De acuerdo con una encuesta de Reforma y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, “Gobierno” fue la primera palabra que brincó a la mente de los entrevistados, cuando se preguntó dónde hay corrupción. Dos de cada tres mexicanos encuestados (el equivalente al 67 por ciento) consideró que hay más corrupción en el Gobierno que en la sociedad civil o el sector privado.
Una de cada dos personas participantes en el ejercicio, consideró que la impunidad es la principal causa de la corrupción; además, 25 por ciento de las personas destacó que en su origen están la cultura y la educación.
La corrupción se ha consolidado como el segundo problema (después de la inseguridad) que más preocupa a los mexicanos. Así lo reportaron la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi y el informe Latinobarómetro.
El combate a la corrupción y la impunidad se ha colocado en distintos momentos de la historia reciente del país y del estado como prioritario en las agendas, el discurso y la propaganda político-partidista; incluso fue clave en la alternancia de los Gobiernos priistas hacia uno panista en el caso estatal de 2016 y hacia uno morenista en 2018, en el plano nacional.
El hartazgo social frente a escandalosos desvíos y la voracidad de una clase política que se enriqueció a costa del erario, fueron determinantes en el último tramo del declive electoral del PRI.
En Chihuahua el tema se convirtió en bandera para el anterior quinquenio. El exgobernador César Duarte fue llevado a prisión y enfrenta dos procesos penales por delitos de corrupción. La primera causa penal se relaciona con el desfalco de 96 millones de pesos. El dinero público se habría desviado a la Unión Ganadera Regional División del Norte y a la Financiera de la División del Norte, de las cuales Duarte era accionista mayoritario y, en algunos momentos, presidente del Consejo de Administración.
La segunda causa penal está vinculada con la entrega de 120 millones para asesorías simuladas a una empresa fantasma, Kepler Soluciones Integrales, S.C.
Los llamados Expedientes X alcanzaron a una red de exfuncionarios y empresarios que participaron en las triangulaciones para los desvíos durante el sexenio 2010-1016, en torno a los cuales se generaron en su momento 16 sentencias condenatorias.
El caso de la Operación Justicia para Chihuahua cobró relevancia nacional cuando alcanzó al exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez alias La Coneja o cuando se imputaron cargos contra la entonces candidata del PAN a la gubernatura. Protegido por la justicia federal, La Coneja terminó absuelto de todos los cargos y en el caso de la entonces candidata, un tribunal local le retiró la vinculación a proceso por el delito de cohecho que previamente le había dictado un juez de Control. También fue retirada una acusación de la Fiscalía Anticorrupción que nunca pudo ser sostenida en tribunales.
La hoy gobernadora siempre acusó a su antecesor, Javier Corral, de querer descarrilar su proyecto político con acusaciones falsas de corrupción. Actualmente, quien fungió como cabeza de lo fiscales que armaron la Operación Justicia, Francisco González, enfrenta un proceso penal acusado de tortura psicológica en contra de varios cómplices de corrupción del exgobernador Duarte. También bajo la protección federal, González libró la prisión preventiva, luego de que un juez ordenó que se le siguiera su proceso en libertad.
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Javier Corral tampoco se libró de acusaciones públicas sobre intervenciones indebidas en los procesos judiciales o incluso sobre su participación en actos de corrupción, pero hasta hoy ninguna carpeta, si existe, se ha judicializado y, por lo tanto, no hay imputación legal.
En situación distinta están tres de sus excolaboradores de primer nivel. Ya fue vinculado a proceso y está en prisión preventiva justificada, su excoordinador de Comunicación Social, Antonio Pinedo Cornejo, por uso ilegal de atribuciones y facultades en la entrega de contratos por 9.3 millones de pesos. La carpeta que judicializó la Fiscalía Anticorrupción encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, se generó por denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública desde la anterior administración.
Ya en la nueva gestión, se ha llevado ante la justicia estatal al exsecretario de Salud, Eduardo Fernández, también por uso ilegal de atribuciones y facultades en torno a la adquisición de un crédito por 401 millones de pesos para el Ichisal. En este caso se conoce que Fernández podría apegarse a algún criterio de oportunidad, lo que implicaría que cuenta con información para vincular con un supuesto ejercicio indebido al exgobernador Corral, pero tampoco se ha concretado.
Además se ha declarado prófugo de la justicia al exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, quien debía presentarse ante el juez para responder por la acusación de uso ilegal de atribuciones en torno al pago irregular de 98 millones de pesos a un despacho privado, para realizar el proceso de reestructuración de la deuda pública.
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En ese contexto, donde el combate a la corrupción no se ha librado de la sombra de la suspicacia por la justicia selectiva o las acusaciones sobre su utilización política, surgió un nuevo escándalo por lo ocurrido en Nuevo Casas Grandes la semana pasada.
Por primera vez en la historia del estado, se ha llevado a prisión a un alcalde en funciones. Antes se había actuado contra quienes ya no estaban ejerciendo el cargo.
Agentes de la Fiscalía Anticorrupción detuvieron en las calles de Nuevo Casas Grandes a la alcaldesa Cynthia Ceballos, luego de que un juez de Control del Distrito Judicial Morelos, concedió la orden de aprehensión.
También iban a detener a la exsecretaria del Ayuntamiento, Silvia Ivón Hernández Parra, pero la exfuncionaria no fue localizada y está considerada prófuga de la justicia.
Ante el juez, a Ceballos se le imputaron los delitos de peculado agravado y uso ilegal de atribuciones y facultades. No únicamente vendió seis predios municipales sin antes realizar la desincorporación de los bienes inmuebles del régimen de dominio público, además no ingresó a la tesorería los recursos de la venta.
El desvío alcanza los 2 millones 198 mil 252.52 pesos, por las seis operaciones realizadas durante los meses de octubre a noviembre del año 2021.
La investigación se originó por denuncia de la Auditoría Superior del Estado, órgano fiscalizador que en sus revisiones anuales encontró irregularidades en la venta de un predio.
A partir de ahí, la Fiscalía Anticorrupción amplió la investigación, encontró otras cinco operaciones y reclasificó el probable delito para agregar el peculado agravado.
“Para esta Fiscalía Anticorrupción fue de suma trascendencia la colaboración valerosa y valiente de funcionarios del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes que, como servidores públicos patriotas denunciaron las irregularidades, como lo fueron la síndica de este Ayuntamiento, regidores del Cabildo, así como ciudadanos comprometidos con la sociedad, de quienes se lograron recabar datos para comprobar las transacciones irregulares”, detalló la institución sobre la detención de Ceballos.
También informó que hubo confabulación de otros funcionarios públicos y personas externas, con un reparto de roles y actividades para comercializar los bienes públicos de manera ilegal.
El fiscal Valenzuela dijo que podría haber más detenciones de funcionarios, además de que las dos imputadas tienen en su haber otras carpetas de investigación, relacionadas con otros actos de corrupción, que también podrían judicializarse.
De ello no se informó oficialmente, pero ha trascendido que al menos hay carpetas que tienen que ver con desvíos en la compraventa de camiones para el servicio de limpia, el pago de cuentas personales con recursos públicos, más operaciones inmobiliarias, un desfalco en los recursos que se deberían de haber entregado como pago a la empresa Aseo Urbano, además de la operación de una “nómina fantasma” para saquear el recurso público.
Por lo pronto, la alcaldesa fue vinculada a proceso por la primera causa penal y deberá enfrentar la prisión preventiva mientras se desarrollan las siguientes etapas del juicio.
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Ocurrida la detención justo cuando arrancan los procesos electorales rumbo al 2024, el caso no ha quedado al margen de la disputa política, al menos mediáticamente.
Cynthia Ceballos fue postulada como posición del Partido del Trabajo (PT) en una alianza con Morena, aunque después de ganar la elección se desvinculó y se distanció de ambos partidos. Incluso renunció formalmente al PT, donde siempre militó toda su familia, empezando por su padre adoptivo, Miguel Ángel Escárcega.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, aseguró que las acusaciones que envuelven a la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, son producto de la corrupción existente dentro de Morena.
Dijo que en Morena nunca existieron filtros para la elección de perfiles adecuados para las candidaturas. También instó a ese partido a mejorar sus procesos internos.
“Quieren repartir culpas, pero saben que la responsabilidad recae en ellos desde sus dirigencias y estructuras. La culpa que cargan es evidente, pero ahora intentan, como siempre, evadir responsabilidades, tratando de atribuir cuestiones que solo les competen a ellos”, señaló Chávez luego de que en Morena insistieron en que Ceballos no surgió de sus filas.
Cuauhtémoc Estrada, coordinador de la bancada de Morena, respondió que en Nuevo Casas Grandes nadie desconoce que después de su elección, Ceballos entabló relación con distintos personajes panistas de la región, incluyendo a la diputada Yesenia Reyes.
Explicó que por eso, inmediatamente después de la detención, en el PAN iniciaron una campaña de volanteo para responsabilizar a Morena de lo ocurrido.
“Alguien quiere limpiar culpas, alguien está ocupado y preocupado por limpiar culpas”, aseguro el diputado. “¿Por qué se pretenden deslindar y partidizar lo que debe de ser un ejercicio continuo de combate a la corrupción?”, cuestionó Estrada.
Lo que parece evidenciarse en el caso, es que la aplicación de la ley y la justicia suele administrarse en tiempos políticos.
Extraoficialmente se conoce que antes de actuar contra la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, hubo intentos de negociación para que dejara el cargo ante lo evidente: la administración pública de todos los servicios se volvió caótica, con los hechos desbordados de corrupción, el despotismo y la injerencia de los grupos delincuenciales.
Ceballos no cedió, ni aunque hubo un amago de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el sentido de que procedería una desaparición de poderes. Finalmente se dio luz verde a la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, instancia que amplió la carpeta de investigación original en cinco meses.
La práctica es de siempre. Cuando la Fiscalía de Corral enderezó las baterías contra la que ya era candidata del PAN, lo hizo hasta después de que fracasaron los cabildeos y los amagos para que ni si quiera se registrara como aspirante. Después se vino toda la operación en la estructura judicial y prejudicial para inhabilitarla, aunque fracasó el intento.
Ese combate a la corrupción que suele ser selectivo, abona a la impunidad y a la desconfianza ciudadana. Ojalá que esas prácticas se destierren definitivamente para que el binomio de Gobierno y política deje de asociarse con la palabra y la práctica de la corrupción.
Más que nunca, se requiere hoy de gobernantes y funcionarios honestos que sistemáticamente combatan ese cáncer e inhiban la impunidad que le rodea.
Que la voluntad política para actuar y lograr resultados reales y consistentes no se supedite nunca al timing electoral. Ese constituye el primer piso. Luego debe llegar una política integral que atienda las causas de la corrupción y combata sus consecuencias.