La versión le llegó a Mirone hace unas tres semanas. Como suele ocurrir, no vino de un solo lado: primero la deslizó un político que aseguró haberla escuchado en un círculo de empresarios jóvenes, treintañeros, de esos que se mueven con naturalidad entre Juárez y El Paso, juegan golf a ambos lados de la frontera y se reconocen entre sí sin necesidad de presentaciones. Digamos, fifís.

Ahí se comentaba que Andrea Chávez, identificada como una de las figuras del relevo generacional de la 4T, estaría embarazada y sostendría un noviazgo con un empresario de alrededor de 35 años, proveniente de una familia con negocios, pero ya con capital propio. En ese momento no se aportó el nombre de la pareja.

El comentario se reforzaba con otro dato: desde hace algunos meses del año pasado (2025), Andrea habría puesto fin a su relación con el consultor español Abraham Mendieta. En redes sociales, donde antes dejaban constancia frecuente de su romance, desde hace tiempo no aparecen juntos, aunque Mendieta continúa replicando encuestas favorables a la senadora.

Según las fuentes, esa relación ya no existe y Andrea habría iniciado una nueva en esta frontera, con quien sería el padre del bebé que, aseguran, viene en camino. Las versiones hablan de al menos un par de meses de gestación. Son fuentes que han cruzado información, que conocen a ambas figuras y que sostienen que el tema ya se comenta incluso en círculos familiares.

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Con el paso de los días, la versión fue afinándose. De hablar genéricamente de un empresario, el comentario derivó hacia un giro más específico: el de la joyería. A eso se añadió otro dato que comenzó a repetirse en distintos corrillos: que el mismo personaje también estaría vinculado al negocio de los préstamos, de esos que dejan amplios márgenes por la vía de los intereses.

Después apareció un testimonio más concreto. Alguien dijo haber visto a la pareja comiendo en Los Arcos, un restaurante de esta frontera, en un trato claramente de relación personal, no de negocios ni de grilla política.

Más tarde se sumó otro apunte: que el joven empresario reside en un conjunto departamental de la zona de Campos Elíseos.

Mirone cruzó la información con bases de datos oficiales y confirmó que el presunto padre de la criatura está por cumplir 36 años: nació el 10 de abril de 1990, en Monclova, Coahuila.

Andrea Chávez, por su parte, tiene 28 años. Nació el 8 de marzo de 1997, en esta frontera. Feminista de nacimiento y con una carrera política meteórica, se ha convertido en una de las figuras jóvenes más visibles del escenario local y nacional.

De confirmarse el dato, para diciembre de 2026, la senadora juarense tendrá 29 de edad y un bebé en brazos. No son datos menores ni alimento para la frivolidad: son factores que inciden en el sentimiento del electorado. Ejemplos hay, y muchos.

Como dicen en la sección de Sociales de los periódicos, “espera la visita del ave picuda”. Si fuera el caso, ya nos podemos imaginar cómo estará ese “baby shower” de proporciones 4Tscas. Si fuera el caso, dijo Mirone, aunque hasta el momento no lo han afirmado, pero tampoco negado.

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El tema del embarazo de la senadora pertenece al ámbito privado, pero no deja de adquirir dimensión pública por tratarse de una figura política en activo, con alta exposición mediática y un proyecto político en curso. Por decisión propia, Andrea Chávez ha construido una presencia constante en el espacio público, por lo que cualquier hecho relevante de su vida personal inevitablemente genera lectura política y electoral.

Por ello, a través de su enlace con medios de comunicación, Paulina Ogaz, se buscó contacto con la senadora para confirmar si está esperando un bebé y conocer, en su caso, qué implicaciones podría tener ese hecho en su agenda y en su proyecto político.

No hubo respuesta afirmativa para una entrevista ni para un enlace directo.

“Fíjese que la senadora tiene agenda llena. Le agradece mucho el interés. Que tenga un gran día, le mando un abrazo”, respondió una de las personas encargadas de atender a la prensa.

Ese intercambio ocurrió el miércoles. Ayer, se logró un contacto directo con la senadora. No respondió la llamada telefónica, pero contestó vía mensaje que se encontraba abordando su vuelo de la Ciudad de México a Juárez y que respondería la consulta a través de WhatsApp.

La pregunta se mantuvo sin cambios: si podía confirmar que espera un bebé y qué implicaciones tendría ese hecho en su proyecto político.

La respuesta de la senadora no abordó el tema planteado.

“¿No tendrán preguntas sobre el quehacer legislativo, de casualidad?”, cuestionó. Se le respondió que su trabajo legislativo era conocido.

“Con respeto al quehacer periodístico (el serio), los medios locales cada vez más parecen TV Notas”, afirmó Andrea Chávez, antes de despedirse con un “¡Buen día!”.

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En tiempos de cobrones, de alcaldes que quieren embargar edificios partidistas y de deudores de impuestos estatales y municipales, el Instituto Estatal Electoral (IEE) no se quiso quedar atrás.

Ahora mismo anda con la multadera para muchas de las candidaturas que participaron en el proceso de elección de personas juzgadoras en 2025, y agarró parejo: tanto a quienes ganaron como a quienes perdieron.

Cumplir con los estrictos criterios de fiscalización fue el talón de Aquiles y ahora las candidaturas están sufriendo en el bolsillo esos incumplimientos. La fiscalización le corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE), pero cobrar las multas le toca al IEE.

Claro que la sufren más quienes no alcanzaron la nómina del Poder Judicial, pero también les pesa a quienes lograron entrar a la casta dorada o se mantuvieron en ella, porque compitieron como juezas o jueces en funciones, lo mismo que las magistraturas. Hay multas de hasta 19 mil pesos, aunque también otras meramente simbólicas.

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Por todo los multaron, sobre todo por actos de promoción. Ya se la saben quienes han sido candidatos o candidatas: la Comisión de Fiscalización del INE todo lo contabiliza y de todo quiere notificación.

Así que si no se notificó tal evento: multa. Que se subió un video a Facebook, un reel o una historia y no se reportó: multa. Que alguna página compartió la publicación del evento de la candidatura y no se consideró: multa.

En general, el INE no les creyó a las candidaturas que declararon que no pagaron publicidad o marketing y que todo lo difundido en redes sociales fue por cuenta propia.

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El IEE ya validó el cobro mediante acuerdo del Consejo Estatal y publicó la lista de deudores, a quienes pide realizar transferencias electrónicas a la cuenta única del órgano estatal.

Las multas se derivan de los informes únicos de gastos de campaña de las personas candidatas correspondientes al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial 2024-2025, así como de procedimientos administrativos sancionadores de queja en materia de fiscalización instaurados contra diversas candidaturas. Ya hubo sentencias de los tribunales electorales y ahora no queda más que pagar.

Previamente a esta nueva notificación, muchas candidaturas ya habían hecho pagos por las sanciones. Incluso la hoy magistrada presidenta del Tribunal Superior, Marcela Herrera Sandoval, aparece en la tabla de quienes realizaron “pagos voluntarios completos”, con una sanción de 10 mil 861 pesos. También la comisionada del Órgano de Administración, Judith Ávila Burciaga, con 10 mil 522 pesos ya pagados.

En total, 221 candidaturas están en esa situación, algunas con pagos mínimos de 113 pesos. Pero en la lista de multas que no han sido cubiertas aparecen otras 740 candidaturas. Casi nadie se salvó de las sanciones de la fiscalización del INE.

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Tal parece que, tras muchos berrinches del panismo juaritos porque nomás no podían operar en la JMAS, ahora sí que el agua se les pintó de azul.

Durante toda la gestión de Sergio Nevárez en la Dirección Ejecutiva de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), los panistas no dejaron de quejarse por el poco espacio de operación que tenían.

Y miren dónde querían estar: en la estratégica JMAS, que tiene los datos necesarios para una geolocalización electoral, más el dineral que se mueve a diario con el cobro de tarifas, multas y demás. 

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Con la llegada de Marco Licón Barraza, el expriista que ya porta la camiseta azul bien puesta, comenzaron a concretarse los relevos en direcciones, asesorías y jefaturas con el perfil que desde hace tiempo se había planteado: entrarle de lleno a la operación política y a los proyectos del 2027.

Primero se conoció el acomodo de Gabriel García Cantú como asesor, en sustitución de Juan Carlos González.

Hablamos nada menos que del expresidente interino del Comité Municipal del PAN y diputado local durante dos periodos por ese mismo partido. Su especialidad es, precisamente, la operación electoral en territorio.

Ayer se supo de otra contratación en la misma lógica. Se trata de Flor Karina Cuevas, la aguerrida activista y abogada que recién dejó la Secretaría General del Comité Municipal del PAN con la llegada de Ulises Pacheco a la dirigencia local.

Cuevas se hará cargo del Centro de Atención Telefónico (CAT), área que encabezaba el fallecido José Luis González Mocken.

Es decir, Flor y Gabriel ya hicieron mancuerna en el PAN y ahora la repetirán en la JMAS. Por pura coincidencia —dirán— ambos forman parte del equipo de la presidenta estatal del blanquiazul, Daniela Álvarez.

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La duda sigue siendo quién será el ganón en la Dirección Comercial, cargo que dejó vacante Jesús Lazo.

La otra dirección donde ya se dio un primer movimiento fue la Financiera. Ahí llegó al relevo de Miguel García Spíndola un hombre de todas las confianzas del nuevo director ejecutivo: Marco Alberto Paredes Arroyo, quien acompañó a Licón en la misma encomienda cuando este fue director general del Colegio de Bachilleres de Chihuahua.

En ese caso, se entiende el perfil de alguien que debe ser estrictamente técnico. Aunque, a como se están moviendo las piezas, no sería raro que sigan apareciendo nombres de quienes le saben más a la política partidista que al agua.

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La Secretaría de la Defensa Nacional (la Sedena, para abreviar) le tiene dos noticias a las autoridades encargadas de la seguridad pública en Chihuahua: una buena, la otra mala, o no tan peor.

Primero va la buena: sí otorgaron la licencia colectiva para que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) compre armamento de alto poder para dotar a sus agentes de policía y así estén en condiciones de enfrentar a los grupos delictivos que, a juzgar por los decomisos que hace la autoridad, traen mejor equipamiento que un G.I. Joe.

La autorización está dada y solo falta ultimar los detalles para concretar la adquisición de ametralladoras y fusiles calibre .50 para los agentes estatales, sobre todo para los que andan en operativos específicos donde se busca desarticular alguna célula delictiva o dar con un detonador de violencia.

Hasta ahí, todo bien.

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Ahora va la mala: que ya no serán las 50 armas de alto poder que alguna vez tuvo el Gobierno del Estado para sus policías. Serán menos, bastantes menos, según le informan a Mirone.

El número no se ha confirmado, pero es bastante menor a la media centena que se tenía hasta el periodo de Javier Corral, cuando, peleado con todo el mundo, la Sedena le quitó la licencia colectiva y, desde entonces, los policías estatales andan en la refriega con rifles semiautomáticos, pistolas de escuadra y tipo revólver, que poco pueden contra las AK-47 y las Barrett que se gastan los de la delincuencia organizada.

El problema, le cuentan a Mirone, es que la Sedena ha querido concentrar la mayor cantidad de capacidad de fuego en sus propias filas y repartir a otras corporaciones únicamente lo necesario para operar contra el crimen organizado o en operativos especiales donde acuden todas las fuerzas del orden. O sea, que eso de centralizar la seguridad pública y la lucha contra el crimen en el Ejército Mexicano va en serio.

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Final agridulce: lo agrio, lo ácido, es que mientras los agentes estatales participan en operativos donde se aseguran diez, 15 o más armas de grueso calibre, ellos cargan con su pistola en la funda y, acaso, traen un rifle a la mano.

Lo dulce es que, al menos, habrá grupos —no muy grandes, por lo visto— que sí tendrán capacidad de repeler una agresión como la que recibió la Policía del Estado en 2025. De perdida, ya no estarán en tan grande desventaja contra gatilleros que disparan fusiles automáticos.

Y pensar que llegamos a tener policías bien pertrechados y hasta con armamento europeo, pero, ¡zaz! Que se les olvidó guardarlas en un lugar seguro… ¡y que se las roban!