Son parte esencial, infaltable y obligada del engranaje penitenciario del estado de Chihuahua.
A la vez son uno de los eslabones más débiles y desprotegidos de la cadena carcelaria, en lo que se refiere a posibilidades de desarrollo personal, salud física y emocional, seguridad y garantía económica.
Sobre ellos recaen las labores de mayor riesgo y responsabilidad en lo que se refiere a guardar el orden dentro de las prisiones, en contacto directo y constante con reos de todo tipo, incluyendo los de alta peligrosidad.
Funciones que desempeñan en penales que desde hace tiempo dejaron de ser verdaderos centros de reinserción social para convertirse casi literalmente, en algunos casos, en auténticos “cuarteles” del crimen.
A diferencia de los vigilantes y guardias armados, los custodios no tienen la posibilidad de manejar dentro de las instalaciones de la prisión otra herramienta que no sea el conocido “tolete”, por el riesgo potencial de que un arma a su cargo pueda caer circunstancialmente en manos de los internos.
Los custodios del Cereso Estatal número 3 de Ciudad Juárez, al igual que casi todos los custodios de los diversos centros penitenciarios del país, se consideran el patito feo de la seguridad penitenciaria.
Reconocen sentirse relegados en la cadena de mando a una condición de intermediarios más que de vigilantes, sobre todo cuando se trata del contacto con los reos considerados VIP, internos “intocables”, con grandes privilegios y a veces con más poder que las autoridades de penal, en los que suele recaer el verdadero gobierno interno del mismo.
No es una suposición. Desde 2016 la Comisión Nacional de Derechos Humanos había venido denunciando la existencia de un autogobierno en el Cereso local, calificándolo como una “bomba de tiempo” ante la posibilidad de estallidos de violencia como los vividos en agosto de 2022 -el mismo día del llamado “jueves negro”- y el del primer día de 2023, que derivó en la fuga de 30 reos y el asesinato a sangre fría de diez custodios.
Diez elementos que fueron sometidos, maniatados y fusilados a quemarropa como nefasto resultado de un conjunto de múltiples circunstancias en las que la corrupción en general, la falta de garantías para el personal de vigilancia y el juego de complicidades entre autoridades ahora sujetas a investigación -más los que faltan- jugaron un papel preponderante.
¿Qué garantía de reacción y de seguridad personal puede tener un custodio armado solo de un tolete, ante un motín orquestado por criminales de alta peligrosidad con acceso a armas de alto calado, dinero, poder y complicidades al interior y al exterior de la prisión?
Máxime cuando se trata del centro penitenciario peor evaluado de todo el estado, y uno de los peor calificados a nivel nacional según datos del “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021” elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En un rango del uno al diez, el estado de Chihuahua tiene una calificación promedio para sus seis centros penitenciarios de 7.7 en la escala que evalúa cinco factores clave de operación.
Como se mencionó, el peor calificado en este ranking es el Cereso Estatal número 3, con una evaluación de 6.79 puntos, contra los 8.44 del Cereso Estatal número 4 de Parral, o los 8.32 puntos obtenidos por el Cereso Femenil Número 1 de Aquiles Serdán.
Con un total de 3 mil 961 reos a la fecha, el penal de Ciudad Juárez que solo tiene capacidad para albergar a un máximo de 2 mil 852 internos, presenta a la fecha -ya con 30 internos menos producto de la fuga y después del traslado de 191 reos a otros penales del país- un sobrecupo del 38.89 por ciento.
Sin suficientes custodios para la vigilancia de tan elevada población carcelaria, compuesta además en una importante parte por reos de alto riesgo pertenecientes a tres peligrosas pandillas rivales, cada custodio tiene sobre sus hombros la responsabilidad de atender durante su turno a alrededor de 150 reos de manera simultánea.
Mucha de la situación que a diario viven los custodios del Cereso local es evidenciada en el diagnóstico “El insulto moral a los custodios”, elaborado en 2017 por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, a petición de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
Dicho estudio constituye una auténtica radiografía del “efecto acumulado y preocupante” que representa la desatención que por mucho tiempo ha prevalecido hacia el personal penitenciario.
Factores que, según el documento, no han permitido profesionalizar los servicios y la labor del personal de custodios “debido a las condiciones precarias de vida y trabajo en las que se desempeñan”.
Pese a tratarse de uno de los penales donde el sueldo de los custodios es mayor a la media nacional, con posibilidades de acceder a un ingreso mensual de hasta 20 mil 305 pesos menos impuestos en el más favorable de los casos, y alrededor de 12 mil en el de menos, para muchos de ellos el nivel de riesgo, el trato discriminatorio y el estrés y los efectos que este tiene en su salud, su vida social y su situación familiar, no lo compensan.
Esto además de las sanciones, castigos o “jugarretas” de sus superiores que pueden reducir el nivel de su ingreso, y la desfavorable imagen que suele darles el haber desempeñado este trabajo, a la hora de buscar otro empleo.
Nada lejos están los custodios del Cereso Estatal número 3 de las condiciones que denuncian las voces que alimentaron el mencionado estudio.
Voces que acusan de jornadas de trabajo extenuantes frecuentemente de dobles turnos ante la falta de suficiente personal, lo que resta horas a su descanso y reducen su funcionalidad, además de malos tratos por parte de sus superiores y reos de alto rango, o verse obligados a participar en, o a solapar maniobras ilegales.
Qué decir de las mujeres que realizan esta labor en circunstancias poco óptimas para su condición de género, como el caso de madres solteras que requieren permisos para cuidar a sus hijos, por citar un ejemplo.
Las mujeres custodio dicen sentirse indefensas ante los frecuentes acosos de reos y personal de alto rango, obligadas a utilizar uniformes diseñados para personal masculino y sin posibilidades de desarrollo personal si no es bajo la protección de alguien con rango, no sin haber favores especiales de por medio.
Las prestaciones médicas son otro factor que poco contribuye a satisfacer las necesidades de un custodio y su familia, máxime cuando existen situaciones como un hijo “especial”, o afecciones de salud que ameritan atención especializada.
Mucho se menciona también de las humillaciones y las intimidaciones que los custodios sufren por parte de reos con más poder que ellos, los efectos en su salud física y emocional que esto les ocasiona y, especialmente, los problemas que esta labor acarrea en su vida familiar que en muchos casos puede llegar a la ruptura matrimonial.
Un excustodio dedicado ahora a la prestación de servicios independientes de mantenimiento, señala la existencia en el Cereso local de tres tipos de custodios: los que son honestos pero se ven obligados a hacerse de la vista gorda; los que son honestos y además de saber hacerse de la vista gorda se preocupan por ayudar a los internos; y los que van dispuestos a ejercer poder y obtener ingresos “extra” solapando lo que haya que solapar.
Pero en cualquiera de los tres casos, el riesgo que se enfrenta es una constante.
Un riesgo al que diez elementos se vieron fatalmente expuestos al amanecer del primer día del año en el Cereso de Ciudad Juárez, y que, al día siguiente de estos hechos llevó a más de la mitad del personal de custodios a no presentarse a trabajar.
Bajo tales circunstancias, ¿quién estará dispuesto aceptar un ofrecimiento de trabajo en un centro de reinserción social que, por razones de presupuesto y caprichos oficiales, funciona actualmente como penal de máxima seguridad en condiciones de seguridad tan deficientes?
Veinte mil pesos al mes parecen no ser ya suficiente anzuelo.