Por muchas razones económicas, políticas, sociales y hasta de salud, por la emergencia que generó la pandemia, el tema de los autos chuecos se mantuvo en el cajón de los pendientes gubernamentales, dejando en el limbo y a merced de las extorsiones policiacas a miles de juarenses, que por necesidad tienen un auto de procedencia extranjera que no fue legalmente importado y que, por consecuencia, no tiene registro ni placas.

Los autos chuecos han sido, por décadas, motivo de polémica y controversia legal, por la supuesta competencia ilegal que le representan a las agencias de autos nuevos y usados. También han sido utilizados como objetivo clientelar en los procesos electorales para ganar votos, aunque después se queden en simples promesas de campaña, sin olvidar que muchos de esos vehículos son utilizados por la delincuencia organizada para cometer sus crímenes.

Las organizaciones que han encontrado en este mercado de los chuecos un jugoso negocio, por la expedición anual de placas de cartón que carecen de validez legal, tienen un padrón de 100 mil vehículos irregulares registrados en el estado de Chihuahua.

De ese número, 60 mil circulan en Ciudad Juárez, de acuerdo con datos que, en septiembre del 2020, dio a conocer el grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz, fecha en que recomendaron al Gobierno del Estado el decomiso de chuecos, por considerar que el 80 por ciento de los delitos dolosos se cometían en este tipo de unidades no identificadas.

La medida ordenada en aquel entonces por Javier Corral a la Fiscalía General del Estado, conducida por César Peniche, no bajó el índice de delitos, pero sí aumentó el número de quejas por extorsión de las fuerzas policiacas, que vieron en la amenaza del decomiso un jugoso negocio, como siempre ha ocurrido cuando se anuncian operativos contra los chuecos.

Durante su visita a Juárez, en agosto de este año, el presidente López Obrador anunció que en septiembre iniciaría el proceso de regularización de vehículos internados de manera ilegal a territorio mexicano, empezando por Baja California, y anticipó que antes de terminar el año se realizará en esta frontera.

Aunque en Baja California el Gobierno del Estado comenzó un registro de los vehículos chocolate, aún no se tienen las reglas del Gobierno federal para su regularización, pero el primer paso está dado con el levantamiento del padrón.

Mientras tanto, en el estado de Chihuahua, las autoridades estatales recién estrenadas no han tocado el tema, probablemente porque aún se están acomodando en sus oficinas, pero dejan a un lado un programa importante que ya está autorizado y que, independientemente de que será un alivio para miles de familias que podrán salvaguardar su patrimonio, ayudará en materia de seguridad para evitar que los malandros usen vehículos fantasmas para sus fechorías. 

Por todo lo anterior, resulta relevante el hecho de que la fracción de Morena en el Congreso del Estado, le haya ganado el mandado al Gobierno estatal, tomando el tema con una iniciativa con carácter de acuerdo, de urgente resolución, en la sesión ordinaria del pasado jueves.

Fue la diputada María Antonieta Pérez quien subió a la tribuna para proponer la iniciativa, que solicita al Ejecutivo federal que implemente, por conducto de la Secretarías de Hacienda y de Economía, un programa con carácter de urgente de regularización de vehículos chuecos, principalmente en el estado de Chihuahua.

Resulta obvio que los diputados morenistas no están inventando el hilo negro, pues simplemente retomaron la iniciativa al ver el vacío que había, y por tratarse de un asunto autorizado previamente por el presidente de la República.

Lo interesante de este acuerdo, propuesto por la fracción morenista, estriba en que piden a la federación que los recursos que se obtengan de este programa de regularización en la entidad, sean distribuidos en los tres niveles de gobierno y que no se destinen a gasto corriente, sino a obra y servicios, hecho que marcaría un precedente en el país.

La diputada Pérez expuso que el destino de los ingresos que dejará el programa de regularización, debe entregarse en justicia también al Estado y a los municipios para ayudar en la difícil situación económica por la que atraviesan en estos momentos.

No lo dijo por su nombre, pero se refirió al desastre que dejaron tanto en las finanzas estatales como en las del municipio de Juárez, Javier Corral y Armando Cabada, respectivamente.

La pichada no está mal tirada si se considera que, a mayor tasa impositiva es menor la recaudación, y que, en el caso de las importaciones de autos, el impuesto actual es muy alto y, por consecuencia, el ingreso es muy bajo.

“Sabemos que existe una ley aduanera, pero son muchas las inconformidades de los ciudadanos por el elevado costo que representa la importación y que fluctúa en un 37 por ciento del valor comercial del auto, que puede llegar hasta el 50 por ciento, lo que está muy lejos del presupuesto de las familias fronterizas”, dijo la diputada juarense.

Sobre la inconformidad e impacto negativo que los programas de regularización de chuecos han provocado siempre en la industria automotriz, los morenistas argumentaron que el mercado comercial no es el mismo en el de los autos nuevos, usados y chuecos.

Aseguraron en su exposición de motivos que el 70 por ciento de los juarenses no tienen posibilidad de tener un auto nuevo, de agencia, y que por lo mismo, debe prevalecer la protección del patrimonio familiar que representa en Juárez tener un auto chueco, sobre cualquier medida recaudatoria.

Un punto interesante se dio cuando reconocieron que la falta de internación legal de esos vehículos genera una constante corrupción en los retenes de las Policías estatales y municipales, pero principalmente en los de la Guardia Nacional, corporación que actualmente ocupa los primeros lugares en violación de los derechos humanos y extorsión, nada más en la frontera norte.

Para rematar, María Antonieta dijo que la pobre infraestructura que existe en Juárez no va de acuerdo con la cultura del esfuerzo de sus habitantes, porque no hay un transporte digno, ni calles seguras, por lo que tener un vehículo propio, aunque sea chueco, no es un lujo, sino una necesidad.

Ciertamente que con la regularización de los chuecos terminarían problemas atávicos, como el millonario negocio de los tramitadores que lucran con registros sin validez y placas de cartón; acabarían las extorsiones de los policías cazachocolates; los malandros no tendrían posibilidad de cometer sus crímenes en autos fantasmas y el enorme padrón dejaría de tener un uso electorero.

Sin embargo, y ahí está el pero, ¿qué pasará después del hipotético caso de que todos los chuecos sean regularizados? ¿Se va a reanudar el flujo de vendedores de autos usados procedentes de los remates de los Estados Unidos y los van a frenar en las aduanas mexicanas?

Resulta ingenuo pensar que, con otra regularización, el millonario negocio de los chuecos se va a terminar, pero alguien tiene que tomar el toro por los cuernos si realmente quieren que esta iniciativa prospere. Por lo mismo, mientras las aduanas sigan complacientes y pase todo lo que quepa por los puentes, el problema continuará sin remedio.

Podrán argumentar que con la militarización de las aduanas mexicanas se terminó la corrupción, pero lo mismo se dijo del Instituto Nacional de Migración, y los traficantes de seres humanos siguen haciendo el gran negocio, con la venia de los señores uniformados.

Por lo pronto, esperemos a diciembre, cuando supuestamente la regularización llegará a Juárez. Mientras tanto, a seguir aguantando los retenes donde la Guardia Nacional “vacuna” a los juarenses propietarios de chuecos, y no precisamente contra el Covid-19.