El caso de la desaparición durante tres días del jefe de Policía de Belisario Domínguez y dos agentes bajo su mando ha puesto en evidencia a toda la estructura gubernamental del país y su reverenda incapacidad para atender el grave, doloroso y hasta la fecha mal atendido problema de las desapariciones de personas, forzadas y no.

Resulta que, en el Registro Nacional de Búsqueda, nunca se inscribieron los nombres de Isidro Romero Chaparro (53 años), director de la Policía Municipal de Belisario Domínguez, como tampoco el de Ricardo Estrada Rodríguez o Cristián Pérez Loya, estos dos agentes de dicha corporación.

El reporte de su desaparición data del 15 de abril, aunque se les dejó de ver desde el 14; la Fiscalía General del Estado reportó su hallazgo hasta el sábado 18 en un lugar lejano al punto donde, presuntamente, los “levantaron”.

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A Mirone le informaron que los tres agentes que —por fortuna— aparecieron con vida, tienen marcas que revelan haber recibido golpes a punta de tablazos.

Hasta este sábado, los tres permanecían en Chihuahua, debido a que el caso está bajo la jurisdicción de la Fiscalía General Zona Centro.

Se les halló vivos en el municipio de Cusihuiriachi, vecino del de Belisario Domínguez. Ahora, les encargamos los otros 823 inscritos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas que siguen pendientes, aún en el archivo de los desaparecidos no encontrados, sea con o sin vida.

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Belisario Domínguez es un municipio pequeño, de solo 636.3 km², que no representa ni el uno por ciento del territorio estatal.

Se encuentra a 88 kilómetros de la capital del estado, que se pueden recorrer en una hora y 10 o 20 minutos a una velocidad sostenida. Este dato ya empieza a arrojar luz de por qué atrajo la atención una pequeña región enclavada en la zona centro-sur del estado.

Su ubicación habla por sí sola: está a una hora de la capital y colinda con municipios del suroeste del estado, una de las regiones en disputa entre grupos delictivos que buscan el control de actividades ilícitas.

Ahí se libra una batalla entre grupos históricamente enfrentados: La Línea, herencia del Cártel de Juárez, y las derivaciones del Cártel de Sinaloa. Aunque la zona no registra enfrentamientos ni balaceras en fechas recientes, eso no significa que esté en paz.

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Pese a su condición de municipio “eslabón”, Belisario Domínguez tiene las mismas condiciones que cientos de municipios del país: una estructura débil para enfrentar a una delincuencia fuerte.

En Chihuahua, como en buena parte del país, las Policías Municipales —especialmente en zonas rurales— operan con plantillas reducidas, equipamiento limitado y pocas capacidades de inteligencia.

Para todo lo anterior, dependen de operativos conjuntos como las Células BOI, donde participan Sedena, Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigaciones y Policía Estatal.

Todo va bien, excepto que esas células tienen un tiempo perentorio: se retiran y la desprotección regresa. Así andan las cosas en Belisario… y en su vecindario.

Parece un pesado rompecabezas el de los 67 municipios de Chihuahua, pero no se puede mover una pieza sin que afecte a las demás: hoy, un municipio está ligado a otros en las disputas entre cárteles que buscan controlar rutas de trasiego y producción de drogas.

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En memoria de Óscar Sánchez Ruiz

9/sep/1975 † 13/Abril/2026

Descanse en paz

Óscar perdió la vida tras ser atacado por una jauría de perros el pasado 13 de abril.
Su partida deja una herida profunda y una pregunta urgente que la ciudad no puede ignorar.

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En Juárez, la gente ya tiene otra razón para preocuparse. Como si no tuviéramos suficiente con los grupos delictivos o la delincuencia común, ahora resulta que tenemos que andarnos con cuidado si caminamos por las calles, porque en una de esas, hasta la vida nos cuesta.

No es un asaltante, una pandilla o un delincuente al servicio de algún capo, sino algo que puede ser peor, porque no hay manera de entrar en razón con ese enemigo que deambula por la ciudad sin que nadie pueda detenerlo.

Se trata de las jaurías de perros callejeros que se han formado en los últimos años en las colonias de Ciudad Juárez, donde no existen políticas públicas suficientes para atender ese problema.

Hoy, ese riesgo tiene nombre: Óscar Sánchez Ruiz, quien perdió la vida tras ser atacado por una jauría.

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En los últimos años han ocurrido hechos realmente pavorosos en la ciudad, donde las jaurías callejeras han sido protagonistas.

Personas atacadas por grupos de hasta 12 perros, que sobrevivieron de milagro pero quedaron con secuelas de por vida, e incluso casos donde las agresiones terminaron con la pérdida de una vida.

El caso de Óscar Sánchez Ruiz no es un hecho aislado: es la expresión más brutal de un problema que lleva años creciendo sin control.

Lo que está como para poner el grito en el cielo es que la ciudad tiene entre 800 mil y un millón de perros callejeros deambulando sin control. Son animales que no solo representan un grave riesgo de formar grupos de ataque, sino que también son portadores de garrapatas que transmiten la letal enfermedad de la rickettsia.

A esto se suma la falta de vacunación contra la rabia, así como los residuos fecales, que constituyen un serio problema de contaminación ambiental.

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El Municipio, al igual que Protección Civil del Estado, ha dado muestras de que no cuenta con los recursos suficientes para atender un problema de tal magnitud, como es convivir a diario con hasta un millón de perros callejeros.

Pero más allá de cifras, el caso de Óscar Sánchez Ruiz deja al descubierto una realidad incómoda: la omisión también mata.

Algo tendrán que hacer las autoridades, porque esta sociedad juarense, ya golpeada por la delincuencia, los malos servicios públicos y la carestía de la vida, no puede sumar otro riesgo más.

No se puede normalizar una ciudad donde una simple caminata pueda convertirse en una tragedia que deje secuelas permanentes… o, como en el caso de Óscar, cueste la vida.

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La presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Ada Miriam Aguilera, tendrá una especie de “bautizo de fuego” con la siempre combativa Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), uno de los organismos de la sociedad civil que “estrenaron” el discurso en contra de la tortura y los abusos policiacos allá por los años ochenta.

Según le comentaron a Mirone, el mismísimo Víctor Quintana —exmorenista por decisión mutua: de él y del partido— está ahora a la cabeza de Cosyddhac y ha sido quien pidió el acercamiento con la cuestionada presidenta de la CEDH, a quien le siguen cargando el “muertito” de que ocultó un dato importante de su biografía laboral y, además, sigue siendo militante del PAN.

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Los “cosydhacos”, le cuentan a Mirone, van como suponemos que llegarían los extraterrestres: en son de paz. Solo falta que se saluden con los dedos de la mano separados, como en la serie Viaje a las estrellas, pero, en realidad, será un “round” de tanteo.

El dato que trae Mirone es que le pedirán que ayude a una causa que traen entre manos: que el Gobierno del Estado establezca un Cereso especial para personas que se identifiquen como integrantes de algún pueblo originario.

No está mala la pichada, pero ya se había lanzado, y desde hace tiempo. Según los registros de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), el reclusorio reservado para personas de origen rarámuri, pima, guarojío, tepehuano o cualquier otro con el que se identifiquen, está en Guachochi.

De acuerdo con información difundida por esa dependencia, la cantidad de personas privadas de la libertad que se identifican como integrantes de pueblos originarios es de 205, todas ellas recluidas en el penal regional de aquel municipio serrano.

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La argumentación de Cosyddhac gira en torno a que quienes estén recluidos en algún penal deben permanecer lo más cerca posible de su lugar de origen o residencia, y, de alguna manera, el de Guachochi cumple con esa condición.

Entonces, ¿a qué ir a pedir algo que ya existe? En realidad, buscan acercarse y “tantear” el camino que lleva hacia una figura como Ada Miriam Aguilera, quien trae consigo un cartel envidiable como operadora de organismos de derechos humanos, con el “pero” de ser panista declarada.

Por lo demás, la CEDH no tiene vela en esos entierros. Ya vimos que ni siquiera la sumaron a la comisión que analizará las peticiones de indulto carcelario, así que… no queda más que desearles que pasen un rato agradable.

En ese terreno, más que recomendaciones o buenos oficios, lo que se pondrá a prueba no es su capacidad de interlocución, sino algo más básico: si puede sacudirse la etiqueta de haber llegado con más respaldo político que autoridad profesional. Porque en derechos humanos, a diferencia de la política partidista, no basta con el cargo. Hay que creérselo… y que se lo crean.

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Al Congreso del Estado le llegó un exhorto para hacerle un llamado “respetuoso”, de parte de su homólogo de Baja California, a que cambie su legislación electoral vigente y elimine las famosas listas de candidaturas plurinominales, que abren la puerta a conseguir fuero constitucional.

La petición consiste, más o menos, en lo que ya veníamos oyendo: que las diputaciones de representación proporcional no se distribuyan entre los cómodos candidatos que se apuntaron —sí, “se” apuntaron— en una lista, sino entre quienes hicieron campaña, gastaron suela y se quedaron cerca de ganar.

La propuesta no es nueva. El propio grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua ya la había planteado y, la verdad, les dieron con la puerta en la nariz.

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Aunque a nivel federal esa propuesta ya quedó debidamente “bateada”, en algunos estados donde Morena tiene el músculo suficiente sí se eliminó la lista “pluri” y se mandó a todos a buscar el voto, distrito por distrito.

Ya se veía venir que, aun si hubiera pasado el dichoso “Plan B”, faltaba que cada estado hiciera su reforma particular para que su Congreso se integrara sin diputados de lista y solo con aquellos que ganaron —o perdieron por poco— en la elección.

En Chihuahua, aunque no se ha dicho sí o no de forma tajante, está por definirse si los once diputados de representación proporcional, que constituyen un tercio del Congreso, entrarán por lista o por la llamada “prelación”, es decir, dar la curul a los “mejores perdedores”.

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Aunque se agradezca la amable atención del Legislativo bajacaliforniano, está claro que en Chihuahua la van a mandar de jonrón. No se ha votado, pero ya se ve venir.

Definitivamente, el PT la votará en contra, pues implicaría obligar a quienes han acaparado las diputaciones “pluris” a salir a la calle a buscar el voto; lo mismo puede decirse del PVEM, cuya presencia en el Congreso difícilmente se explica sin la cómoda ubicación en la lista.

Del PRI, ni qué decir: siempre vieron ese principio como una forma de colocar diputados “del partido”, y no se la van a jugar con perfiles que puedan votar con independencia.

Del PAN, lo que han dicho a Morena es que van a necesitar esa lista para acomodar perfiles que preferirían no salir a competir. Mejor los apuntan y asunto resuelto: esperar la constancia, rendir protesta y pasar tres años bajo techo.

Total, ¿para qué exponerse al escrutinio ciudadano, si el sistema todavía permite entrar por la puerta de atrás?

Porque al final, más que representación proporcional, lo que se defiende es la proporción de privilegios.