Llamó bastante la atención de Mirone que el párroco de Catedral, el padre Eduardo Alfonso Hayen Cuarón, le entró al activismo en contra de la construcción del megapuente sobre las vías del tren en el mero Centro Histórico de la ciudad.

Nunca le ha sacado a la polémica el padre Hayen, así que ayer no tuvo empacho en sentarse junto a representantes empresariales y de organizaciones de la sociedad civil que exigen al alcalde Cruz Pérez Cuéllar detener la obra, ya que consideran que su diseño de estructuras elevadas en lugar de pasos a desnivel o subterráneos, impactará la zona en materia comercial, cultural y de convivencia social.

Colectivos, activistas y especialistas en Desarrollo Urbano han coincidido en que debe preservarse toda la zona peatonal y no construirse estructuras que invisibilicen o afecten de alguna manera los pocos edificios y lugares históricos que se mantienen precisamente en ese primer cuadro de la ciudad.

Justo esa preocupación manifestó el párroco Hayen, no únicamente en defensa de la accesibilidad a la propia Catedral, también por la preservación del principal edificio histórico de la ciudad, que es la Misión de Guadalupe, el génesis de toda la región de Juárez-El Paso.

El puente casi casi lo quieren pasar por encima de la Misión y claro que al padre no le gusta para nada esa idea.

“El Centro tiene muchas personas que lo visitan, tiene muchas personas que vienen a la Iglesia, que buscan la Catedral porque es un punto importante del Centro, como lugar histórico y como lugar religioso, y el Centro siempre ha sido una zona peatonal, una zona transitada. Nuestro interés como Iglesia es preservar la zona, es preservar el Centro Histórico”, señaló Hayen Cuarón.

En la conferencia de prensa, dijo buscar el diálogo con “las personas que tienen intereses en construir este puente, esta infraestructura, para que sea una obra en la que todos ganemos”.

En el mismo evento se destacó que el paso elevado ignora al propio Plan Maestro de Desarrollo Urbano del Centro Histórico y amenaza la movilidad, el comercio y el patrimonio cultural de la ciudad.

Advirtieron que para construir en esa zona se requieren los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien no ha emitido resolución alguna.

Además del párroco de Catedral, avalaron el posicionamiento conjunto, representantes de Canacintra, Desarrollo Económico de Juárez, Peatan Roisd, Coparmex, Canaco Juárez y el Grupo CP 32000, integrado justamente por comerciantes del sector.

Sin embargo, cuando le tocó al alcalde Pérez Cuéllar defender ante los medios la obra, desdeñó la pluralidad de las voces y aseguró que detrás de todo están los intereses de Pablo Cuarón Galindo, el empresario panista dueño de la cadena de tiendas Hágalo.

“Miles de personas van a ser beneficiadas, es una obra que hace muchos años se había solicitado, yo creo que hay intereses que tienen que ver mucho con un negocio, de Hágalo de Pablo Cuarón; yo creo que Pablo Cuarón está moviendo los hilos de Coparmex y Desarrollo Económico porque está viendo el interés de su tienda”, detalló el alcalde.

Aseguró que como presidente municipal, trabaja para el interés de la comunidad, “no para el interés de una sola tienda”.

No lo dijo, pero seguramente también relacionó a Pablo Cuarón con el párroco Eduardo Hayen Cuarón, ya que pertenecen a la misma familia.

Así que el padre Hayen se fue contra el alcalde Cruz, y el alcalde Cruz se fue en contra del empresario Cuarón.

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Con preocupación, miedo y hasta coraje, personal médico del Hospital General y de los nosocomios del IMSS se quejaron con Mirone de una situación que consideran que es, además de ilegal, muy molesta, tanto para los trabajadores de la salud, como para pacientes y sus familiares.

Los afectados expusieron que desde hace tiempo, el personal de la Guardia Nacional encargado de brindar seguridad a las instalaciones hospitalarias, ha sobrepasado cualquier límite.

A raíz de que hacen presencia porque han sido atacadas en los hospitales personas que llegan lesionadas a recibir atención, los agentes invaden sus espacios para cuestionarlas sobre sus actividades.

Las personas que llegan luego de algún incidente violento son abordadas por los elementos de la dependencia federal para hacerles una infinidad de preguntas que, en todo caso, corresponde hacer a la autoridad investigadora estatal realizar.

Incluso, cuando los pacientes fallecen, sus conocidos o familiares son atribulados con preguntas relacionadas a los hechos y se extralimitan al cuestionar hasta las actividades que el afectado realiza en su cotidianidad, lo que resulta molesto, impertinente e ilegal, consideran los quejosos.

Los señalamientos se generan debido a que, en ocasiones, los elementos policiacos se meten hasta los cuartos donde quedan internados los heridos para su recuperación; a pesar de las circunstancias, son sometidos al escrutinio y si alguna otra persona relacionada con el paciente está en el lugar, también la someten al mismo procedimiento.

Obviamente que la presencia de agentes armados obstaculiza la labor del personal médico, ya que tiene que andar esquivando a los gendarmes y a sus armas largas.

Claro que esa es una de las dos caras de la moneda, ya que conceden que se sienten en riesgo de que desconocidos acudan a perpetrar agresiones armadas, no solo contra sus objetivos, sino alcanzando a quienes se les atraviesen.

Bajo esas circunstancias se encuentran entre la espada y la pared. Por un lado, les resulta molesto, con toda justificación, que los policías anden metidos entre los pasillos y los cuartos interrogando a la gente; por el otro, requieren de la seguridad que les proveen porque, como ya ha ocurrido varias veces, hasta las puertas de Urgencias llegan audaces sicarios que quieren terminar sus misiones.

A pesar de que ya se han quejado con los directivos de las instituciones sobre la actitud que muestran los guardianes nacionales para sacar información a las personas, la respuesta que les dan invariablemente es que no pueden hacer nada al respecto.

Sus jefes les dicen que mientras las condiciones de seguridad no mejoren en la ciudad, no habrá de otra.

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Con eso de que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Myriam Hernández Acosta, anda más empoderada que nunca y trae cachucha de activista en el caso de la Reforma Judicial, ayer agarró parejo hasta con los de casa.

Cuando le pidieron opinión sobre la liberación de 7 personas detenidas por su presunta participación en los enfrentamientos y matazones de Ojinaga, Coyame y Manuel Benavides, se fue en contra del Ministerio Público.

Lamentó que las carpetas de investigación vayan mal armadas y eso se traduzca en que los jueces nieguen las vinculaciones a proceso.

Claro que defendió a sus jueces, pero en el ínter le pegó al fiscal César Jáuregui Moreno, quien anunció que la Fiscalía General apelará ante las instancias correspondientes.

“Respaldo y respeto el trabajo de cada persona juzgadora del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, quienes cuentan con experiencia y preparación constante. Quisiera agregar que, aunque soy respetuosa de la actuación de cada persona juzgadora, así como de la instancia investigadora, también me parecen muy lamentables las deficiencias y la falta de preparación de estos asuntos de tan alto impacto e importancia por la autoridad correspondiente para presentar causas sólidas en los tribunales”, expresó la magistrada presidenta.

De los 7 detenidos como posibles responsables de participar en las refriegas que llevan casi una veintena de muertos en la zona de Ojinaga, tres fueron puestos en libertad durante la audiencia inicial porque el juez de Control consideró que se trató de detenciones que no siguieron el debido proceso.

Los otros 4 obtuvieron la libertad durante la etapa de vinculación, al considerarse que no había elementos para relacionarlos con los hechos que se les atribuían. Se supone que ahí fue donde el MP y los investigadores no hicieron bien su chamba.

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Mirone no lo podía creer cuando pasó de nuevo, como dos meses después de la primera vez, por el frente de la Unidad de Medicina Familiar 48, la que se ubica sobre la calle Manuel Clouthier, mejor conocida como Jilotepec.

Justo en la mera entrada corre el arroyo de aguas negras, esas que por todos lados brotan de las alcantarillas.

Ni porque el origen está ahí, justo enfrente de la institución de salud que visitan miles de personas diariamente, se ha dignado la Junta Municipal de Agua y Saneamiento a darse una vuelta para arreglar la fuga.

Corre el agua puerca varias cuadras por esa vialidad que es de las más transitadas de la ciudad. Es una salpicadera con los vehículos circulando y cientos de peatones cuidándose de aquella porquería.

Qué cuadro en verdad a las puertas de la Unidad de Medicina Familiar, ya que casi sobre el arroyo de las aguas del drenaje, la actividad comercial informal no se detiene. El hombre del puesto de donas tiene que seguir haciendo su lucha y nunca faltan los clientes a los que el hambre no les da tregua.

A ver cuántos meses más necesitan los de la JMAS para ir a arreglar una simple alcantarilla. O a ver ahora a quién le echan la culpa de taponear los drenajes.