Durante la consulta indígena realizada en Madera para definir las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, destacó la propuesta de cambiar el actual modelo asistencialista, por uno que promueva el “desarrollo integral de las comunidades para potenciar sus habilidades, conocimientos y cultura”.

La propuesta suena atractiva, pero no deja de ser un lugar común. Uno muy gastado por los discursos políticos, cuando se habla de sacar del atraso y la miseria a las comunidades indígenas que habitan la Sierra Tarahumara.

Dicha propuesta fue también utilizada durante los gobiernos de Pancho Barrio, de Patricio Martínez, de José Reyes Baeza, de César Duarte y del insufrible quinquenio de Javier Corral, y no pasó de ser una frase hueca, llena de buenos propósitos que nunca se llevaron a la práctica.

En la consulta de Madera, organizada por la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, estuvieron representantes de 42 comunidades de los pueblos originarios, entre ellos los O’ob, N’dee y Rarámuri, que otra vez escucharon las buenas intenciones del nuevo Gobierno.

El titular de la COEPI; Enrique Rascón, la representante del Congreso del Estado; Yesenia Reyes, y el alcalde de Madera; Marcelino Prieto, encabezaron los trabajos de la consulta y les dijeron a los nativos de la montaña más de lo mismo, más de lo que han escuchado una y otra vez de gobiernos priistas y panistas.

Lo que nunca dijeron, y mucho menos precisaron, fue en qué consiste ese desarrollo integral con el que se piensa “potenciar” las capacidades de los pueblos indígenas.

Quieren que los nativos de la barranca dejen de vivir del asistencialismo, pero no hay un programa definido para potenciar ese desarrollo, que en palabras suena interesante, pero para los indígenas significa menos que nada.

Los servidores públicos pasaron por alto, por ignorancia o por la conveniencia del momento para no agitar las aguas, que antes de dibujar proyectos alegres, las comunidades requieren de justicia para detener el despojo de tierras del que son víctimas por parte de los caciques, los narcos y los políticos sin escrúpulos.

Reclaman justicia para detener la tala inmoderada de sus bosques y para recuperar la tranquilidad en sus comunidades, que son asoladas por los grupos criminales que dominan la zona serrana. Exigen que se ponga un alto a las células de sicarios, que abusan impunemente de mujeres y reclutan por la fuerza a los varones para el cultivo de la amapola y marihuana.

Todo eso requieren antes de que se transite a algún tipo de proyecto, porque sin justicia penal ni social, simplemente no hay desarrollo.

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Muy activos anduvieron el fin de semana los inspectores de Gobernación estatal en los negocios de la Gómez Morín, sancionando según su obtuso criterio a aquellos que consideraban fuera del aforo permitido.

Ahora ya no son las aparatosas células anticovid que funcionaron durante la administración pasada, cuando los inspectores de Comercio y Gobernación llegaban en pareja, con patrullas municipales y estatales, con torretas encendidas y sacando a la calle a los clientes de antros y restaurantes sancionados.

Ahora ya no hacen esos despliegues dignos de mejor causa, pero se aparecen en los momentos en que mejor les va a los negocios para echarles a perder la noche. Este sábado lo hicieron nuevamente en los negocios de Plaza Cuquita y otros de la Gómez Morín, con el argumento de que rebasaban el aforo permitido, a pesar de que Juárez está en semáforo verde, autorizado por las autoridades sanitarias.

Sin embargo, los inspectores tienen otros datos y se dieron vuelo con el levantamiento de actas de sanción y la clausura de varios negocios. Fuentes de Mirone, que informaron sobre la recaudatoria labor del Departamento de Gobernación, identificaron a los inspectores por sus uniformes que aún portan logos del “Nuevo Amanecer”.

Será interesante conocer la postura de las cámaras de comercio y de la industria restaurantera, cuyos líderes han estado pugnando por una tregua que les permita a los negocios recuperarse de la crisis causada por la pandemia, pero el Gobierno les responde con una cacería de los voraces inspectores de alcoholes.

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Trascendió ayer, en la capital del estado, la investigación que la Fiscalía General de la República realiza desde principios de noviembre, por el robo cometido el año pasado a una importante empresa de paquetería en la Aduana del aeropuerto de la ciudad de Chihuahua.

La información no tendría mayor trascendencia que la de otra nota policiaca, si no fuera porque se involucra al actual director de los Colegios de Bachilleres, Marco Licón Barraza, cuando fue administrador de la Aduana de Chihuahua.

Según la fuente de Mirone, la indagatoria está a cargo de la agente del Ministerio Público federal, Daniela Giner Fierro, por el delito de robo de mercancía de la Aduana de la ciudad capital.

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/CHIH/ Chih/001426/2021, el presunto delito se cometió después de que un avión de paquetería aterrizó en el aeropuerto de Chihuahua y los angelitos de la Aduana, bajo el mando de Licón, hicieron perdedizas varias piezas de alto valor.

En la investigación también aparecen como presuntos responsables el exsubadministrador Paulo Tomás Salas y un exjefe de departamento identificado como Jorge Arturo Chavira.

Marco Licón estuvo al frente de las aduanas de Chihuahua y de Ojinaga en los años 2019 y 2020, según los registros periodísticos, y el 13 de octubre fue nombrado director general de los Colegios de Bachilleres del estado de Chihuahua.

Por lo anterior, será sumamente importante que aclare el problema en el que lo metieron sus subordinados, antes de que la indagatoria escale a otros niveles.