Hoy por la noche se cumple una semana de la vinculación a proceso penal de María Eugenia Campos Galván, candidata de la coalición Nos une Chihuahua, conformada por el PAN-PRD, y los abogados de Morena dan seguimiento al recurso de impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua para inhabilitarla en su derecho político de ser votada.

Los abogados consideran que la candidatura de la panista se está “tambaleando”.

Mientras aquí varios se preguntan «¿por qué la candidata tardó ocho días para venir a Juárez, en donde está la macolla de los votos?», algunos creen que los asesores de Maru recomendaron enfriar la plaza luego de que el juez decretó su vinculación a proceso.

El abogado de Morena, Óscar Castrejón, ha dicho en varias entrevistas a medios que “el artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los derechos o prerrogativas del ciudadano se suspenden, entre otros casos, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a partir de la emisión del auto de formal prisión”.

Además, en la Constitución del Estado de Chihuahua existe un símil en el artículo 23, fracción IV: “por estar procesado criminalmente, desde el auto de vinculación a proceso, o declaración de haber lugar a formación de causa contra los individuos aforados hasta que se dicte sentencia absolutoria ejecutoriada o se extinga la condena”, fundamentó.

El abogado enfatizó que, en contraste, a Jaime García Chávez el Instituto Estatal Electoral (IEE) no le dio la oportunidad de participar en el proceso electoral como candidato independiente por no contar con una tarjeta de crédito.

En cambio, a la candidata del PAN –en cuyo caso penal se le acusa y hay suficientes pruebas indiciarias aceptadas por un juez de Control– las autoridades electorales avalaron su postulación como candidata. Falta todavía el otro asunto de los supuestos moches en el Municipio de Chihuahua.

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En diciembre pasado, un tribunal colegiado le metió freno y cubrebocas reforzado a Javier Corral Jurado, y no precisamente para protegerlo del virus, sino para que evite hacer comentarios públicos sobre el controversial caso de proceso penal en contra de Maru Campos.

En el “combo” legal, el tribunal también pidió lo mismo al fiscal general César Augusto Peniche, así como al secretario general de Gobierno Luis Fernando Mesta Soulé y de refilón al resto de los funcionarios de la administración estatal.

A la entonces precandidata panista a la gubernatura se le concedió la suspensión, luego de que ni el gobernador ni sus colaboradores respetaron la presunción de inocencia de Maru, después de que Corral la exhibió a nivel nacional como una política “corrupta” porque supuestamente se benefició de la nómina secreta de Duarte.

Corral buscó cualquier pretexto para manchar el nombre de la ahora abanderada del PAN y tratar de descarrilarla en su búsqueda por la candidatura a la gubernatura en el proceso interno, pero no pudo.

Para Paco Molina, abogado de Maru, hay suficiente “carnita” para acusar de desacato a Javier Corral, e incluso someterlo a un juicio político. 

El gobernador ya prepara la retirada. A su administración le quedan menos de cinco meses, que no desperdiciará para seguir fastidiando a sus opositores políticos, aunque estos sean del PAN.

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Las antenas de Mirone que pululan en estas tierras fronterizas nos aseguran que los más morenistas de los morenistas van de sorpresa en sorpresa y no todas las que salen de la caja son para alegrar almas y corazones.

Recientemente salió la lista de candidatos a diputados locales de representación proporcional y resulta que el actual diputado federal por el cuarto distrito, Ulises García, va en el primer lugar, sin que eso impida que también vaya por tierra en el Distrito 04, en donde busca la reelección.

Ya de por sí los morenos más recalcitrantes que se sienten desplazados por los arribistas tricolores, panistas, independientes, perredistas y de todos colores y sabores que han llegado al Movimiento de Regeneración Nacional y ahora este exceso les retuerce más el hígado.

Pero mientras unos hacen corajes, el joven diputado ya tiene asegurada una curul en el Congreso del Estado y va que vuela para coordinador del grupo parlamentario de Morena. 

Pero antes tendrá que sudar la gota gorda, y más con los calorones que se avecinan en busca del voto ciudadano, para poderle ganar la elección a la candidata del PAN Daniela Álvarez, quien trae una espina clavada por la derrota en contra de Ulises en 2018, una venganza que no quiere dejar pasar.

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Mientras Maru viene a Juárez este fin, el morenista Juan Carlos Loera le mete nitro a sus recorridos en su terruño querido. Ayer casi se acabó la suela que ya traía desgastada de sus giras por el sur del estado, y ahora en caminatas por el Distrito 01 federal.

El candidato por esa demarcación electoral, Daniel Murguía, acompañó a Loera para pedir el voto de los habitantes de la colonia Olivia Espinoza. 

Apenas hace un mes Dany Murguía había tomado protesta como candidato a síndico municipal en el PRI y hoy es flamante aspirante a diputado de Morena. Su salida del PRI molestó mucho a los del tricolor, que le llaman el “Canditeto”, por aquello de que esa posición la consiguió el exalcalde Héctor Murguía.

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El malogrado y desaseado proyecto del Centro de Convenciones y Exposiciones de Juárez lleva 11 años en el limbo. Hoy, de nueva cuenta, los del comité técnico del Fideicomiso Paso del Norte abrieron las ventanas para desempolvarlo.

Los promotores del proyecto quieren regresarlo a los hoyos de El Chamizal, el punto donde inició todo, después de recorrer otras áreas para su construcción como el exhipódromo, el Pronaf (frente a la UACH), el Parque Central, el Centro de la ciudad (a un costado del puente de la avenida Juárez) y otros. 

Más de 300 millones de pesos invertidos en movedera de tierra de los terrenos, proyectos ejecutivos atorados, y caprichos de unos cuantos en el poder.

Sorprende esta vez el comunicado del comité técnico con el relanzamiento del proyecto ya momificado, pues jamás se aclaró si se dio por satisfecha la entrega-recepción por parte del empresario Carlos Murguía, extitular del fideicomiso, a su predecesora Guadalupe de la Vega Arizpe, exlíder de Coparmex. 

Se trata de un tema que adquiere matices de megafraude contra 11 mil empresarios juarenses que llevan 11 años pagando una sobretasa del 3 por ciento al impuesto predial, para la construcción del ansiado Centro de Convenciones, y ni una pared se ha edificado. 

Llama la atención que en momentos en que prácticamente van de retirada los Gobiernos estatal y municipal, resurge el plan que no tardará en adquirir un sesgo electoral pues estamos precisamente en la coyuntura de una elección política para elegir autoridades que finalmente decidirán el rumbo del fallido proyecto.

Es un “borrón y cuenta nueva” que trae más dudas que respuestas en el que juegan un rol importante los empresarios cercanos al fideicomiso, muy tentados en seguirle metiendo la mano al tentador cajón donde en este momento existen 105 millones de pesos para invertir.