Vaya refuego el que se armó en el Senado de la República por el tema de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y la controversial presencia de agentes de alguna dependencia del Gobierno de Estados Unidos en territorio chihuahuense.

Para empezar, la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales –donde se aprobó que la gobernadora fuera llamada a comparecer ante la Cámara Alta del país– reunió a lo más granado de la clase política nacional, al menos la que se cobra en los aparatos legislativos.

Luego, el tira-tira entre ellos para justificar —unos— que, en territorio mexicano y, en particular, en Chihuahua, dos agentes presuntamente de la CIA anduvieran como Juan por su casa interviniendo en asuntos de seguridad nacional.

Los otros, para ventilar nuevas y viejas disputas con la actual gobernadora y mandarla al paredón de los traidores a la patria.

La discusión tuvo de todo, pero para la política “del rancho” quedó el dime y direte entre la senadora panista Lilly Téllez y el exgobernador —y hoy senador (¿morenista, o qué?)— Javier Corral.

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La legisladora, quien alguna vez fue de Morena —partido que la llevó al Senado— y hoy milita no solo en el PAN, sino en el polo más extremo de la derecha nacional, le echó en cara a Corral que él “puso” a Miroslava Breach para que la asesinaran. Así, con esas palabras.

“Corral no deja de morderse las uñas, los dedos”, le soltó la panista a su colega neomorenista. Y, la verdad, no le faltaba razón: el exgobernador no le da descanso a su manía de cortarse las uñas con los dientes.

Previamente, Corral había acusado al Gobierno de Chihuahua y a todo su aparato de seguridad pública de mentir “como respira”.

Así de pesado se llevaron, solo para decidir si la gobernadora va al Senado a explicar un tema de seguridad nacional. Hasta eso, nadie se opuso; nada más eran las ganas de echarse el muertito del narcotráfico unos a otros.

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Los legisladores le dieron una connotación frívola a un asunto que no es cosa menor ni tema para la grilla barata. Lo que está en juego es la posible presencia —y participación— de agentes estadounidenses en operativos de seguridad pública en territorio nacional.

No es un asunto administrativo ni un simple desliz protocolario. Es, en el fondo, un tema de soberanía.

El Senado ya dio los primeros pasos. Comisiones avalaron el dictamen para citar a la mandataria estatal, con la exigencia de un informe detallado.

Desde Morena, han encontrado en este episodio un flanco para cuestionar no solo a la gobernadora, sino todo el esquema de coordinación en seguridad en Chihuahua. Desde el PAN, la ocasión de exaltar logros… en coordinación con el Gobierno federal.

Los del blanco y azul cierran filas en favor de una de sus cartas fuertes y denuncian un intento de linchamiento político. Nada nuevo: cuando la política entra en combustión, cada quien se atrinchera en su narrativa.

Pero más allá del jaloneo partidista, hay hechos que no terminan de cuadrar: Cuatro personas muertas tras un operativo en la sierra Tarahumara. Dos de ellas, agentes estadounidenses.

Una versión oficial que habla de acompañamiento, de capacitación, de presencia casi circunstancial. Y, al mismo tiempo, señales —cada vez más evidentes— de que no se ha contado toda la historia.

Por eso, la comparecencia no debería ser un trámite ni un espectáculo. Tendría que ser un ejercicio de rendición de cuentas.

En el peor —y más probable— escenario, un cruce de acusaciones donde la verdad quede atrapada entre discursos de campaña.

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Regresando a terrenos azules, quien generó otra polémica interna fue el único regidor por el PAN, Alejandro Jiménez.

Siempre muy activo en sus redes —brincándole regularmente por la gobernadora Maru Campos y fustigando al exgobernador Javier Corral— tomó las críticas del exmandatario sobre la presunta violación a la soberanía nacional por el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua, para cuestionar duramente a la dirigencia local del PAN y hasta a funcionarios estatales con etiqueta de corralistas.

“El problema de que espacios clave, tanto en el CDM del PAN como del Gobierno del Estado en la zona norte, sean ocupados por personajes encumbrados en el Corralato, es que cuando este siniestro político ataca a nuestra Gobernadora Maru Campos Galván y al propio Gobierno del Estado, existe un pacto de silencio para no incomodar al padrino político Javier Corral”, escribió el regidor.

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Su comentario lo acompañó con la captura de pantalla de una publicación de Corral, donde el ahora senador se va contra la mandataria por el manejo del caso que ya es noticia internacional: la muerte de dos estadounidenses —identificados como agentes de la CIA— tras un accidente en la Sierra, justo después de un operativo contra un megalaboratorio de drogas sintéticas.

Más allá del fondo del affaire binacional, el episodio exhibe cómo anda el PAN local en lo doméstico: enfrentado por el control de espacios y posiciones rumbo a 2027.

A Jiménez le traen grilla interna desde hace rato, impulsada desde la dirigencia local, pero también en sintonía con figuras empoderadas en la estructura gubernamental.

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Lo acusan de batear del lado del proyecto de Cruz Pérez Cuéllar, sobre todo porque no se ha subido a la narrativa beligerante contra el alcalde morenista en temas de presunta corrupción municipal.

Y como el objetivo de esa grilla —dicen— es anularlo políticamente, ya sea para frenarle nuevos proyectos o incluso la reelección, el regidor no se quedó callado y soltó los misiles contra su propio partido.

No puso nombres, pero en otros espacios ya se han colgado etiquetas de corralistas a figuras como Ulises Pacheco, Austria Galindo, Amparo Beltrán y hasta Carlos Ortiz, todos con pasado o vínculos en la administración de Javier Corral.

Así, el PAN juarense no solo enfrenta a Morena… también se está dando hasta con la cubeta por dentro.

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La declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum en la que anunció la inminente salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia nacional de Morena y la probable llegada de Ariadna Montiel Reyes a ese cargo provocó que algunos destaparan la champaña acá en Chihuahua, pensando que su candidatura —bendita por la secretaria del Bienestar— estaba prácticamente “ganada”.

Sin embargo, desde las profundidades del morenismo le comentaron a Mirone que no deben ir tan rápido, porque las cosas no son tan simplonas ni automáticas como se las están imaginando. Ni la unción de Montiel como máxima jerarca del partido guinda, ni su carta blanca para poner candidaturas por acá y por allá.

Calmados todos, pues. “La cosa es calmada”, diría Clavillazo, porque una actuante que no se han molestado en voltear a ver podría ser quien realmente tome las riendas del partido insignia de la 4T.

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En diversos frentes, Montiel ya es vista como la sucesora de Luisa María Alcalde, y esta, a su vez, como la próxima titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, en sustitución de Estela Damián, quien dejará el cargo para buscar la candidatura al Gobierno de Guerrero.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum solo ha confirmado lo primero: que ya invitó a Alcalde a ocupar la Consejería Jurídica, lo que implica, en los hechos, su salida de la dirigencia de Morena en un momento clave, justo cuando se empezarán a delinear candidaturas a diputaciones federales y 17 gubernaturas.

De inmediato, el nombre de Ariadna Montiel sonó fuerte, tanto como las campanas de celebración en los campamentos preelectorales del llamado “AMOR por Chihuahua”, concretamente los del alcalde Cruz Pérez Cuéllar y la delegada del Bienestar, Mayra Chávez.

Pero no se aceleren, dicen. Tómense un tecito de pasiflora, váyanse a dormir tranquilos y esperen noticias, porque esto va para largo.

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Lo que le contaron a Mirone es que el nombramiento “fulminante” no llegará como en los tiempos del PRI de partido de Estado.

Hay, por lo menos, cuatro grupos disputándose la supremacía dentro de Morena, y de entre ellos tendrá que salir una postura consensuada. No vaya a ser el chamuco y se quiebre todo cuando están por cerrar filas tras un primer trienio particularmente complicado.

La versión “la otra”, la que corre fuerte en los círculos guindas, es que quien realmente se está apuntando para el cargo es Citlalli Hernández Mora, quien hace apenas unos días se sumó a la dirigencia nacional como encargada de las alianzas con otras fuerzas políticas de la 4T.

De ser así, quietos todos en sus bases, porque si algo ha demostrado la exsecretaria de la Mujer es que no tiene nexos visibles en Chihuahua que la amarren a la candidatura de Andrea Chávez o a la de Cruz Pérez Cuéllar.

Ojo con eso: en una de esas, es la carta fuerte… y nadie la está viendo venir.

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Ya hemos comentado aquí el enorme problema del suministro de agua que está en el centro del atorón de las Viviendas del Bienestar en Juárez, uno de los programas insignia del Gobierno federal de la 4T.

Pues a Mirone le llegó otro reporte sobre el segundo gran proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, el de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, que también está atorado en esta frontera, allá detrás de la Sierra de Juárez, en la zona de Jerónimo, colindante con Santa Teresa, Nuevo México.

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Hay un sinfín de trámites burocráticos por resolver, además de que faltan las inversiones para equipar el terreno como ese parque industrial que se pretende.

Pero el problema de fondo vuelve a ser el mismo: el agua.

Sí hay en el acuífero que alimenta el acueducto Conejos–Médanos, pero, igual que en el suroriente de la ciudad, no existe la infraestructura para extraerla y conducirla hasta el Polo.

Y ahí viene la pregunta clave: ¿quién va a pagar esa inversión? Porque no solo no hay red de agua potable. Tampoco hay drenaje.

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Lo que sabe Mirone es que los derechos de los pozos de agua potable en esa zona pertenecen a la Inmobiliaria San Jerónimo, la desarrolladora creada por el empresario Eloy Vallina, dueño original de más de 20 mil hectáreas en ese desierto.

Tampoco existe infraestructura para reutilizar el agua tratada. Las empresas que cuentan con plantas simplemente descargan el agua en lagunas donde se evapora, sin ningún aprovechamiento.

Así que el panorama es claro: en Jerónimo faltan servicios, infraestructura y certezas, antes de que pueda despegar el mentado Polo de Desarrollo.

Y más todavía si se piensa en llevar vivienda a esa zona, donde hoy los trabajadores recorren largas distancias para llegar a las plantas industriales.