En México, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, el gobierno federal ha manejado la crisis de salud con las extremidades inferiores y a base de mentiras.

A 17 meses de que se detectó el primer caso de Coronavirus en el país, el 27 de febrero de 2020, México se ubica en el sitio número 13 del mundo en contagios y muertes por el virus.

De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud y de la Universidad John Hopkins, México tiene al día de hoy 3 millones 175 mil 211 personas contagiadas y un saldo funesto de 251 mil 219 muertes por la pandemia.

Lo peor de todo es que solamente el 24 por ciento de la población adulta está vacunada con las dos dosis, mientras que la pandemia muestra en el país un crecimiento del 5.5 por ciento, como consecuencia de la tercera ola provocada por la temible variante Delta.

Los números son duros, pero son reales, en contraste con las cuentas alegres con las que el gobierno federal pretende engañar a la población, haciéndole creer que superamos la crisis y estamos de poca…

Pero si todavía hay ingenuos que se tragan las mentiras oficiales y le creen a un López-Gatell, en este espacio les compartimos los enlaces donde pueden consultar ampliamente los datos aquí vertidos.

Las estadísticas vienen a colación porque el gobierno no ha tenido escrúpulos para minimizar la gravedad de la pandemia y el daño que está causando a los mexicanos, manipulando cifras por cuestiones políticas, electoreras y aspiracionistas, para no quedar como tontejos en el combate al Coronavirus.

Muchas veces lo denunció la OMS y lo ratificaron organismos tan prestigiados como la universidad John Hopkins y la Organización Panamericana de la Salud: gobernantes populistas politizaron el tema del virus para engañar a sus pueblos y mantener su imagen de salvadores, mientras la enfermedad se extendía sin control.

DEL FUCHI GUÁCALA; AL LLUEVA, TRUENE O RELAMPAGUEE.

Otros, como nuestro Presidente, también disfrazaron su ineptitud con recomendaciones tan absurdas como las estampitas religiosas, el fuchi guácala y no usar cubre bocas, para simular una normalidad que estamos muy lejos de alcanzar.

Y cuando pensábamos que con el tiempo, los contagios al alza y los muertos por Covid-19 lo pondrían en su lugar, decretó el regreso a clases presenciales para el 30 de agosto. “Llueva, truene o relampaguee”, fue la instrucción autoritaria desde la marranera, perdón, la mañanera, sin tomar en cuenta la opinión de docentes, padres de familia y mucho menos, de los especialistas que ven en esta disposición una estupidez mayúscula.

Como era de esperarse, ante una ocurrencia de tal magnitud, la orden de abrir las escuelas desató la polémica nacional y las voces de diversas organizaciones civiles, del magisterio y hasta de la iglesia, se pronunciaron en contra por el riesgo que ello implica.

Pero como ya sabemos que AMLO siempre tiene otros datos y no escucha, se sacó de la manga la famosa carta compromiso de corresponsabilidad, para que los padres de familia asuman la culpa si sus hijos se contagian, enferman o mueren.

¿Una disposición perversa o inmoral?, ahí está el dilema, aunque fácilmente cumple con ambos atributos, porque después de que la SEP generó el ruido con dicha carta compromiso, salieron los lacayos del Presidente a decir que ésta era falsa, a pesar de que fue difundida y compartida por los canales oficiales de la Presidencia y la Secretaría de Educación.

Ni como ayudarlos, diría el ranchero, cuando monopolizan la estupidez. Después de que se les hizo bolas el engrudo, decidieron que la carta compromiso no fuera obligatoria, pero que de cualquier manera los padres enviarían a sus hijos a la escuela bajo su responsabilidad. Entonces, no firmes nada, pero es tu bronca si tus hijos se contagian.

Si la decisión del regreso a clases se tomó ignorando a la ciencia médica y las recomendaciones de los epidemiólogos, lo que ocurra a partir del 30 de agosto será responsabilidad únicamente del gobierno federal, pero la carga del problema que se avecina se quedará en los estados y municipios, que hasta ahora han tenido que enfrentar la pandemia con las uñas, por falta de recursos.

Si nos remitimos al caso de Juárez, que por su condición de frontera común con el país más contagiado del mundo tiene altos contrastes y muchas carencias en materia educativa y de salud pública, la opinión por la apertura de escuelas se encuentra dividida, con una mayor tendencia a rechazar la ocurrencia presidencial.

¿QUIÉN PAGARÁ LA REHABILITACION Y SANITIZACIÓN DE LAS ESCUELAS?

De acuerdo con Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, en la frontera existen mil planteles en los niveles de preescolar y primaria, con una población estudiantil de 210 mil niños en ambos.

Cálculos conservadores de algunos educadores estiman que de ese millar de escuelas, solo una tercera parte está en condiciones de prestar servicio, ya sea porque son particulares, recibieron adecuado mantenimiento durante los 17 meses que estuvieron cerradas o tienen sociedades de padres muy participativas, que cooperan para atender sus necesidades.

O sea que, aproximadamente 700 escuelas están en condiciones precarias, sucias y vandalizadas, sin vidrios en puertas o ventanas, con goteras, y no cuentan con material para limpieza y sanitización de las aulas.

Esta semana, Norte Digital dio voz a maestros y padres de familia de varias escuelas, que participaban en tareas de limpieza, y se quejaron de la irresponsable y comodina postura del gobierno que aportó nada en la rehabilitación e higiene de los edificios.

Tuvieron que salir al quite los canacintros para pedir ayuda y patrocinio a la industria maquiladora, sugiriendo que cada empresa adopte una escuela para ponerla en condiciones de servicio, y que el gobierno se lave las manos y se ponga el sombrero.

Noble gesto, sin duda alguna, pero que no ataca el problema de fondo, porque la obligación constitucional de proporcionar educación es del Estado Mexicano, así como el problema de salud pública que generará la pandemia cuando los salones de clases se abran nuevamente.

La Secretaría de Educación se ha limitado, hasta ahora, a ponerle fecha a la reapertura de escuelas y a publicar nueve acciones “para promover y coadyuvar en la seguridad, salud e higiene de quienes integran las comunidades escolares”.

Lo que no ha dicho es cuándo se entregarán los materiales y sanitizantes que se requieren, ni los cientos de cubre bocas que deben tener en cada escuela; ni cómo se implementarán los protocolos y filtros en la entrada y salida de cada plantel, ni la logística de detección y traslado de pacientes a los centros de salud con área de pediatría, si es que los hay en cada caso concreto.

Hemos preguntado si el sector salud se encuentra preparado para cualquier contingencia médica que surja del regreso a clases, pero por toda respuesta hemos obtenido silencio.

Si en Juárez tenemos únicamente un hospital infantil de especialidades, que sufre toda clase de carencias y constante falta de cupo, ¿qué podemos esperar en caso de brotes Covid-19 en las escuelas?

COVID EN NIÑOS AL ALZA EN TEXAS Y FLORIDA.

Si del otro lado del Bravo, con un sistema de salud fuerte y bien equipado, con todos los recursos preventivos y sanitarios aplicados al regreso a clases presenciales, ya tienen graves problemas por contagios en las escuelas, qué podemos esperar de nuestro pobre sistema escolar.

Precisamente, cuando los Estados Unidos reabrió las puertas de sus escuelas, las camas de los hospitales comenzaron a ser ocupadas con números récord de niños, debido a una oleada de enfermos de COVID-19.

El repunte de casos de coronavirus ahora tiene enfrentados a los padres de familia, administradores escolares y políticos, especialmente en estados como Florida y Texas, donde los gobernadores republicanos han prohibido que las escuelas obliguen a sus alumnos a usar mascarilla; mientras que los científicos no han podido establecer si los niños son más vulnerables que los adultos a la variante Delta.

Lo que sí es un hecho es que con la variante Delta avanzando, los niños y adolescentes no han estado en el centro de los esfuerzos o discusiones de inmunización contra el COVID-19.

Solo una vacuna ha recibido autorización de uso de emergencia para adolescentes de 12 a 15 años y dos ensayos de vacunas, entre ellos la Moderna, están en marcha para niños 5 a 11 años, pero las estrictas regulaciones pueden retrasar estos estudios y el eventual despliegue de vacunas COVID-19 para niños.

En un resumen científico, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CCD por sus siglas en inglés) informan que han estudiado el peligro del contagio por Covid en las escuelas y concluyen que el aumento de las tasas de vacunación contra el COVID-19 probablemente afectará los patrones de transmisión en las escuelas y las comunidades.

Precisan en el amplio informe que el contagio del SARS-CoV-2 en las escuelas depende de las tasas de transmisión locales; los tipos de variantes que circulan; la epidemiología del COVID-19 entre niños, adolescentes y personal; la cobertura de vacunación y las medidas de mitigación adoptadas para prevenir la transmisión.

SI SE CONTAGIAN, LOS NIÑOS PUEDEN CONTAGIAR EL COVID-19

Si en Juárez la tasa de transmisión va en aumento y ya hay registro de la variante Delta, y la vacunación ha cubierto apenas al 40 por ciento de la población, pero las medidas de prevención y mitigación son vulneradas por las propias autoridades, al autorizar eventos masivos sin controles sanitarios, debemos aceptar entonces que transitamos por la calle de la amargura con respecto a los indicadores de los CDC.

Los epidemiólogos de estos centros recomiendan que las autoridades escolares deben considerar los niveles de transmisión comunitaria para evaluar el riesgo de transmisión que podrán tener dentro de su escuela.

Si la transmisión comunitaria es alta y el nivel de vacunación comunitaria es bajo, es más probable que los estudiantes y el personal docente, administrativo o de intendencia, acudan a la escuela mientras están infectados, y así introduzcan el SARS-CoV-2 en las aulas.

Para los escépticos, que creen en las mentiras oficiales y las defienden con un fanatismo religioso, las CDC han concluido que los niños y adolescentes pueden infectarse con SARS-CoV-2, pueden enfermarse de COVID-19 y pueden propagar el virus a otras personas.

Para muestra, este dato de lo que ocurre en los Estados Unidos: Hasta marzo de 2021, las tasas acumuladas de infección y enfermedades sintomáticas de COVID-19 en niños de 5 a 17 años, fueron comparables a las tasas de infección y enfermedad sintomática en adultos de 18 a 49 años, y más altas que las tasas en adultos de 50 años o más.

En síntesis, el problema existe y el peligro es grave. Sabemos de antemano que el obstinado inquilino de Palacio nacional no va a ceder ni va a dar marcha atrás. Solo queda confiar en la prudencia de los padres de familia, para que puedan decidir, con la información correcta y con plena certeza de que ya existen las condiciones de seguridad sanitaria y los protocolos pertinentes, si envían o no a sus hijos a las clases presenciales.

De no hacerlo de esta manera, seguramente va a llover, va a tronar y va a relampaguear, cuando las consecuencias de una decisión política se manifiesten después del 30 de agosto. Al tiempo.