Lo dicen en voz baja, pero cada vez se oye más, al interior de Morena, el comentario acerca del impacto negativo que le hará a sus campañas toda la maraña de escándalos que acompañan al alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.
Hasta hace unas semanas, se pensaba que los casos como el “Mochilagate”, la casa de cambio o la mansión en el Campestre, esa que “no la tiene ni Obama”, se quedaban en el círculo rojo y no impactaba entre el electorado de a pie.
Sí, eso fue hace algunas semanas, pero a estas alturas, cuando ya transcurrió la primera semana de febrero, y comienzan a sentirse reacciones por actos incongruentes como el hecho de militar en un partido que pregona la austeridad y luego irse a vivir a una tamaña casota en el barrio más fifí de Juárez.
Nos comentan, personas que andan en la calle haciendo promoción en favor de la 4T a golpe de suela, que hay sectores socioeconómicos de nivel medio y medio alto donde han impactado con mayor fuerza los escándalos como las mochilas de mala calidad, la casa de cambio “mágica” que de pronto apareció en El Chamizal, o la ya mencionada mansión.
Y eso, nos dijo uno de los chismosillos, cuyo nombre se reserva, que aún no se le toma la temperatura al caso de la camionetota blanca, blindada y cara como ella sola, en la que ahora se traslada el alcalde por todo juaritos.
Los morenos siguen haciendo cuentas alegres en el sentido de que bien pueden hacer “carro completo” en Juárez, es decir, ganar los nueve distritos locales, los cuatro federales, la alcaldía, la sindicatura y las dos senadurías.
Sin embargo, ya empiezan a hacer cuentas de la cantidad de votos que les pueden costar los “Cruz-Gates” que surgen cada día, a cuál más de grandes y ruidosos.
El problema, nos dicen, no es tanto ganar o perder, porque sigue muy “cuatro té” la ciudad. No, lo que preocupa es que Juárez no aporte la cantidad de votos de sobra que esperan, como para ayudarle a sus candidatos al Senado a ganar una elección estatal.
Así andan las cosas en plena etapa de “intercampaña”. Quién sabe cómo se vayan a poner cuando ya estén a toda máquina las campañas a alcaldía y diputaciones locales.
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Ahora sí que la Fiscalía Anticorrupción, de Abelardo “El Bayo” Valenzuela, trae trabajo “pa’ aventar pa’ arriba”, si hablamos de indagar en la administración municipal de Cruz Pérez Cuéllar.
No nada más son seis las denuncias, todas ratificadas, las que generaron carpetas de investigación que se están desahogando para ver si en algún momento se judicializan, que es lo que la sociedad juarense espera.
Hay una séptima que viene de mediados del año pasado, y que engrosa el acumulado conformado por los expedientes relacionados con la casa del Campestre, Mochilagate, casa de cambio de El Chamizal, pruebas Covid, Presupuesto Participativo y Fabulosogate.
Se trata de una denuncia que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción, la asociación civil Plan Estratégico de Juárez.
La organización llevó hasta esa instancia jurisdiccional los hallazgos de su trabajo de contraloría social para detectar riesgos de corrupción en la administración municipal, a la hora de asignar contratos de obras públicas, proveedurías y servicios.
Este Mirone supo que los agentes investigadores y peritos de la Fiscalía están en el proceso de revisión de nada más y nada menos que 115 contratos entregados por adjudicación directa, es decir, sin concurso o competencia entre empresas.
El grueso de los contratos es del 2022 y suman en total 369 millones de pesos.
La carpeta de investigación está corriendo, por lo que ni esa, ni ninguna de las otras seis denuncias presentadas por activistas o legisladores panistas, ha sido desechada hasta ahora.
Así que los sabuesos de El Bayo Valenzuela tendrán que ponerse al tiro si no quieren que se les haga bolas el engrudo por las diligencias y periciales que cada contrato amerite realizar para fortalecer cada carpeta de investigación.
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Desde el interior de la Secretaría de Seguridad Pública estatal nos llega el dato de que el exgobernador César D.J, sujeto actualmente a proceso penal, no saldrá de la ciudad a recibir atención médica fuera de la localidad, menos aún del estado.
Tampoco se le hará una intervención a corazón abierto, como lo difundió en un principio el equipo legal que entabla su defensa jurídica.
Los allegados al caso nos dicen que el exhombre poderoso del estado y ahora inculpado por partida doble en dos causas penales se encuentra delicado de salud a causa de varios padecimientos, pero afortunadamente, se mantiene estable.
Atención médica no le ha faltado en el Centro de Reinserción Social de San Guillermo, donde tiene un médico asignado a hacer revisiones diarias para darle seguimiento a sus padecimientos, en particular, a la arritmia cardíaca que le afecta desde hace tiempo.
La atención ha sido tan comedida, que fue el mismo personal médico del Cereso el que sugirió que se le enviara a un hospital externo en una de las crisis que sufrió recientemente.
De ahí a que requiera una intervención, y que esta se practique fuera del estado, no hay tal.
Según nos cuentan, el imputado de marras ha salido del Cereso no menos de 200 veces para recibir atención médica, ya en clínicas del sector público, ya en particulares.
O sea, enfermo y delicado sí está, pero también recibe los cuidados clínicos y médicos que requiere. De ahí a que tenga qué salir del estado, hay mucha distancia.
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No nada más los candidatos, sus equipos de campaña y los dirigentes de los partidos estarán en condición de riesgo en el proceso electoral que ya se avecina, no.
También lo están, y tal vez de manera más aguda, los trabajadores de los órganos electorales que se encargarán de preparar todo el proceso, de instalar casillas y de trasladar paquetes electorales el día de la jornada.
Nos comentan en el IEE Chihuahua que ya en procesos anteriores se ha solicitado la protección para notificadores, capacitadores y, desde luego, para funcionarios de casilla que trabajarán en las zonas identificadas como de “alto riesgo”.
Lo que el Instituto Estatal Electoral y el mismo INE han pedido, es que los empleados del sistema electoral que deban adentrarse en la sierra de Chihuahua a llevar notificaciones a personas que resultaron “agraciadas” con el gran premio de ser funcionario de casilla, tengan el acompañamiento de las Policías Estatal, o bien de la Federal, o de ambas.
Mismos cuidados han solicitado para los capacitadores y, el mero día de la jornada, para los presidentes de casilla, cuando estos trasladen el paquete electoral a su junta distrital correspondiente.
Lo bueno es que ya se dieron pasos en ese sentido y el proceso federal, el que servirá para elegir presidente, senadores y diputados locales, tendrá la protección de efectivos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, según lo informó el INE en un comunicado oficial.
En cuanto a las campañas locales, pues le toca al IEE hacer lo propio y solicitar la ayuda para darle protección a las personas, y al proceso en su conjunto.
Están en tiempo de atender el problema antes de que se presente uno de esos inconvenientes que manchan todo el proceso electoral.