En varios frentes se sufren hoy graves retrocesos en materia de participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio del poder público.

En la misma semana, en el plano estatal se endureció el marco legal para hacer valer la revocación de mandato para la gubernatura y en el federal se aprobó el dictamen que plantea la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Las reformas de carácter regresivo para el ejercicio de derechos básicos como el de la participación ciudadana y el acceso a la información, coinciden también con recientes prácticas de bloqueo y exclusión que las autoridades municipales ejercen en contra de quienes desean utilizar el Cabildo Abierto.

Son malas noticias para nuestro sistema democrático, porque los instrumentos y mecanismos que los actores partidistas pretenden desmantelar, representan años de lucha desde la sociedad civil para incidir en la cosa pública, más allá de hacer efectivo el sufragio, vigilando y sancionando el mal ejercicio del poder, la opacidad y la discrecional toma de decisiones.

El pasado jueves se consumó en el Congreso del Estado una reforma fast track que amplía los requisitos exigidos en la Ley de Participación Ciudadana para buscar y hacer efectiva la revocación de mandato en el caso del titular del Poder Ejecutivo.

Un día antes de concluir la Legislatura, con el voto mayoritario del PAN y del PRI, se reformó la ley para incrementar del 5 al 10 por ciento, las firmas del listado nominal requeridas para solicitar el instrumento de revocación de mandato.

La revocación no es otra cosa que despedir al mal gobernante, sin necesidad de esperar a que se termine el periodo para el que fue electo. La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua (LPC) permite que se pregunte a los votantes si desean que continué el mandato, justo cuando se llega a la mitad de la gestión.

La reforma implica que, al tiempo actual, en lugar de que se requieran 153 mil firmas del listado nominal para que el organismo electoral organice el ejercicio de revocación, se duplique a 306 mil.

No nada más se endurecieron los requisitos de esa manera, también se agregó una condición que no existía en la ley: las firmas de los solicitantes de la revocación tienen que recolectarse en al menos el 50 por ciento, más uno, de los municipios.

Es decir, si algún ciudadano o colectivo se convirtiera en promotor, no le servirían las firmas recolectadas nada más en las grandes ciudades; forzosamente, tendría que armar un operativo para llegar hasta las zonas rurales más apartadas, lo que no es nada fácil de hacer en la Sierra de Chihuahua.

Eso es únicamente para solicitar que se aplique el mecanismo de participación política. El otro candado que se le puso a la ley para que los mandantes le digan adiós a su mandatario, es que en la votación participe el 40 por ciento del listado nominal, en lugar del 35 por ciento.

Con la reforma también se estableció que la revocación de mandato podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el sexenio y solo podrá plantearse y efectuarse durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo.

La mayoría que aprobó la iniciativa pasó por encima de la propia LPC. En su artículo 6, señala que cualquier modificación a los instrumentos de participación política debe someterse a consulta pública, antes de aprobarse por el Pleno del Congreso.

Ahí se dibujó la mayor aberración del albazo legislativo: se modificó la Ley de Participación Ciudadana cerrándole la puerta, literalmente, a la participación ciudadana.

Fue el colmo de la maniobra político-partidista de los legisladores, el no escuchar lo que tenían qué decir los representantes de la sociedad civil organizada. Se les ninguneó, aunque cuentan con la legal y legítima representatividad que les otorga el pertenecer al Consejo Consultivo de Participación Ciudadana (CCPC).

También se ignoró el proceso legislativo que obligaba a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales a realizar un análisis minucioso del dictamen, de manera conjunta con las comisiones de Participación Ciudadana y Asuntos Electorales.

La mayoría legislativa tenía prisa y por eso atropelló a las voces ciudadanas que pedían ser escuchadas y exigían no aprobar esa reforma regresiva. Cuando se iba a discutir y votar el dictamen en la Comisión de Gobernación, personal del Congreso del Estado, bloqueó y cerró el acceso a los integrantes del CCPC.

Vaya paradoja: se legisló sobre un instrumento de democracia participativa, despreciando la esencia de la democracia que es, precisamente, la participación ciudadana.

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La extinción de siete organismos autónomos, entre los que se encuentra el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), planteada por el Ejecutivo Federal con el argumento de “generar ahorros” para destinar recursos al Fondo de Pensiones del Bienestar, despertó las alertas en varios sectores de la sociedad mexicana que consideran esta medida como un serio retroceso en el ejercicio de la transparencia gubernamental.

El INAI nació con la función de garantizar los derechos de las personas a la información pública y a la protección de sus datos personales, además de defender el derecho a la privacidad y sancionar a particulares o autoridades que hagan uso no autorizado de estos elementos.

Es responsable de promover una cultura de transparencia, rendición de cuentas y el debido tratamiento de datos personales, con el fin de fortalecer el desarrollo de una sociedad incluyente y participativa.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya aprobó el dictamen con las reformas para terminar la existencia del INAI y los demás órganos autónomos, cuyas funciones –según el plan– pasarían a dependencias del Gobierno Federal o al Inegi.

También se otorga al Instituto Nacional Electoral (INE) la competencia para tratar asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos.

La reforma extingue adicionalmente a los organismos autónomos estatales que garantizan el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados; ya se encuentra ante la Mesa Directiva del Congreso para sus efectos constitucionales.

Bajo las nuevas reglas, será el propio Gobierno quien decida si otorga la información pública que soliciten los ciudadanos o no. En caso de que la respuesta sea parcial o incompleta, no habrá quién obligue al ente público a entregarla a satisfacción.

Esta medida desaparece organismos que fueron creados no por concesiones, privilegios o dádivas, ya que representan una lucha histórica para dotar de credibilidad y legitimidad a las instituciones.

La reforma repercute de forma negativa en el desarrollo democrático de una sociedad que se queda sin los instrumentos para fiscalizar al poder público.

En lugar de procurar un avance, parece que el Ejecutivo se empeñó en destruir lo logrado durante décadas de lucha de los ciudadanos por acotar a sus gobernantes.

Ante el golpe legislativo, el INAI llamó a un diálogo constructivo a los actores involucrados para abrir un proceso de parlamento abierto en el que se discuta la importancia de preservar los organismos autónomos que fortalecen a la democracia y protegen los derechos de las personas.

El pretendido sistema de ahorros con el que el Gobierno Federal busca agenciarse de recursos, dejaría a los mexicanos sin la posibilidad de obtener información para fiscalizar el quehacer gubernamental y bajo el riesgo del potencial mal uso de sus datos personales.

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En el orden municipal también se han denunciado recientemente bloqueos sistemáticos al Cabildo Abierto.

En su pasada sesión del mes de agosto, el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana (CCPC) tuvo que lanzar un exhorto al Gobierno Municipal para que garantice el cumplimiento del protocolo que permite a los ciudadanos hacer uso de la palabra durante las sesiones de Cabildo.

 “El Cabildo Abierto es el instrumento mediante el cual, quienes habitan en un municipio, participan directamente con voz en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Ayuntamiento en los asuntos del orden del día”, cita el artículo 78 de la Ley de Participación Ciudadana (LPC).

El CCPC recibió las quejas de dos profesores universitarios, la doctora Teresa Vázquez y el maestro José Luis del Real, en el mismo sentido: con excusas, no se les permitió registrarse para hablar en sesiones en donde se votarían temas trascendentales para la ciudad en materia de Desarrollo Urbano.

Funcionarios municipales pusieron de pretexto que ya se había pasado la hora de registro, cuando eso no había ocurrido en realidad.

En el caso de Vázquez, también se le dijo que ya se había cumplido el límite de tres personas para hablar en una sesión, pero a la hora en que se desahogó el orden del día, no estaba ahí una de las personas presuntamente registradas. La académica pidió llenar ese hueco, pero tampoco se le permitió. La doctora fue fustigada además por recurrir frecuentemente al Cabildo Abierto.

El artículo 79 de la LPC señala que las convocatorias a las sesiones de Cabildo Abierto deben difundirse con la anticipación suficiente, indicar fecha, hora y lugar en que se efectuará, además de incluir el orden del día, con la descripción de los asuntos a tratar.

En su posicionamiento, el CCPC exhortó al Municipio de Juárez para que implemente acciones de máxima publicidad para garantizar su compromiso de fomentar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones públicas.

“Solicitamos que se publique en el portal web y en las redes sociales oficiales del Municipio, de manera clara y accesible, el procedimiento para el registro y las reglas para participar en las sesiones de Cabildo”, acordaron los integrantes del Consejo.

Además, pidieron al Gobierno Municipal que publicite las reglas y que en caso de que alguna de las personas previamente registradas no pueda asistir, se permita a otras hacerlo de manera equitativa y ordenada.

Por su cuenta, la Asociación Civil Plan Estratégico de Juárez, documentó una serie de malas prácticas de la Administración municipal que obstaculizan y desincentivan la participación ciudadana.

No se publicitan las convocatorias de las comisiones en el Ayuntamiento, se bajan asuntos del orden del día o se sesiona fuera de horarios.

Incluso se ha llegado a utilizar a elementos de Seguridad Pública para impedir el ingreso de ciudadanos a los espacios de toma de decisiones, como ocurrió en octubre del 2023, cuando se discutía en Cabildo cambiar un uso de suelo para permitir el desarrollo del “Parque Logístico Zaragocita”.

Cuando las vecinas llegaron a la reunión previa en la que se revisaría el dictamen antes de su votación en Cabildo, elementos de la Policía Municipal les impidieron ingresar al edificio municipal, bajo el argumento de que las reuniones eran “privadas” y que había “aforo lleno”.

Luego de media hora de mantener su protesta en el exterior, solo 7 de una treintena de personas que acudieron a la reunión pudieron ingresar.

Dos días después, tampoco pudieron ingresar a la sesión de Cabildo, por lo que se manifestaron al exterior de la Presidencia Municipal con pancartas, mostrando además las aguas negras que, cada vez que llueve, los inundan en Riberas del Bravo.

El Informe Ciudadano 2023 del sistema de indicadores Así Estamos Juárez, indicó que todos los regidores incumplieron con publicar las convocatorias de sus comisiones con al menos 48 horas de anticipación, y la mayoría de las convocatorias que se publicaron tenían una muy breve descripción de los temas que se discutirían.

“Esto impidió al público la posibilidad de conocer y poder definir si los asuntos de la sesión serían de su interés o no”, estableció el Plan Estratégico.

El informe detalló que ninguna convocatoria de Cabildo o comisiones edilicias adjuntó los documentos relativos a los asuntos del orden del día, incumpliendo con lo establecido en el artículo 76 del Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua.

Ya sean las restricciones para hacer efectiva la revocación de mandato, la eliminación del máximo órgano garante de la transparencia, o las obstrucciones al Cabildo Abierto, hay un común denominador en esa andanada antidemocrática: el desprecio a la rendición de cuentas.

La élite gobernante parece tenerle miedo al poder ciudadano. En lugar de ampliar los espacios y los instrumentos de participación, los acota o los extingue.

Qué lamentable regresión democrática. Los actores políticos no alcanzan a ver que su lógica de protección electoral, su afán de control para reducir la participación ciudadana, o su miedo al escrutinio público, no hace sino empequeñecerlos a ellos.

Esa degradación no le sirve a nadie, menos cuando el clamor general de la sociedad apunta a la urgente reivindicación de la política y de todo lo público.