Jennifer Rubí Portillo Salinas tiene apenas 28 años, pero ya fue electa como jueza en materia Civil para el Distrito Judicial Bravos con cabecera en Ciudad Juárez.

Si nada pasa en el periodo de impugnaciones, asumirá como juzgadora el 1 de septiembre.  Difícilmente pudiera haberse convertido en jueza antes de la Reforma Judicial que introdujo el voto popular. Ya tiene carrera judicial, sin embargo, literalmente, tendría que haber esperado más tiempo en la fila, con todo y que tuviera padrinazgos o conexiones políticas.

Así hay algunos perfiles que representan a las juventudes, incluso en las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal de Disciplina Judicial. En parte, hay una sacudida generacional, pero también hay debate y críticas al hecho de que esa inclusión impacte en la impartición de justicia por la llegada de personas juzgadoras con poca experiencia profesional, o incluso de vida.

De acuerdo al currículum de Jennifer cargado en el micrositio “Conóceles” del Instituto Estatal Electoral, del 2014 al 2019 hizo su licenciatura en Derecho en la UACH (se tituló con promedio de 9.77) y entre 2023 y 2024 sacó su maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el Instituto de Formación y Actualización Judicial (el Inforaj, dependiente del propio Tribunal Superior), con promedio de 9.8.

Inició su carrera judicial apenas en 2022, hace tres años, como escribiente. Antes trabajó como pasante en algunos despachos. En 2023 se convirtió en secretaria auxiliar, y trabajando en el Poder Judicial en Ciudad Juárez, se registró en la convocatoria. Pasó todos los filtros e insaculaciones de los comités de evaluación de los tres poderes.

En la boleta apareció con el número 9 y en la elección del 1 de junio obtuvo 42 mil 777 votos, ocupando el quinto lugar de la votación de mujeres en materia Civil.

No estuvo en los cuadernillos que operó la estructura de Bienestar, tampoco en las dos guías de la estructura azul estatal, pero sí en las sugerencias que para la “Elección del Pueblo”, incluyó en su acordeón el equipo político vinculado a la Presidencia Municipal de Juárez.

En esa misma vertiente, que bien puede considerarse como una refrescante perspectiva de juventudes, aunque también como una preocupante inexperiencia en materia jurisdiccional, se convirtió en magistrada, igualmente en materia Civil, Karina Ivonne Castañeda Carreón.

También fue propuesta de los tres comités de evaluación y apareció en la boleta con el número 1, la primera en la parte superior izquierda. No estuvo en Juárez en ninguno de los acordeones, pero sí en Chihuahua capital en varias de las “guías de participación responsable” que operaron y distribuyeron las estructuras vinculadas a Gobierno del Estado.

Abogada por la Universidad La Salle en Chihuahua, con una maestría en Derecho Corporativo y por sacar el doctorado en Derecho Judicial en el Instituto de Formación y Actualización Judicial (Inforaj), Karina obtuvo 83 mil 599 votos para quedar en el sexto lugar de la votación femenil en materia Civil.

Lleva 11 años en el Tribunal, donde inició como escribiente. Pasó a ser secretaria judicial, aunque también estuvo como encargada de despacho en un juzgado Civil. A la elección llegó como secretaria proyectista en una sala de Apelación.

Al Tribunal de Disciplina Judicial, el órgano que vigilará y sancionará a jueces y juezas, además de las magistraturas del Tribunal Superior, también llegaron perfiles jóvenes.

Está el caso de Luis Daniel Meza González, con 36 años. Apareció en la boleta con el número 15, a propuesta del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Fue promovido desde las guías de la estructura azul estatal y obtuvo 79 mil 419 votos.

Egresado de Derecho en la UACH, tiene una maestría en Administración por la misma universidad de la ciudad de Chihuahua, graduado con mención honorífica. Actualmente estudia una especialidad en Responsabilidades Administrativas y Sistema Nacional Anticorrupción impartida por el Centro de Estudios Superiores del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la ciudad de Chihuahua.

Llegó a la elección fungiendo como director jurídico de Normatividad en la Auditoría Superior del Estado y antes trabajó en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de la capital del estado.

………………

En la conformación del Tribunal Superior de Justicia, aparece también la marca de la política, ahí sí con rostros bastante conocidos y de los cuales ya hemos hablado bastante.

Entre los casos más emblemáticos, está el de Roberto Fuentes Rascón, quien es magistrado electo en materia Civil, al tiempo que es secretario del Ayuntamiento con Marco Bonilla. Antes fue funcionario corralista y entró a la función pública luego de representar al PAN en temas electorales, como abogado y cuadro blanquiazul de toda la vida.

También está Andrés Pérez Howlet. Es magistrado electo al mismo tiempo que es coordinador de asesores en la Secretaría General de Gobierno del Estado y, por lo mismo, operador político del secretario Santiago De la Peña, a quien había acompañado en el Gobierno Municipal. Antes fue regidor del Ayuntamiento por el PRI.

En cuanto al Tribunal de Disciplina Judicial, será presidido por Francisco Javier Acosta Molina, quien resultó la candidatura más votada. Sí tiene experiencia en derecho disciplinario y viene de ser consejero de la Judicatura, cargo al que llegó como propuesta de la gobernadora Maru Campos.

Casado con la diputada federal Rocío González y de familia panista de mucho arraigo, Acosta también fue funcionario en la anterior administración estatal y antes trabajó en órganos de Control Interno del Gobierno Federal.

Entre los rostros políticos reciclados, también está el caso de Rubén Aguilar Gil, electo como magistrado penal, luego de que llegó a la boleta sin haber pasado por los comités de evaluación, con base en los enjuagues que dejaron la rendija abierta para que participaran en la votación quienes, de última hora, fueron designados encargados de despacho.

Aguilar Gil pudo entrar a la elección como magistrado en funciones, y además de las estructuras del PT, partido que controla la familia Aguilar desde su fundación, fue apoyado por el equipo panista en el poder al aparecer en las “guías de participación responsable”.

Las alianzas partidistas y las proyecciones de los operadores electorales, permitieron que ingresaran al Poder Judicial, tanto perfiles estrictamente políticos, como otros ajenos a la política, pero “adoptados” por los grupos de poder.

Se incluyeron candidaturas externas al Poder Judicial, igual que algunas otras que ya traían experiencia jurisdiccional. El resultado fue una mezcolanza de perfiles profesionales, pero todos finalmente con alguna conexión o vínculo con la política.

Por ejemplo, fueron electas magistradas, tres esposas de figuras político-partidistas.

En el Tribunal de Disciplina Judicial, está el caso de Nancy Escárcega Valenzuela, casada con Francisco Sánchez, diputado y presidente estatal de Movimiento Ciudadano. Ya trabaja en el Poder Judicial, pero en cuestiones administrativas, por lo que la abogada de 39 años llega al órgano que vigilará el desempeño de juezas, jueces y magistraturas, sin experiencia jurisdiccional y con muy poco camino recorrido en derecho disciplinario.

En el Tribunal Superior, también fue electa magistrada Civil, Margarita Félix Sierra. Fue la más votada y tuvo el respaldo de la estructura estatal azul para aparecer en sus acordeones en todo el estado. Su esposo es el político panista que antes de convertirse en magistrado y consejero de la Judicatura, fue especialista en derecho electoral, Luis Villegas Montes.

Ella sí trae una carrera judicial de 22 años y viene de ser secretaria proyectista de la Octava Sala Civil. Estaba ahí antes de que su esposo llegara al Poder Judicial, cuando el PAN negoció con el entonces gobernador César Duarte, otra reforma que “oxigenó” al Tribunal Superior.

El otro caso bastante representativo respecto a los perfiles que llegarán al Tribunal, es el de Gloria Angélica Mendoza Beltrán. Tiene carrera en el Poder Judicial, pero si logró la posición, fue por la operación política del equipo de la Presidencia Municipal de Juárez. Su esposo es Héctor Ortiz, secretario del Ayuntamiento, quien acompaña al alcalde Cruz Pérez Cuéllar desde que ambos militaban en el PAN.

Mendoza tiene 14 años en el Poder Judicial y cuenta con una maestría en Mediación y Gestión de Conflictos por el Inforaj. Trabajó primero en el mismo Inforaj en Chihuahua y luego pasó a ser secretaria proyectista y secretaria de sala, adscrita primero al Tribunal Superior y después al Consejo de la Judicatura en el Distrito Judicial Bravos.

Igual que ocurrió con Aguilar Gil, en una decisión que dejó ver un acuerdo político operado desde Chihuahua, fue designada encargada de despacho de la Primera Sala Civil Regional en Juárez. Fue directo a la boleta electoral, sin pasar por los comités de Evaluación, ya que se convirtió en magistrada en funciones.

En total, al menos son seis las candidaturas que, estando en funciones, lograron quedarse con alguno de los 30 espacios del Tribunal Superior de Justicia.

Una parte estaban al frente de las salas porque tienen años de carrera judicial, pero al menos en otros dos casos más, ocurrió como con Aguilar Gil y Mendoza Beltrán: fueron designaciones políticas recientes que utilizaron la figura de encargados o encargadas de despacho, para que lograran el pase directo a la boleta electoral.

En los otros 24 espacios prevaleció la carrera judicial. Únicamente están llegando al Tribunal Superior, diez personas externas o sin experiencia previa en temas jurisdiccionales.

En mayor medida, se estarán convirtiendo en magistradas o magistrados, quienes ya tenían trabajo jurisdiccional, ya fuera como juezas o jueces de primera instancia, o como secretarios en las salas penales, familiares o civiles donde despachan las magistraturas.

Hay un caso especial, el de Nancy Elizabeth Sánchez Corona. De 47 años, ella tiene amplia carrera, pero en el Poder Judicial de la Federación, donde fue desde oficial judicial hasta secretaria y jueza, tanto en los circuitos correspondientes a Veracruz, Colima, Sinaloa y Chihuahua. Actualmente es magistrada de Circuito con residencia en Chihuahua.

La parte minoritaria de los espacios en el Tribunal Superior serán perfiles ajenos al Poder Judicial. Una tercera parte. Se supone que eso buscaba la reforma, sacudir las estructuras judiciales, con visiones externas, pero únicamente son diez los perfiles que nada tienen que ver con esa labor.

………………

La semana cierra en medio de la polémica por los perfiles, la elegibilidad y la idoneidad de quienes recibieron sus constancias de mayoría como magistradas y magistrados, ya sea del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal de Disciplina Judicial.

Mientras que a nivel federal el Instituto Nacional Electoral revisa todavía el cumplimiento del promedio de calificaciones en licenciatura y en especialidad, antes de entregar las constancias a ganadores de la elección para jueces y juezas de Distrito y magistraturas de Circuito, en Chihuahua, un colectivo presentó ante el Instituto Estatal Electoral un recurso de impugnación contra ocho magistraturas electas.

La agrupación “Alianza primero de junio” elaboró y presentó el medio de impugnación, al considerar que las candidaturas no cumplieron con los requisitos constitucionales.

Los impugnados son Rubén Aguilar Gil, José Luis Chacón Rodríguez, Nyria Janette Trevizo Rivera, Gloria Angélica Mendoza Beltrán, Cristina Guadalupe Sandoval Holguín, Emmanuel Chávez Chávez, Gerardo Javier Acosta Barrera y Marcela Herrera Sandoval.

Sobre Rubén Aguilar Gil, Nyria Janette Trevizo Rivera y Cristina Guadalupe Sandoval Holguín, afirmaron en su escrito que no reúnen el requisito de contar con un promedio académico igual o superior a 8.

Además, sobre esas mismas tres candidaturas y respecto a José Luis Chacón Rodríguez, Gloria Angélica Mendoza Beltrán y Emmanuel Chávez Chávez, afirman que se les exentó “indebidamente” de acreditar los requisitos legales, al haber sido nombrados encargados de despacho y luego pasar en automático a las boletas electorales.

En el escrito, señalan que Aguilar Gil, Chacón Rodríguez y Mendoza Beltrán, no cuentan con experiencia comprobada de al menos tres años en la materia correspondiente a la magistratura por la que fueron electos.

También incluyeron en su listado a Gerardo Javier Acosta Barrera, ya que dicen que existe información de dominio público, respecto a que no cumplió con el requisito del promedio académico mínimo.

Sobre Marcela Herrera Sandoval, quien obtuvo la más alta votación de todas las candidaturas y por lo tanto presidirá el Tribunal los primeros dos años, indicaron en la impugnación que carece del perfil para el cargo, pues su trayectoria se limita al ámbito académico y administrativo, “lo que representa un riesgo para la adecuada impartición de justicia en una materia tan sensible como lo es la Familiar”.

“Advertimos con alarma, el arribo a estos cargos de personas cuyos perfiles no fueron examinados rigurosamente conforme a los requisitos constitucionales de elegibilidad”, se indica en el comunicado emitido por la mencionada agrupación.

Si hay elementos o no para que se les retiren constancias de mayoría ya entregadas o incluso de que se acepte el recurso de impugnación o se acredite el interés jurídico de los denunciantes, corresponderá definirlo a los órganos jurisdiccionales correspondientes.

El debate jurídico y político apenas inicia frente al alcance de esta elección histórica. El hecho es que ya se le cambió el rostro al Poder Judicial. Está por verse si se trata de puro maquillaje o si finalmente sirve para la acción sustantiva de mejorar la impartición de justicia.

Por lo que hasta ahora se atisba, parece que nos encaminamos hacia la paradoja del gatopardismo de Lampedusa: que todo cambie para seguir igual.