La Dirección de Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal mantiene secuestrado el documento con la propuesta base de actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible del Centro de Población (PDUS).

Se supone que la actualización debe de sumar al documento técnico las opiniones, planteamientos y demandas de la comunidad en general, así como de los expertos que buscan lograr el ordenamiento territorial, fin último de ese instrumento de planeación municipal.

Desde el 1 de junio de 2022, hace un año y tres meses, se lanzó la convocatoria por parte del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) para recibir propuestas e iniciar la construcción del documento base para la actualización.

El IMIP terminó ese trabajo hace ya casi tres meses, y desde entonces el borrador se envió a la Dirección de Desarrollo Urbano, instancia que, conforme a la normatividad, debe de presentar formalmente el documento que se someterá al proceso de consulta abierta, durante 60 días, antes de que el texto final llegue para su aprobación ante el Cabildo en pleno.

El trabajo técnico ya lo realizó el IMIP, el cual debe ser validado por la dependencia que no ha informado nada hasta hoy oficialmente sobre este proceso, ni ha dado a conocer la ruta crítica de la actualización y consulta.

Los planificadores, urbanistas y activistas que participaron en la primera parte del proceso, consideran que no es justificable el rezago y sospechan que, si Desarrollo Urbano se ha tardado tanto tiempo en su simple validación, es porque en realidad lo está modificando de fondo.

A todos inquietan los criterios de la dependencia que encabeza Claudia Morales, una persona que llegó al cargo sin tener experiencia en temas de planeación y urbanismo, vinculada abiertamente a los intereses de los desarrolladores inmobiliarios.

En el pasado reciente, desde esa oficina y con el aval en general del cuerpo de regidores, se han favorecido proyectos y cambios de uso de suelo, aunque puedan tener impactos negativos a terceros, comprometan sus patrimonios o pongan incluso su integridad física en riesgo.

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Un caso emblemático es el proyecto Zaragocita. Con el visto bueno de la coordinadora de la Comisión de Desarrollo Urbano, la regidora Tania Maldonado, Morales pretendía que se autorizara, por el Ayuntamiento en pleno, cambiar el uso de suelo reservado a captación pluvial, a uno de servicios generales. Con ese cambio, el promovente, Seficred S.A de C.V. podría luego utilizar el predio de 4.7 hectáreas, ubicado cerca del cruce de carretera Juárez-El Porvenir con Libramiento Independencia, para construir un parque logístico para la industria.

Muy probablemente, la aprobación se hubiera concedido el pasado 27 de septiembre, si los vecinos de Riberas del Bravo no se presentan a protestar en la sesión de Cabildo.

Su oposición es de lógica elemental. Aunque se resuelva el problema de inundación en ese predio que se quiere desarrollar (se propuso construir un canal de 2 kilómetros para llevar el agua al Dren 2-A), serán ellos quienes, aguas abajo, seguirán sufriendo las consecuencias de la mala planeación urbana y de la falta de infraestructura hidráulica adecuada. Es una calamidad. Cuando llegan las tormentas, los habitantes de Riberas del Bravo, con todo y sus patrimonios, literalmente nadan entre las aguas negras.

Por lo pronto se quedó en reserva la aprobación, aunque recientemente no hubo resistencia a cambios de uso de suelo en otro de los extremos de la ciudad, en la parte sur, a la altura de la glorieta del kilómetro 20, justo donde se requieren más obras de contención de inundaciones. En lugar de que se construya esa infraestructura pluvial, se autorizaron otros usos, porque así lo pidió, en uno de los casos, la empresa transnacional BRP, para poner ahí unas de sus bodegas.

En esa zona que incluye al predio conocido como El Barreal y a la Laguna de Patos, se han sufrido ya severas inundaciones, como la ocurrida en 2008, cuando se evidenció cómo las omisiones de la autoridad, o de plano la connivencia de los funcionarios con los desarrolladores inmobiliarios, dejan en la indefensión plena a la población. Todo se autoriza, sin que se cumpla previamente con las obras pluviales necesarias.

Eso mismo pretenden aplicar en Zaragocita: autorizar primero y confiar en que se cumplirá después con las obras.

Lo más grave es que los criterios discrecionales y pasalones de autoridades y regidores se acentúan en el contexto de una gran presión inmobiliaria vinculada con la dinámica global del nearshoring, el fenómeno de relocalización de empresas que por toda la ciudad demanda más suelo para la construcción de nuevas naves industriales, además de los proyectos de vivienda que requerirán miles de trabajadores.

Justo en ese escenario de expansión, es cuando más se hace necesario clarificar y fortalecer los instrumentos de planeación y regulación como el PDUS.

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Debe de evitarse que la historia se repita en detrimento de ciudad: las autoridades ceden a la presión inmobiliaria y abdican de su función reguladora, creyendo que el expansionismo económico es desarrollo. La dinámica del capital se impone y poco importa que se multiplique el déficit de infraestructura urbana y se condene a miles sufrir exclusión y marginalidad.

Nadie dice no a ese tipo de inversiones, aunque agoten los ecosistemas y ahonden las desigualdades sociales. Ahí también radica la importancia del instrumento de regulación, que se apliquen los criterios que buscan evitar la dispersión urbana y apuestan por la densificación. Urge frenar el incremento en el déficit de infraestructura y equipamiento.

En ese sentido van las preocupaciones más importantes de quienes participaron en los ejercios que encabezó el IMIP. La exigencia prioritaria es ponerle límites al expansionismo y respetar la reserva que ya se tiene para que se consolide, antes de seguir desdoblando la ciudad.

El problema es que los instrumentos se ignoran y las autoridades declinan su función rectora para que sean los desarrolladores de vivienda y naves industriales, quienes fijen el rumbo de la ciudad, sin que se garanticen criterios de sustentabilidad frente al rezago.

Muchas sugerencias se hicieron llegar al IMIP para incluir de alguna manera en el PDUS. Algunas de las propuestas se resumen de la siguiente manera: exigir los dictámenes de impacto urbano antes de autorizar los desarrollos, impulsar el desarrollo vertical en lotes baldíos intraurbanos, establecer impuestos más altos a los lotes ociosos y reafirmar los candados necesarios para contener la expansión de la ciudad.

Además, establecer nuevos centros urbanos que respondan a las necesidades

sociodemográficas de Ciudad Juárez, prever la reserva de suelo público con enfoque de función social, fortalecer y exigir los dictámenes de factibilidad para autorizar nuevos desarrollos, buscar mecanismos para desincentivar la construcción de desarrollos habitacionales cerrados y recuperar espacios de viviendas abandonadas.

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Los participantes en los primeros foros y encuentros, también plantearon algunas consideraciones en el tema hídrico, como establecer una autoridad competente en materia de manejo de aguas pluviales, establecer prerequisitos de factibilidad hídrica para los nuevos desarrollos y no otorgar dictámenes de factibilidad condicionadas, es decir, que sea requisito generar primero las condiciones para luego autorizar. Justo el asunto que se discute en torno al proyecto de Zaragocita.

Pero en el tema hídrico no únicamente preocupa el problema de las inundaciones en temporada de lluvias, es alarmante el problema de suministro de agua potable, sobre todo en la parte del suroriente, justo donde se construyen la mayor cantidad de plantas industriales, ubicadas incluso al lado de fraccionamientos que se han quedado, literalmente, sin agua.

El déficit se multiplicará, pero nadie niega hoy los permisos o factibilidades a las grandes empresas transnacionales.

“Que la expansión de la mancha urbana esté determinada por la disponibilidad del agua”, resume una de las peticiones entregadas al IMIP.

También se exige ejecutar soluciones alternas de nuevos suministros que garanticen la sostenibilidad y la conservación intergeneracional, además del debido mantenimiento de pozos y el desarrollo de vivienda con capacidad de captación de agua.

No es un asunto menor. Es el presente y el futuro de la ciudad lo que está en juego en este momento. De ahí que el proceso de actualización del PDUS debe de librarse de esa sospechosa captura en las oficinas de Desarrollo Urbano.

Juárez no puede seguir secuestrada por el interés económico de unos cuantos, los mismos que han lucrado siempre con los criterios del desarrollo urbano, la orientación del crecimiento, la especulación de la tierra y los proyectos inmobiliarios.