En estos momentos, ninguna operación inmobiliaria en la que intervengan gobiernos o funcionarios, se salva del escrutinio público y hasta de la suspicacia.
Lo dice Mirone por lo que acaba de ocurrir en Nuevo Casas Grandes, donde la alcaldesa Cynthia Ceballos está en la antesala del juicio penal por su presunta participación en la venta ilegal de seis predios municipales.
En ese contexto, que además se enrarece por las cuestiones estrictamente político-electorales, va a dar mucho de qué hablar una operación que ayer se discutió en la Comisión de Enajenaciones del Ayuntamiento de Juárez.
Resulta que en marzo de este 2023 se concretó una operación de compra-venta entre la Dirección de Patrimonio del Gobierno Municipal y el empresario Valentín Fuentes Varela.
Patrimonio le pagó al poderoso empresario y terrateniente, padre de la exfuncionaria municipal y exdiputada federal, Adriana Fuentes Téllez, la cantidad de 7.8 millones de pesos por un predio de 30 mil metros cuadrados, para construir ahí el Rastro Tipo TIF, proyecto debidamente presupuestado para este 2023.
Ya no era Fuentes Téllez la coordinadora de Administración y Control de Proyectos Especiales del Gobierno Municipal cuando se concretó la compra, pero las negociaciones venían de tiempo atrás, cuando todavía era funcionaria.
El predio se localiza junto al libramiento de Guadalupe-Tornillo. Se supone que se compró en esa zona lejana de la ciudad por su ubicación estratégica a la hora de recibir ganado o carne para procesar. En la zona tienen más propiedades los hermanos de Adriana, Octavio y Valentín.
Nada más que se equivocaron los funcionarios y no verificaron bien algunas cuestiones legales de derechos de uso de suelo que no permitirían crecer el proyecto y tardarían en desatorarse por trámites federales y estatales. En la sesión de Comisión se conoció que hay un oficio del director general de Servicios Públicos Municipales, generado después de la compraventa, donde se informa que no cuenta el terreno con factibilidad de servicios, ni siquiera en un futuro próximo.
Frente a tremenda barrida, ahora tratan de enmendar la plana y lo que se presentó ayer a los regidores fue la propuesta de una permuta de predios. Quiere la administración hacer un trato con la empresa inmobiliaria FUVA S.A. de C.V. también de Fuentes Varela (de ahí las siglas), para que reciba el predio de Tornillo y entregue a cambio otro de las mismas dimensiones, pero cerca de la carretera Panamericana (en su lado poniente), poco antes de la entrada de la ciudad, más o menos a la altura de lo que era el penal federal.
En ese arreglo, el Gobierno Municipal tendría que entregarle a FUVA, un millón 400 mil pesos más, ya que la segunda opción es más cara, con un costo de 9 millones 200 mil pesos. La justificación para la nueva operación, es que el nuevo predio tiene mejor ubicación, pero no deja de sorprender que no lo hayan revisado antes.
La operación fue aprobada en la comisión con los votos a favor de la regidora morenista Ana Estrada y del petista Hugo Avitia. El panista Enrique Torres se abstuvo. Se espera que después se lleve a sesión de Cabildo.
Por lo pronto, desde ayer hubo discusión, ya que también está en duda que el equipamiento en la zona del segundo predio sea el adecuado, y haya factibilidad de servicios.
Torres cuestionó la adquisición del segundo predio porque supuestamente aparece en el Registro Público que cuenta con cinco gravámenes distintos. También tiene la particularidad de que el terreno es parte de una mucho mayor, de 143 hectáreas que todavía no ha sido formalmente subdividido.
Todo ahí es puro desierto y caminos de terracería. El predio de poco más de 30 mil metros cuadrados se ubica a casi dos kilómetros de la carretera y tendrá conexión con una servidumbre. En la sesión de Comisión participó ayer el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz y dijo que hay premura para poder cumplir con ese proyecto ofrecido por el presidente municipal y que es necesario para la ciudad.
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Otra muy buena discusión alcanzará los terrenos legislativos, pero también pasará por Gobierno del Estado y tendrá un impacto muy importante para los municipios.
Se trata de la modificación legal y la definición de las reglas de operación para distribuir en los municipios las obras del Presupuesto Participativo estatal, figura que recientemente fue aprobada por el Congreso del Estado.
Están pendientes modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana y a su Reglamento, precisamente para fijar cómo se operarán y distribuirán los recursos que corresponden al 5 por ciento de todo el presupuesto de libre disposición del Gobierno del Estado.
Las cifras no son menores. Se habla de unos 2 mil millones de pesos los que deberán destinarse para las obras que pida la comunidad. Y como se tendrían que distribuir conforme al porcentaje de población en cada municipio, a Juárez le corresponderían unos 800 millones, el 40 por ciento del total.
No se sabe cómo se operaría, por eso el gran pendiente y la inquietud de organizaciones de la sociedad civil que solicitaron al Congreso del Estado, realizar una audiencia pública sobre el tema.
Ayer se realizó la primera en la capital del estado. El próximo 22 de noviembre habrá otra en Juárez, en la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El Presupuesto Participativo es todo un tema. Hay muchas lagunas que han impacto en retrasos en las obras, como ha ocurrido en Juárez, donde se distribuyen más de 300 millones de pesos.
Ya sumados los presupuestos del estado con los municipales harán muy buena bolsa para los próximos años. El 2024 tiene el elemento extra de que es año electoral, así que todo mundo andará muy activo, unos pidiendo obras en sus colonias y compitiendo por ellas, otros prometiéndolas o entregándolas.
Actualmente, hasta un amparo se promovió por parte de la diputada local Marisela Terrazas, quien reclama que en Juárez no se ha informado debidamente sobre la evaluación que se hizo de cada uno de expedientes registrados para este 2023, además de la falta de consejeros ciudadanos en el seguimiento del proceso.
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Finalmente cerró ayer la etapa de elección de consejeros en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con la inédita segunda ronda de votación de desempate en el Departamento de Arquitectura.
La disidencia peleó hasta el último momento, pero se impuso la candidatura “oficial” con un solo voto de diferencia. Luis Terrazas obtuvo 17 sufragios y Sara Morales 16, por lo que Terrazas se convertirá en consejero universitario a partir de enero del próximo año.
Junto con los otros 39 consejeros docentes y alumnos electos el 9 de noviembre, además de los cuatro directores de instituto, Terrazas podrá votar en agosto, cuando se elija al sucesor (o sucesora, si hay sorpresa) de Ignacio Camargo Nassar.
La diferencia finalmente fue la “cargada” que movilizó al personal administrativo, en favor de la opción que de alguna manera representaba el mismo equipo de la estructura de poder, como históricamente ha ocurrido en la UACJ.
Integrado el Consejo Universitario, ya se verá el próximo año cómo se opera para la sucesión con ese órgano colegiado al que llegaron unos cuantos consejeros estudiantes por la vía de las planillas alternativas. El gran pendiente no es la definición, o confirmación de la persona que encarnará la sucesión, sino la democratización de la Máxima Casa de Estudios.
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No vaya a ser que se les pase a sus respectivos partidos, pero ayer tanto el panista alcalde de la capital, Marco Bonilla, como el juarense morenista, Cruz Pérez Cuéllar, reconfirmaron públicamente que van por la reelección.
Cruz tuvo evento público y les dijo a las y los periodistas que el mismo lunes 20, cuando arranca el periodo de tres días, realizará su registro en la plataforma digital que habilitó Morena, para ser considerado en la encuesta.
No habrá show como el que hicieron algunas de las diputadas de su mismo partido que armaron mitin después de registrarse como aspirantes a la senaduría.
El alcalde dijo saber que algunos regidores también se registrarán en busca de la reelección o para alguna diputación local. Al menos mencionó a Antonio Domínguez, Patricia Mendoza y Jorge Bueno.
También adelantó que varios funcionarios le han solicitado audiencia, por lo que se prevé que se sumen a la lista de los que quieren ser candidatos en la elección local de regidores, síndico y diputados.
En la ciudad de Chihuahua, el alcalde Marco Bonilla declaró abiertamente que ya notificó, a la dirigencia del PAN, su intención de buscar la reelección.
A diferencia de Cruz, Bonilla no parece tener competencia alguna en Chihuahua. Ya nomás faltaría la definición de si el PAN va solo, o se acuerpa con el PRI en el Frente Amplio por México para las elecciones locales.