Elemento central en la actual agenda pública municipal, el Presupuesto Participativo sigue generando un amplio debate sobre su aplicación y su manejo político.

Aunque puede considerarse un caso de éxito porque se hacen efectivas la democracia directa y la participación ciudadana en la toma de decisiones, su evolución en los municipios, incluyendo el caso de Juárez, no ha estado ajena a la controversia.

Con apenas cinco años de real implementación por la Administración municipal, desde las propias organizaciones de la sociedad civil que empujaron su materialización a partir de la construcción de la Ley de Participación Ciudadana, la mayor crítica radica en que se esté concursando o compitiendo por tener acceso a servicios, equipamientos o derechos consagrados por la propia Constitución.

Una gran parte de los proyectos sometidos al Presupuesto Participativo tienen que ver con pavimentar calles, arreglar parques y hasta instalar alumbrado público.

Esa es obligación primaria de los Gobiernos municipales. Lo dice claramente el Artículo 115 constitucional que establece que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos de alumbrado, limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos, así como hacerse cargo de calles, banquetas, parques y jardines, con su respectivo equipamiento.

Podría decirse que son su principal responsabilidad. Está el Municipio obligado a atender cualquier requerimiento en ese sentido, pero la evolución en la aplicación del Presupuesto Participativo está orillando al ciudadano a que tenga que salir a pelear por esas obras o servicios.

De alguna manera, la autoridad elude o evade su responsabilidad y la realización de la obra pública queda sujeta a que se deba salir a votar por ella.

Como resultado de esa distorsión en el enfoque, si un ciudadano, un colectivo o un comité de vecinos acude actualmente a Obras Públicas a pedir que se le pavimente su calle, o a Parques y Jardines para solicitar una intervención en su respectiva área de equipamiento, la respuesta es la misma: meta su proyecto al Presupuesto Participativo.

Es esa parte la que, en términos generales, está preocupando a vecinos organizados y colectivos. Con esa visión, resultó el Presupuesto Participativo una respuesta ad hoc para la autoridad, que ahora puede decir que atiende esos requerimientos tan sentidos en la ciudad, pero ni siquiera lo hace plenamente, ya que el rezago en ese tipo de equipamiento urbano es brutal.

El déficit en pavimentación de calles o parques no podrá abatirse cuando el Presupuesto Participativo es de apenas un 5 por ciento de los ingresos municipales de libre disposición. Únicamente 345 millones de pesos para este año, cuando el presupuesto municipal anual es de casi 10 mil millones de pesos.

Según el artículo 76 de la Ley de Participación Ciudadana, los recursos asignados para el ejercicio del presupuesto participativo deberán satisfacer necesidades colectivas tales como:

I. Obras y servicios públicos

II. Seguridad pública

III. Actividades recreativas, deportivas y culturales

IV. Infraestructura rural y urbana

V. Recuperación de espacios públicos

VI. Medio ambiente

VII. Seguridad sanitaria y servicios de salud

En el espíritu de la ley que impulsaron las organizaciones de la sociedad civil, la idea siempre fue el apoyar proyectos que implicaran la organización vecinal, es decir, se planteaba la gestión comunitaria más allá de poner un simple equipamiento faltante, o colocar pavimento o concreto por parte de la autoridad municipal.

………………

A una semana de que se desarrolle la doble jornada (sábado 17 y domingo 18 de mayo), han surgido nuevas polémicas, relacionadas con algunos proyectos en competencia, o con la manera en que se han involucrado figuras o actores políticos en el proceso electivo.

Está, por ejemplo, el caso del proyecto 833 “Viajemos Seguro”, impulsado por personas vinculadas al negocio del transporte en plataformas como Uber y Didi.

El proyecto va por el equipamiento de 500 vehículos con GPS, botones de pánico y cámaras conectadas al CERI para crear una red digital de monitoreo.

La demanda de seguridad es legítima para los dueños de los vehículos que han sido víctimas de robo y hasta de asesinatos; esa exigencia se puede trasladar en automático a los usuarios de las aplicaciones que también desean viajar más seguros.

Sin embargo, el asunto ha generado debate porque la inversión pública solicitada se ejecutaría en propiedad privada que forma parte de un negocio privado.

Quienes han cuestionado que tanto la Dirección de Participación Ciudadana, como el Comité que revisa la viabilidad técnica de los proyectos, lo hayan dejado pasar, recuerdan que hay casos de proyectos para poner cámaras en parques públicos que no han sido aceptados. No hay precedente en cuanto a equipar un bien privado con los recursos públicos del Presupuesto Participativo.

Otra cosa que no se había visto, es el abierto involucramiento de distintas figuras políticas con algunos de los proyectos.

Podría decirse que hay padrinos y madrinas en varios de ellos. Principalmente hablamos de representantes populares; legisladores y legisladoras que acompañaron y asesoraron a grupos vecinales en la confección de los proyectos, y muy posiblemente lo hagan a la hora de la jornada electoral, con su respectiva promoción y movilización.

Por un lado, se favorece o se alienta la participación ciudadana, lo cual puede abonar a que se consoliden estos ejercicios de democracia directa, aunque no deja de percibirse el interés por la mera renta electoral, en la suma de capital político para futuros proyectos.

Otra inquietud se arrastra desde anteriores procesos del Presupuesto Participativo, en relación a la influencia que está ejerciendo o el papel que está asumiendo el gremio magisterial, con una gran tradición de operación política por medio de sus estructuras sindicales.

En pasadas elecciones, quedaron registrados los testimonios de alumnos del Colegio de Bachilleres a quienes sus profesores les pidieron presentar prueba de su voto para recibir algún punto extra o condicionar alguna entrega de calificaciones.

El año pasado, los proyectos del Cobach arrasaron en las votaciones, por lo amplio de su comunidad escolar, que también jala la participación de los padres de familia.

Sin embargo, en el caso señalado, sonó esa acción a coacción del voto, una práctica diametralmente contraria a los valores cívicos que, se supone, pretenden impulsarse con estos instrumentos de participación ciudadana.

En esta vertiente escolar, también se ha destacado la crítica a que se tenga que recurrir al concurso o la búsqueda de votos, para tener aulas, canchas o baños dignos.

También se ha planteado que resolver esas necesidades debería estar en los presupuestos regulares de los tres órdenes de Gobierno, sin necesidad de competir por esas obras tan básicas, restándole posibilidades a los otros proyectos comunitarios en las colonias.

El Consejo Consultivo de Participación Ciudadana tuvo que poner un candado en la reglamentación, para que no se destine más del 20 por ciento del recurso reservado para cada uno de los polígonos en que se divide el municipio, a los proyectos escolares.

………………

Si revisamos la numeralia histórica, es indudable que se ha ido consolidando el ejercicio con incrementos sustanciales en los presupuestos y la participación electoral.

En 2022 se ejercieron 352.1 millones de pesos, incluyendo 100 millones adicionales a lo que marcaba como mínimo la ley. Para el 2023, el monto subió a 305.5 millones de pesos, incluyendo 125 millones fuera del presupuesto original. En 2024, la cifra llegó al histórico de 640.9 millones de pesos, contando 312 millones adicionales.

Si hablamos de votantes, en 2022 la participación fue de 21 mil 922 juarenses, y para el 2023 se duplicó y llegó a 95 mil 625 participantes. En 2024, la votación alcanzó 95 mil 525 participantes.

Este año, el presupuesto es de 345 millones, conforme a la norma, aunque ya se anunciaron que al menos se agregarán 150 millones de pesos. Con una cartera de 898 proyectos, se tiene la apuesta de duplicar la cifra del año pasado, o llegar al menos a los 150 mil votos.

Antes de la cifra de 898, se tenían mil 126 proyectos recibidos, aunque un total de 228 fueron declarados no viables.

Entre la lista de los que sí competirán a partir del próximo sábado 17 de mayo, están 511 edificaciones, 464 proyectos escolares, 180 urbanizaciones (calles), 120 parques y 52 proyectos sociales. De acuerdo con un registro de la Red de Vecinos de Juárez, los 898 proyectos se alcanzaron con otras 34 obras agregadas después del primer listado.

Esa organización también ha detectado un par de retos importantes en torno al Presupuesto Participativo

El primero tiene que ver con que la autoridad entienda que se trata de proyectos vecinales, por lo que se deben de hacer tal como los vecinos los solicitan, no con modelos prediseñados. “Cada proyecto debe de ser único y de acuerdo con las necesidades vecinales”, considera la Red.

También cree que se debe de avanzar a un estado en que los vecinos se sientan con la autoridad de denunciar malos trabajos y mobiliario faltante, lo que ha ocurrido en varias ocasiones.

Además, que exijan que los proyectos se hagan como se propusieron.

Aunque la agrupación ha señalado sistemáticamente críticas a la forma de operar el Presupuesto Participativo, mantiene la apuesta en su favor porque considera que se pueden lograr grandes beneficios, como mejorar el entorno, dar plusvalía a las viviendas y, en general, mejorar la calidad de vida de los vecinos.

La apuesta también está en generar comunidad, mejorar la convivencia vecinal y consolidar una fuerza ciudadana que pueda lograr cambios significados en sus comunidades, incluyendo la disminución de la incidencia delictiva.

Mucho se ha dicho que resolver las grandes problemáticas sociales nunca se logrará si no se avanza en articular la participación comunitaria y abatir el déficit de ciudadanía.

Hoy, cuando hay instrumentos que pueden hacer viable la participación y es palpable el interés ciudadano por la cosa pública, sería lamentable que todo se echara a perder por la miopía de algún funcionario o la visión estrictamente electorera de un representante popular.

El Presupuesto Participativo debe quedar libre de cualquier injerencia o cálculo político y crecer sin perder su esencia, para apoyar proyectos que en verdad construyan ciudadanía.

Además, debe consolidarse como instrumento legítimo que dé mayor oportunidad a todos y todas de incidir en sus entornos inmediatos y establecer mandatos claros para sus gobernantes.