El programa de entrega de mochilas y kits escolares que absorbe un gasto millonario del erario municipal, no transforma las vidas de los más vulnerables, pero sí ha significado un gran negocio privado y le ha permitido al alcalde Cruz Pérez Cuéllar hacer promoción personalizada con el uso de recursos públicos.
¿Bajo qué diagnóstico y con base en qué estudio se determinó que lo mejor para atender a infancias y juventudes era destinar 126.3 millones de pesos para comprar raquíticos útiles escolares y mochilas de mala calidad?
Simplemente no existe ese sustento. No hay documento que lo explique y lo justifique. O si existe, nunca lo han presentado.
¿Sabe el Gobierno de Pérez Cuéllar cuáles son las prioridades para estos sectores poblacionales tan vulnerables en Ciudad Juárez?
Por lo visto, no. Y ni siquiera se tomó la molestia de preguntar a quienes por años han trabajado para atender en territorio problemáticas de educación, violencias, infancias o juventudes.
Norte Digital no quita el dedo del renglón. No únicamente porque sea deleznable la presunta corrupción que rodea las distintas operaciones y entrega de contratos para la compra de las 260 mil mochilas y paquetes de útiles escolares.
La investigación periodística ha documentado el pago de un sobreprecio de al menos 52 millones de pesos. Poco más de 2 millones de pesos en la primera compra piloto de 10 mil mochilas y casi 50 millones en los otros 250 mil kits escolares.
El quebranto lo acreditó además el grupo ciudadano que interpuso una denuncia penal en contra del alcalde Pérez Cuéllar ante la Fiscalía Anticorrupción. Aportó elementos para afirmar que el sobreprecio en el pago de 250 mil paquetes fue de 54 millones de pesos.
Insistimos también porque, independientemente de la legalidad de las compras, o de que el Ministerio Público termine de acreditar ante las instancias judiciales hechos constitutivos de delitos de corrupción, hay cinismo y un uso desvergonzado de los recursos que son de todos los juarenses.
A final de cuentas, el presidente municipal tomó el tema de las necesidades educativas como una bandera política a la que le intenta sacar la mayor rentabilidad electoral posible. Va por un segundo periodo en la alcaldía y pretende que las “Cruzadas por la Educación”, constituyan uno de sus principales soportes.
No puede haber causa más noble que la educación o el apoyo a los históricamente más excluidos, pero utilizarlos a ellos como objeto de propaganda, como fin para justificar un negocio privado, o como aval para validar sin cuestionamientos un gasto millonario del erario, resulta ofensivo y hasta indignante.
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De acuerdo con datos de la Red por la Infancia, 150 mil de los 380 mil niños que acuden a la escuela en esta frontera, se encuentran en una condición tan precaria que apenas comen una vez al día.
Esa organización de la sociedad civil tiene muy clara la problemática. Una de sus integrantes, Catalina Castillo, afirma que el hecho de que un niño o un adolescente tenga acceso únicamente a un alimento caliente al día, representa una violencia estructural que no puede ignorarse.
La Red cuestiona que, para justificar el gasto en los kits escolares, el Gobierno Municipal haya señalado que con esa acción se pretenda “lograr la permanencia académica de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad”.
Difícilmente una mochila, que además se desgasta en unos cuantos meses por la mala calidad del material utilizado, podría incidir en contra de la deserción escolar. Para ello se requieren programas de atención integral, consideró Castillo.
“Los niños y niñas necesitan otras cosas. Necesitan alimentos, necesitan cuidados infantiles. Hay otras prioridades, más que una mochila. Desde ahí se plantea el desvío de tanto dinero a algo que los niños ni siquiera pidieron”, dijo la activista a Norte Digital.
Aseguró que esa millonaria inversión bien podría haber hecho la diferencia en la habilitación de cientos de espacios de cuidado infantil, con atención especializada, lo que más requiere este sector en la ciudad.
En Riberas del Bravo, uno de los asentamientos con más carencias en Juárez, la escuela primaria Francisco González Bocanegra alimenta a diario de 200 a 250 niños, a través de un comedor escolar que es operado por los padres de familia.
Aparte de los donativos en especie que reciben, los responsables del comedor tienen que invertir entre 40 y 50 mil pesos mensuales, que se obtienen mediante una cuota de recuperación que pagan los estudiantes, a razón de 10 pesos por platillo, como lo documentó Norte Digital en uno de sus reportajes.
Cotidianamente, la escuela batalla para lograr su meta. Si los 122. 3 millones de pesos se hubiesen destinado a atender necesidades prioritarias, como la alimentación de los estudiantes de la Francisco González Bocanegra, se garantizarían más de 100 años de alimento permanente para los 600 niños de ese plantel, considerando el menú que actualmente les sirven.
Tomando en cuenta los casi 50 millones de pesos, cantidad que el Municipio habría pagado únicamente de sobreprecio en la compra de 250 mil kits, alcanzaría para garantizar poco más de 40 años de desayunos.
Los 122.3 millones también ayudarían a alimentar, durante un año, a casi 51 mil niños con hambre en Ciudad Juárez o a 21 mil si se consideran solo los 50 millones del sobreprecio estimado.
Elizabeth Nieto, la directora de la primaria Francisco González Bocanegra, fue contundente en señalar que de nada sirven las mochilas si no se atienden primero los problemas estructurales que generan la deserción escolar.
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Tiene la administración de Cruz Pérez Cuéllar mucho por explicar ante la sociedad juarense. Muy probablemente también deberá rendir cuentas ante las instancias judiciales, si es que la Fiscalía Anticorrupción se decide a hacer y terminar su trabajo.
Por donde quiera que se le busque, aflora más información. Surgen situaciones que no pueden ser ignoradas y representan claros indicios de corrupción, independientemente de los sobreprecios detectados en el Mochilagate.
Uno de los elementos que más suspicacias levanta en este caso, es la utilización de empresas “fachada” para algunas de las operaciones.
La legalidad de las contrataciones se pone en duda ante la autenticidad de las empresas constituidas para recibir los millonarios contratos.
La investigación de Norte Digital reveló las características de la empresa Comercialización en Acción del Norte S. de R.L. de C.V, a la cual se le compró el primer lote de 10 mil mochilas en julio de 2022.
En el contrato estableció su domicilio en la calle Riveras del Corral 333, en Riberas del Bravo Etapa 1.
Hasta allá se acudió en busca de la versión de algún representante de la empresa, pero lo que se encontró fue una casa deshabitada. Irónicamente exhibe una licencia de funcionamiento con uso de suelo para establecimientos comerciales de servicios industriales (folio 107473), proporcionado por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal para operar hasta noviembre de 2025.
El documento tiene estampada la firma de Claudia Verónica Morales Medina, funcionaria titular de esa dependencia, quien enfrenta una acusación ante la Fiscalía Anticorrupción interpuesta por ciudadanos por sus omisiones en el caso de la casa de cambio construida en terrenos vedados de El Chamizal.
A simple vista, ese domicilio se estableció únicamente para justificar la existencia de la empresa para adjudicarse el contrato por 4 millones 60 mil pesos. No concuerda la naturaleza legal y responsable de una empresa debidamente establecida y la improvisada ubicación que ostenta Comercialización en Acción del Norte.
Otro negocio que vendió mochilas caras al Gobierno Municipal fue el Grupo Mercantil Tlacaelt. En el padrón de proveedores municipales establece su domicilio en la calle México 5323, de la colonia Villa Paso del Norte en esta frontera.
Norte Digital encontró en esa dirección una vivienda de dos pisos. Nada que la relacione con una empresa debidamente instalada y acreditada. Al no contar con bodega, la compañía entregó los artículos en uno de los estacionamientos de la Dirección de Educación del Municipio, así como en la Biblioteca Municipal Benito Juárez.
Se suma a las anomalías, la empresa Office Service, cuyo domicilio se ubica en Delicias, Chihuahua, pero aparece en el padrón de proveedores del Municipio de Juárez como un negocio minorista que también vendió mochilas con sobreprecio al Gobierno de Cruz Pérez Cuéllar.
En este caso se exhibió un conflicto de interés, ya que su accionista mayoritario y apoderado legal es Ramón Pacheco Moreno, padre del director administrativo del DIF municipal, Ramón Pacheco Saldaña.
Pacheco Saldaña fue socio de esa empresa hasta el 27 de marzo de 2023, cuando vendió sus acciones a Guillermina López Aguirre en 15 mil pesos, se describe en su antecedente registral, encontrado en la investigación periodística.
Tiene pues la Fiscalía Anticorrupción mucha tela de dónde cortar para sus carpetas de investigación y el Gobierno Municipal mucho por aclarar ante los señalamientos relacionados con los sobreprecios, las empresas “fachada”, y la participación de funcionarios o exfuncionarios en las distintas operaciones.
Hay toda una cadena de omisiones y trampas para agenciarse una millonaria ganancia que proviene del erario, dinero que pagan todos los contribuyentes para que las autoridades municipales proporcionen servicios públicos de calidad y se atiendan las verdaderas prioridades, si se trata de ver las necesidades de los mas vulnerables.
El asunto es crucial porque dentro de las “Cruzadas por la Educación” hay más gasto público con otras cifras millonarias, que bien puede obedecer a la misma lógica ya descrita: obtener la máxima renta electoral con la promoción personalizada del alcalde y favorecer los negocios privados de unos cuantos.
En ese escenario, tan indeseable como inadmisible, lo que la niñez, la adolescencia o la juventud juarense menos requieren es ser usados como pretexto, como una vulgar fachada de un negocio que sangra al erario y lucra con la dignidad y la necesidad de los más excluidos y vulnerables.