Con 274 votos a favor y 220 en contra, el miércoles por la noche se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados la miscelánea fiscal propuesta en el paquete económico 2022, que incluye cambios en las leyes del IVA, ISR, IEPS, aduanera, del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y al Código Fiscal de la Federación (CFF).
En esta se aprueba que los mayores de 18 años cuenten con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), pese a que no ejerzan ninguna actividad económica, para evitar que sean usados como prestanombres o sean registrados como dueños de empresas fantasma.
Una de las reformas a la ley del ISR que más ruido ha hecho, es la que se refiere a la reducción del monto de donativos que pueden ser deducibles en el pago de impuestos por las empresas y particulares que practican la filantropía.
Resulta por demás extraño que, pese a las consecuencias que tendrá ese tope de ingresos para las organizaciones de la sociedad civil, que viven y trabajan con los donativos, la mayoría permanezcan pasivas, mirando a la distancia cómo le dan el tiro de gracia a su altruismo.
En Juárez, como en todas las fronteras del norte del país, son cientos de organizaciones de la sociedad civil que trabajan desinteresadamente prestando servicios a la comunidad sin esperar nada a cambio, tan solo la satisfacción del deber cumplido.
Desde grupos que atienden niños con cáncer y otros padecimientos graves, organizaciones que apoyan con techo y comida a los migrantes, pasando por las ONG’s que apoyan mujeres víctimas de violencia, hasta los clubes rotarios, que generan apoyos a la comunidad por millones de dólares al año a través de donativos y recursos de la fundación de Rotary Internacional, son muchas las OSC que pueden quedar a la deriva por las modificaciones a la ley del impuesto sobre la renta.
La reforma, que pretende ignorar las contribuciones de la sociedad civil organizada ante la falta de capacidad del Gobierno para atender y solventar las carencias de la población vulnerable, ha despertado rechazo e inconformidad en organizaciones empresariales a nivel nacional, pero en la frontera, las OSC mantienen un silencio peligroso para los intereses que representan en favor de miles de personas.
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó el pasado lunes en su sitio web un trabajo de investigación sobren este el tema, titulado “Gobierno federal amenaza el funcionamiento de sociedad civil”.
De entrada, cita textualmente: “Los ataques y descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), se han transformado en iniciativas y reformas que tienen la clara intención de limitar y condicionar el financiamiento de dichas organizaciones.
Primero se trató de una iniciativa para reformar la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que permaneció en trámite en el Senado y se señala que las organizaciones generan un costo importante para la recaudación y carecen de regulación sobre el uso de sus recursos.
Ahora, como parte del Paquete Económico 2022, se incluyen cambios en la ley del ISR que limitarán de manera sustantiva la deducibilidad de donativos y disminuirá los recursos que las OSCs podrán recibir para su operación”.
Hay que resaltar que las voces que hasta ahora han defendido la iniciativa de reforma fiscal propuesta por el ejecutivo federal, no están vinculadas al servicio comunitario, ni como ONG’s, OSC o donatarias. Por lo mismo, no conocen las necesidades y penurias que viven las organizaciones que por años han suplido las obligaciones que el Gobierno ha dejado de cumplir por incapacidad, negligencia o corrupción.
………………
Norte Digital publicó en días pasados un trabajo periodístico sobre las deplorables condiciones en que se encuentran las calles pavimentadas de Juárez, con retazos y destrozos de todos tamaños, que dejan las obras de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y la compañía de Gas Natural.
A raíz de ello, vecinos del fraccionamiento Campestre Arboledas, se comunicaron con Mirone para plantear una queja sobre los abusos que el Gobierno municipal, la JMAS y hasta Vialidad cometieron cuando solicitaron permiso para reparar un tramo del sistema de drenaje colapsado de sus viviendas.
Los vecinos informaron del viacrucis que pasaron para lograr la autorización de apertura de una zanja en la calle Arizona, con el propósito de hacer una reposición de un tramo del drenaje dañado, que les estaba causando problemas sanitarios en sus domicilios.
En primer lugar, para que les permitieran la pequeña obra, tuvieron que pagar más de 7 mil pesos en la dirección de Desarrollo Urbano y en Obras Públicas, por la autorización de apertura de zanja y el costo del recarpeteo.
Después de pagar les dijeron que la autorización tardaría 10 días, cuando menos.
Por la urgencia sanitaria de la obra, tuvieron que hacer gestiones en otras instancias donde les ayudaron para que el permiso se los dieran en 5 días. Luego acudieron a la JMAS para tramitar otro permiso de reposición de la tubería del drenaje colapsada, que les costó 300 pesos.
Cuando habían comenzado la obra, después de varios días de espera y de vivir con el problema del drenaje colapsado, les cayeron agentes de Vialidad que interrumpieron los trabajos, porque no tenían permiso para bloquear parcialmente la calle.
Tras superar toda la burocracia y reiniciar el trabajo, los vecinos analizaron su situación y se preguntaron si todos los daños que causan la Junta de Aguas y la compañía de gas en las calles, cumplen con todos estos requisitos.
A diferencia de cualquier simple mortal, que está obligado a recorrer todo el proceso burocrático de dos semanas para hacer una simple reparación, pagando además el costo del pavimento, las descentralizada del agua y la empresa gasera son toleradas para que hagan y deshagan en las calles de Juárez, como si les pertenecieran.
Basta con recorrer la avenida De la Raza desde el puente hasta la Plutarco Elías Calles para ver la zanja más reciente realizada por la gasera para introducir tubería, que quedó marcada como un trazo chueco, ondulado y fue cubierta con asfalto de mala calidad que dejó al descubierto varios tramos.
Los vecinos llegan al punto de retar a las autoridades a que informen si todos los agujeros que han hecho las dos empresas han sido autorizados y pagados los respectivos permisos al Municipio, porque si se considera que todas las calles tienen parches por los trabajos realizados, los ingresos deben ser enormes.
Es esta una observación pertinente, por la condición de desastre en que el Gobierno del Estado dejó a la ciudad con las obras del sistema de transporte, lo que agrava la mala calidad de las calles, que asemejan rompecabezas por los baches y parches que se ven por todos lados.
………………
Toda una incógnita que ha desatado muchas especulaciones en los medios y en el gabinete, generó la salida de César Navarrete como coordinador de Comunicación Social del gobierno de Maru Campos.
César Navarrete era considerado uno de sus más cercanos colaboradores que gozaba de toda la confianza de la gobernadora. Estaba en el proyecto de Maru desde que fue diputada local y luego alcaldesa de Chihuahua. Fue su principal estratega en su reelección y pieza fundamental en la precampaña interna del PAN para alcanzar la candidatura a la gubernatura y vencer a Gustavo Madero y a Javier Corral.
En la guerra sucia que Corral y Madero emprendieron en contra de Maru, durante la campaña constitucional para evitar que ganara, Navarrete fue una de sus principales fortalezas para desactivar la crisis que buscaban generarle y revertir el efecto negativo frente al electorado.
Fue también una pieza determinante para anular la estrategia negra del candidato de Morena, que buscaba por todos los medios descarrilar la campaña de Maru.
Al ganar la gubernatura, Navarrete se convirtió por default en el asesor más cercano de Maru, con derecho de picaporte y de veto, contra el ejército de busca chambas que surgieron de la nada y reclamaron espacios.
Por lo mismo, si Navarrete se la rifó con Maru desde que fue legisladora hasta alcanzar la máxima posición del poder político en la entidad, resulta ingenuo pensar que renunció a la primera de cambios para regresar a la capital del país y atender asuntos de la agenda de medios de la gobernadora.
Su salida y regreso a su tierra representa en el lenguaje político un exilio, cuando el Gobierno apenas comienza y el de Maru no enfrenta aún ninguna crisis en materia de comunicación, porque todavía vive la etapa de luna de miel con la sociedad y los medios.
Sin embargo, la gobernadora debe haber tenido una causa muy fuerte para tomar la decisión de desprenderse de los servicios de César, su amigo y asesor principal.