Gran revuelo causó ayer la declaración de Javier Corral Jurado, quien dijo que el regreso a clases es inminente y obligatorio el próximo 30 de agosto. La afirmación del gobernador levantó todo tipo de comentarios en redes sociales, pero destacó la pregunta: «¿Estamos listos para el regreso a clases presenciales?».

A decir del propio mandatario estatal, Chihuahua sí está listo y existen condiciones para que miles de estudiantes de todos los niveles de educación retornen las aulas después de 17 meses cerradas, por la pandemia.

Los nuevos lineamientos de las autoridades -federales y estatales- de salud para que los alumnos vuelvan a clases presenciales son un primer paso, pero se necesitará más que buena voluntad para regresar a la escuela todos los días.

El tema tiene varias aristas. Es muy complejo y existe un mundo de dudas en los maestros y los padres de familia que hasta ahora desconocen las condiciones del protocolo de salud y el esquema de educación bajo el cual se dará el regreso.

Hasta hoy los profes no saben cómo sería el retorno. Desconocen si van a atender dos grupos, uno presencial y otro virtual. Existe incertidumbre, muchas dudas, en especial de los padres de familia. Muchos no están seguros de mandar a sus hijos a las clases presenciales.

Por su parte, los líderes sindicales de las secciones 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Sección 42 han guardado ominoso silencio hasta ahora.

El tiempo también será importante para preparar las escuelas públicas y los salones para la nueva normalidad de las clases presenciales. Seguramente muchas de ellas están vandalizadas, con serias necesidades de equipamiento.

Además, de dónde saldrán los recursos para comprar todo lo necesario para sanitizar todos los días, para el gel atibacterial, para el jabón y demás artículos de limpieza, necesarios para mantener bien aseadas las instalaciones. De entrada, el Gobierno del Estado no tiene los recursos, así que la pregunta es: «¿De dónde saldrán esos fondos?». La respuesta puede ser «de los bolsillos de los padres de familia».

El gobernador Javier Corral quiere quedar bien con el Gobierno federal antes de dejar la administración estatal, y la idea del regreso a clases el 30 de agosto es un buen paso para ello.

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“La Feria es feria”, dicen algunos ante la negativa del presidente municipal Armando Cabada Alvídrez de suspender la Feria Juárez 2021.

La presión ciudadana y de algunos sectores como el empresarial no han servido, ni siquiera para que el alcalde piense en desistir del evento que ya está a la vuelta de la esquina.

Y es que, según dicen los enterados, son muchos los intereses económicos, empezando por los del propio presidente municipal, de empresarios, de comerciantes y de los organizadores del evento que le han invertido buena lana.

En Ciudad Juárez dice el común que, en vez de organizar la Feria, Cabada debería de ponerse a arreglar los baches, la bronca de la empresa de recolección de basura, terminar de poner las lámparas prometidas del alumbrado público y ponerles orden a las obras del Gobierno del Estado. Por cierto, Cabada sigue muy de la mano de Corral.

También dice la raza que la familia Cabada no se conforma con usufructuar el parque Borunda, mismo que han explotado muchos años sin el menor pudor.

Y el que debería de pensarla tres veces es el administrador de la Ciudad, Víctor Manuel Ortega Muñoz, quien tiene bajo su responsabilidad la organización de la Feria, por aquello de las auditorías y los problemas que se puedan presentar en el futuro. Cabada no piensa en eso, ya tiene fuero.

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Como lo adelantó Mirone en días pasados, ya salió el peine. El grupo de morenos, entre los que se cuentan militantes reconocidos como Martín Chaparro y Jesús Zamarrón, y activistas como Imelda Marrufo de la Red Mesa de Mujeres, están impulsando al abogado derechohumanista y actual visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Santiago González, para ocupar un puesto en el próximo gabinete de la administración municipal de Cruz Pérez Cuéllar.

A Chago González lo quieren ver en la oficina de la Dirección Municipal de Derechos Humanos y harán lo necesario para que el próximo presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar lo considere en su gabinete.

Los impulsores del derechohumanista presentan como sus credenciales su destacado papel en el esclarecimiento del caso de las mujeres desaparecidas y encontradas en el Arroyo el Navajo.

Esperan que su nombramiento garantice una verdadera representatividad de las bases de Morena en las filas del próximo equipo crucista. Lo apoyan, además, Mary Adame, Antonio Domínguez, así como la síndica electa Esther Mejía, entre otros “grillos” morenos.

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A propósito de “grillos”, en Morena todos se han dado cuenta del distanciamiento que ha tenido la síndica electa, Esther Mejía, del alcalde electo Cruz Pérez Cuéllar, para aliarse a los proyectos políticos del excandidato a gobernador Juan Carlos Loera de la Rosa.

Las lenguas venenosas comentan que el agradecimiento no se mide solo con palabras, sino con acciones. Y es que Esther Mejía da mucho de qué hablar por no faltar a los eventos del todavía diputado federal Loera de la Rosa.

Vale recordar que la diputada consiguió la candidatura a la sindicatura gracias al apoyo del senador y que durante la campaña también fue cobijada por Pérez Cuéllar. Tal vez alguien le ha recomendado a la síndica electa separarse un poquito de Cruz, ya que en breve llegará a la sindicatura y tendrá que aparentar autonomía en su nuevo encargo, en donde su principal función será señalar los yerros de la administración municipal.

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En terrenos blanquiazules comentan que Clara Torres, responsable de la oficina de transición de Maru Campos en Juárez, anda muy interesada en meter a actores que no llevan en el ADN al PAN. Las fuentes de Mirone aseguran que Torres se ha empeñado en incluir en el proceso de entrega-recepción de las oficinas estatales de la zona norte a personajes ligados al priista Leopoldo Canizáles.

El lunes pasado Clara y varios de sus allegados tuvieron una comida en el Shangri-La con varios de los afines a Polo, entre los que se encontraba su sobrino Alejandro Loaeza Canizáles.

Aunque la gente del ingeniero y su equipo apoyaron las campañas de Maru Campos y de Javier González Mocken, los panistas de cepa se sienten vulnerados por los arribistas.

Por cierto, en la oficina de transición de Maru Campos en Juárez, que instaló Clara Torres en la Plaza Américas, Ricardo Vega y Marco Polo Rodríguez se disputan el trabajo para recibir los currículums de todos aquellos que participaron en la campaña y que ahora buscan una oportunidad de trabajo en el nuevo Gobierno.

Dicen las lenguas de triple filo que Ricardo Vega se siente como “El Padrino”, cuando les dice a los incautos que llegan a dejar sus currículums, “que los va a apoyar para conseguir algo bueno, pero algún día los va a llamar para cobrar el favor”.

Mientras que Marco Polo Rodríguez, quien fue operador de la campaña, se limita a recibir documentos y a canalizarlos a quién corresponda.