanca que alberga al Poder Judicial del Estado, pues según le contaron a este Mirone metiche, hay una fragorosa lucha de poder entre las “tres” presidencias en las que se dividió el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), gracias al “reformazo” que nos hincó la 4T.

Resulta que la actual presidenta del TSJ, Marcela Herrera Sandoval, no tiene al enemigo allá afuera, entre los que extrañan a aquel tribunal “oxigenado” que construyó César Duarte, o el morenismo radical que vio cómo los acordeones del Palacio de Gobierno le ganaron a los del Palacio Nacional en la integración de los tribunales locales.

No: aquí la “lucha de titanes” está entre la presidenta Herrera Sandoval y Karla Esmeralda Reyes, la titular del recién creado Órgano de Administración Judicial.

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El problema que muchos divisaron desde lontananza con eso de que los jueces iban a ser producto del voto popular se le está cumpliendo a Chihuahua con toda la extensión del macabro presagio: jueces y magistrados se sienten ahora tocados por la mano de Dios y elegidos por el pueblo, merced de su arrolladora popularidad, por lo que ahora nadie les puede decir nada.

Así que aquello está peor que si fuera La Casa de los Famosos, y más aún si tenemos en cuenta que la presidencia del TSJ será rotativa y que, por lo tanto, nadie está amarrado a la silla presidencial. A ver quién aguanta.

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Desde principios de año, este Mirone les había comentado de la ola de terror que recorría los pasillos del Poder Judicial, porque el dichoso Órgano de Administración Judicial, el que dirige Karla Esmeralda, se había convertido en una especie de “Tribunal del Santo Oficio”, donde el que no cae, resbala, solo con el hecho de no caerle bien a la titular.

Falta de transparencia, ajuste de cuentas y remociones sin mayores explicaciones se han presentado en el poco tiempo de vida del famoso Órgano de Administración Judicial, creado por el Congreso del Estado al cuarto para las doce, cuando ya estaba a punto de integrarse toda la nueva estructura del TSJ.

Esa forma un tanto arbitraria de conducirse es lo que ha motivado el choque de trenes en el renovado Poder Judicial de Chihuahua porque, mientras la presidenta del TSJ quiere tener mano y conducir la integración de los juzgados y las estructuras administrativas, la titular del Órgano de Administración hace y deshace con el cuento de que ahí nada más manda ella.

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Hace algunos meses, cuando el nuevo TSJ se presentó en sociedad en una conferencia de prensa, el presidente del Tribunal de Disciplina, Francisco Javier Acosta, se quejó amargamente de lo mal integrados que estaban los órganos internos del Poder Judicial y, en particular, el que estaba ahora bajo su encargo.

Era tal su disgusto que no dudó en llamar “Frankenstein” al recién creado Tribunal de Disciplina porque, al igual que la criatura de la famosa novela de Mary Shelley, lo habían ensamblado con pedazos de aquí y de allá, sin darle forma ni coherencia.

Por lo visto, Acosta se quedó corto en su queja contra quienes crearon el “frankesteincito” judicial, porque en las mismas andan las otras instancias que se crearon a propósito de la reforma que vino desde las más altas esferas del poder actual.

Tenemos una presidenta que llegó al cargo por ser la persona que recibió más votos, y eso ya ensalza a cualquiera, y otra que dice que también la votaron las multitudes para decidir quién vive y quién no en la nómina judicial. A ver quién gana; por lo pronto, ya sabemos quién perdió: la justicia.

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Esos de la Auditoría Superior de la Federación están buenos para un apuro. Encima de que se toman casi dos años para entregar los resultados de los períodos que fiscalizan, lo hacen al matacaballo, con los tiempos encima y sin darle oportunidad a los entes auditados de presentar debidamente sus recursos de comprobación.

Como le informó este mitotero Mirone, la famosa ASF entregó al Congreso de la Unión los resultados de la Auditoría 645, correspondientes al tercer trimestre del año 2024. Como lo lee: apenas entregaron la revisión de un período que terminó hace año y medio.

¡Velocidad de oruga!

Lo peor del caso es que, ni con toda esa “calma” que se tomaron para revisar el correcto uso de los recursos públicos de gobiernos estatales, municipales y de organismos descentralizados o autónomos de las entidades federativas, le dieron espacio a los auditados para responder a las observaciones y determinar si éstas se solventaban o no.

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Nada más para darnos una idea de lo carrereado que está actuando la ASF: ya entregó el informe, ya lo subió a su página de internet y, por lo tanto, ya es público.

Sin embargo, al menos en Chihuahua, a algunos organismos no se les ha notificado formalmente el Informe Individual que le corresponde a cada uno, por lo que ni siquiera ha comenzado a correr el plazo para contestar.

Según el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, el ente auditado cuenta con 30 días para responder a las observaciones y entregar su información, para que el auditor determine si se salvan del coscorrón o se los ponen más fuerte todavía.

Pues bien, ese plazo ni siquiera ha empezado a correr, porque a muchos de los organismos auditados no les han llegado sus respectivos pliegos de observaciones.

A estas horas, cuando la ASF ya exhibió a medio mundo, muchos de los “mal portados” no saben bien a bien qué hicieron y hasta, en una de esas, están en condiciones de decir: “yo no fui”.

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Los términos y los plazos pueden sonar a discurso abogadil y a terminología propia de la técnica jurídica, pero se trata de un asunto que le compete a cualquier ciudadano o ciudadana que deambula por la calle con la esperanza de que sus impuestos se gastaron correctamente.

La ASF es un organismo de grueso tamaño que se encarga de revisar la manera en que se gastaron los fondos federales en todos los rincones del país. ¡Poca cosa! Hay estados donde nueve de cada 10 pesos que se gastan provienen de las arcas federales, así que vale imaginarse de qué tamaño debe ser la revisión.

Si así andan las cosas, ya podemos imaginar lo difícil que será para el ciudadano de a pie tener la certeza de que sus dineros se gastaron correctamente. Menos aún podrá saber si quien no lo hizo —ya sea por error o por mano larga— recibe la sanción que le corresponde.