AYER INICIARON formalmente los trabajos de la entrega–recepción de la administración de Enrique Serrano–Javier González Mocken al presidente entrante Armando Cabada Alvídrez. Ayer solo se entregó el primer oficio. La reunión se llevará a cabo hoy al mediodía.
LLAMÓ LA atención la transparencia con que está manejando las cosas el futuro alcalde independiente. Por la mañana formalizó a Polo Canizales como el encargado de la transición e informó que el costo de la auditoría profesional será de 1.2 millones de pesos. El monto es alto pero también se sabe que la tarea no será nada sencilla.
POLO CANIZALES se apersonó en la presidencia municipal para entregar la documentación con la que se inicia este burocrático proceso. Se hizo acompañar de Juan Manuel Álvarez, representante de la empresa encargada de la auditoría.
PARTICIPAN EN LA entrega–recepción por el equipo cabadista, además, Alejandro Loaeza, Gerardo Castillo, Carlos Corona y un lamentable pelo en la sopa de tamaño puercoespín, Luis Manuel Aguirre, un exfuncionario de triste memoria en el SAT, en el peor régimen municipal de la historia de Juárez, el de “Cuchi Cuchi” Reyes Ferriz, y mal afamado manejador del beisbol por muchos años en esta frontera. Esperemos que Cabada le maneje buena rienda, porque de lo contrario hará chilar y huerto. Al tiempo.
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DE ACUERDO CON el artículo 18 de la Ley de Entrega–Recepción, una vez definidos los responsables de ese movimiento se deberán integrar un sinnúmero de datos en un acta de entrega-recepción que deberá incluir desde el lugar, fecha y hora de inicio y conclusión del trámite; los datos del municipio que se trata, los particulares de los encargados del trámite, enlaces, testigos, etcétera.
EN EL ACTA deberá añadirse las observaciones correspondientes por área; declaraciones patrimoniales de los participantes, dirección para entregar notificaciones. Vaya, es todo el trámite como si se tratara de un proceso legal o algo más complicado.
SOBRE EL DETALLE de la entrega se debe añadir al acta información: estructura orgánica, justificación del marco jurídico, recursos humanos, recursos financieros (incluyendo informes presupuestarios y estados financieros); así como recursos materiales, que comprendan bienes inmuebles, infraestructura, construcciones en proceso y bienes muebles; aquí se incluyen sistemas electrónicos y “otros activos intangibles”, incluyendo las claves para su acceso.
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PARECE APRESURADO hablar del 2018, pero ya está a la vuelta de la esquina. En Chihuahua habrá elecciones federales, municipales y legislativas. En la parte federal viene presidente de la República, diputados federales y senadores; en la local, alcaldes, diputados y síndicos.
QUIENES GANARON alcaldías y diputaciones locales el pasado 5 de junio y pretenden la reelección en el 2018 deberán tener la habilidad y la inteligencia suficientes para desempeñar un buen papel como autoridades, pero sin dejar de lado la campaña hacia la reelección.
EN ESAS anda el síndico de la capital Chihuahua, Miguel Riggs Baeza, aunque no en busca de repetir en la sindicatura, sino en disputar la candidatura nada más y nada menos que a la alcaldesa electa de su propio partido, Maru Campos. Está integrando su equipo para arrancar sus funciones como síndico y también para conseguir la alcaldía en dos años.
A RIGGS se le acomodan las calabazas porque forma parte del equipo del gobernador electo Javier Corral, y la decisión correspondiente deberá ser tomada por una dirigencia del partido que podría estar entre Ramón Galindo o Rocío Reza, del propio equipo corralista. Los cambios en la dirigencia estatal panista serán apenas se termine de acomodar Javier en su silla de gobernador constitucional.
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EN ESTOS DÍAS se ha intensificado la pelea por las dirigencias de las secciones Octava y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Ambas tendrán relevo de sus secretarios generales en 15 días.
EL ENCANTO por el control de esos gremios no tiene que ver solo con la cantidad enorme de sus integrantes, unos 40 mil la Octava y unos 20 mil la 42, (estos números le ofrecieron durante décadas al PRI un ejército electoral impresionante que ahora está al servicio principalmente del Panal); lo más atractivo son las cantidades industriales de dinero que ahí se manejan.
ASÍ NOMÁS de a fuerzas cada integrante del sindicato no toca el dos por ciento de su salario porque obligatoriamente va al SNTE. Y si el promedio de ingresos de maestros y personal administrativo ronda los 12 mil pesos mensuales, tenemos que al año el embolso para la 42 ronda los 60 millones de pesos y el doble, 120 millones, para la Octava, dinero que no tiene fiscalización alguna de la base magisterial.
Y LE ACLARAN a Mirone que no es ni siquiera ese el principal negocio en el SNTE, sino las casas de empeño y préstamos que los dirigentes sindicales han instalado por todas partes y donde el dinero es 20 o 30 veces mayor, porque ahí no hablamos de “inversiones” de 240 pesos mensuales de cada uno, sino en muchos casos hasta de la mitad del salario.
LA 42 INAUGURARÁ este viernes un edificio social deportivo en tierra chihuahuita que tiene algunos millones en anomalías. Mañana entramos al tema… o el jueves
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EL PRÓXIMO jueves estará en Ciudad Juárez el director general de Aduanas, Ricardo Treviño Chapa. Viene a petición de los empresarios formales para tratar de darle solución al problema de los autos usados.
SE TIENE contemplado establecer mesas de trabajo con los empresarios relacionados a la distribución de vehículos nuevos y seminuevos, con los agentes aduanales y con los líderes que tienen que ver con la importación de vehículos usados.
LO ANTERIOR es producto de un encuentro realizado la semana pasada en la Ciudad de México entre integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y el propio director General de Aduanas, en donde los empresarios buscarán cerrarle la puerta a los vehículos de procedencia extranjera y, a la vez, ponerle un freno a la intención de las autoridades estatales de regularizar más de 60 mil vehículos chocolate.
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SEIS QUINCENAS más dijeron ayer la regidora Marcela Luna del Partido Verde Ecologista de México y el síndico Fernando Martínez Acosta, quienes volvieron a las reuniones de Cabildo, después de su reprobada aventura por la pasada elección constitucional.
LA REGIDORA verde–ecologista se fue en búsqueda de una diputación por el distrito 10; sabía que la cuesta era hacia arriba, pero tenía que seguir las indicaciones de su comandante en jefe, la lideresa estatal del Verde, María Ávila Serna. En cambio, Fernando Martínez se había ido a la “segura” como candidato a diputado por el distrito 06.
AL IGUAL QUE ellos, nos reportan, así han ido cayendo uno a uno los funcionarios que renunciaron, de casi todas las áreas, para irse de candidatos, de asesores, de lo que fuere en la pasada elección, ya casi todos están en sus lugares otra vez.
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EL CALVARIO chihuahuita no tiene fin. Más de 200 mil personas tuvieron que ser transportadas en condiciones de total inseguridad, a bordo de patrullas tipo pick up de las policías municipal y estatal, al cumplirse el lunes el cuarto consecutivo de paro total de choferes los camiones urbanos.
LOS OPERADORES del ViveBús, tanto de los 84 camiones de la ruta troncal como 460 de las alimentadoras, siguen montados en su macho de que les paguen el bono de horas extras, salarios caídos y cuotas de IMSS e Infonavit que no se han liquidado desde hace meses.
LOS CONCESIONARIOS encabezados por Francisco Lozoya, personero de Doroteo Zapata, secretario general de la priista CTM y la mano que mece la cuna en todo el embrollo del Sistema de Transporte Colectivo de la capital, tuvo el descaro de llegar a Palacio supuestamente para colaborar con el problema, cuando quienes deben el grueso del dinero son ellos, como la parte patronal de la CTC, que agrupa a los concesionarios de las rutas alimentadoras.
LA COSA es que la línea troncal, por la que circulan los 84 unidades del ViveBús, bajo control del Gobierno del Estado, también está fuera de circulación, porque esos choferes se sumaron a la huelga, por más declaratorias de ilegalidad que hagan el secretario general de Gobierno, Mario Trevizo y el director de Transporte, Gustavo Morales.
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DOS PUNTOS novedosos en esa crisis se dieron ayer: por un lado la presencia de Raúl Rodríguez, dirigente de los concesionarios fronterizos, agrupados en la empresa Intra que maneja aquí el ViveBús y por otro, el pronunciamiento que hizo el gobernador electo, Javier Corral, anunciando que está enfocado en la búsqueda de soluciones definitivas “a la pesadilla” del transporte público en Chihuahua, para cambiar todo el esquema desde el primer día del próximo gobierno, por allá del cuatro de octubre.
MIENTRAS esa fecha lejana aún llega, Corral pidió al Gobierno actual atender la crisis, y a la ciudadanos que tienen vehículos personales o familiares, le hizo un llamado a ser solidarios con los demás, sumándose a trasladar gente a lo largo de sus trayectos cotidianos. En la misma tesitura está la alcaldesa electa de Chihuahua, María Eugenia Campos, explicó que ahora están impedidos legalmente para actuar, pero lo harán desde el primer día que tomen posesión del gobierno. ¿Impedidos? No habrán tomado protesta pero tampoco están amarrados. Sin duda una desafortunada justificación.
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AYER los diputados locales desahogaron un nuevo periodo extraodinario de sesiones para nombrar como magistrada interina a la abogada, Angélica Jurado Luna, quien sustituye temporalmente en la quinta sala civil al magistrado, Juan Antonio Juárez Villarreal quien pasó a su dorado retiro. La nueva magistrada ya formaba parte del Poder Judicial, y su elección salió en una segunda ronda de votación, tras un empate en la primera.
ANTES del 18 de junio, día en que inician las vacaciones del personal del Congreso del Estado, está contemplado otro periodo extraordinario, y en agosto habrá al menos otros cuatro de ellos.
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HABLANDO de la impugnación que está en manos del Tribunal Estatal Electoral, y particularmente en las de su presidente, César Wong, dentro de esa judicatura sigue durísimo el jaloneo entre quienes trabajan en el expediente. Si bien Wong será el ponente, los otros cuatro abogados también están arrastrando el lápiz en proyectos distintos de sentencia, en espera de ver de qué cuero salen más correas y de dónde llegará finalmente la instrucción política definitiva. Porque de que llegará consigna, llegará.
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COMO en la rola del dueto Sin Bandera, “Mientes tan bien”, el Gobierno federal y la Secretaría de Hacienda volvieron a jugarles el dedo en la boca a más de 120 millones de mexicanos a los que prometieron que la reforma energética traería la disminución en el precio de los energéticos.
AYER la Comisión Federal de Electricidad recetó un incremento a las tarifas eléctricas, del 2 al 5 por ciento, supuestamente solo para hogares de mayor consumo. El anuncio se da a cinco días de otro aumento aplicado a los precios de las gasolinas, de 24 centavos en el litro de magna y 34 en la premium.
EL AÑO PASADO, cuando se discutía la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseguraba que no habría más incrementos a los energéticos, y que por el contrario, la reforma en esa materia garantizaba la disminución paulatina en costos de energía eléctrica y carburantes. Ahora vemos que mintió.