Resulta increíble pensar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no haya sido informado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, del acuerdo firmado el pasado 22 de octubre con la gobernadora Maru Campos, para terminar con el conflicto del agua de Chihuahua, que alcanzó su clímax en el 2020, cuando estalló la violencia y fue asesinada una mujer campesina.
Y decimos increíble, porque durante la mañanera de ayer, el jefe del ejecutivo federal dijo que se enteró por los medios de comunicación del acuerdo en cuestión, cuando es del dominio público que la Secretaría de Gobernación representa los ojos y oídos del presidente y nadie se traga el cuento de que se lo hayan brincado para firmar el pacto con el Estado de Chihuahua.
“Me llamó la atención porque me enteré por los medios; hay que ver qué acuerdos, me voy a informar”, dijo AMLO en su conferencia matutina en Palacio Nacional. Luego añadió, en referencia al desalojo voluntario que hicieron los campesinos de la presa La Boquilla, donde mantenían un campamento, que vio una foto en el periódico, pero no vio a ninguna autoridad federal ni a los dirigentes del movimiento. Quizá se le olvidó que a los líderes principales los tiene presos acusados hasta de terrorismo.
El presidente insistió en que en el movimiento de los productores de Chihuahua participó la delincuencia organizada, y en que los que tomaron la presa La Boquilla son acaparadores del agua.
No pasó por alto que los Gobiernos municipales y del Estado de aquel entonces, actuaron mal al dejar crecer el problema, refiriéndose particularmente al exgobernador Javier Corral, sin mencionar su nombre. Lo que no dijo y dejó en el aire, fue si respetará el acuerdo firmado con la Segob. “Vamos a ver en qué condiciones se llegó a un arreglo”.
Sus palabras en la mañanera tuvieron un fuerte impacto en Palacio de Gobierno del Estado, porque sus principales inquilinos no daban crédito a tal desconocimiento del acuerdo, pero al final de cuentas prevaleció la serenidad, cuando recordaron aquel dicho popular de “papelito manda”, porque el arreglo con Segob no fue únicamente de palabra, sino por escrito, con sello y firma de las dos instancias de Gobierno involucradas, además de los productores agrícolas que participaron como testigos en el acto.
Revisando en el sitio web de Gobernación el mensaje que dio en la firma de dicho acuerdo su titular, Adán Augusto López Hernández, no deja lugar a duda de que el convenio para terminar el conflicto tenía la venia del presidente de la República.
El secretario reconoció que la iniciativa de solución fue de su subsecretario, Rabindranath Salazar, quien junto con la gobernadora Campos impulsaron el acuerdo.
Adán Augusto no dejó de señalarle a la gobernadora que detrás del movimiento social existen otros intereses. “Pero esos intereses se van y dejan a los movimientos sociales ahí al garete, como decimos en mi pueblo”, puntualizó, en clara referencia a lo que el presidente ha sostenido sobre personajes externos que estuvieron detrás del conflicto.
Sin embargo, el secretario reconoció en esa reunión “la autenticidad de su reclamo (de los productores) y creo que, en honor a ello, nosotros tenemos que dar todas las facilidades para que este conflicto se resuelva y que si queremos seguir disputando, pues hay vías legales, institucionales para hacerlo, para demostrar que tenemos o no la razón”.
También se refirió al asesinato de la mujer campesina y a los 4 agricultores detenidos. “Tenemos que hacer todo para que no se desborden los ánimos y que ese justo reclamo se conduzca de esa manera, que no paguen con su vida algunos inocentes y tampoco con su libertad quienes con justeza defienden lo que creen que es suyo”.
Al decir que el Gobierno debe brindar todas las condiciones para que problemas como este se puedan solucionar, Adán Augusto le echó flores a la gobernadora Campos, felicitándola por su convicción de saber hacer política tejiendo fino. “Si no hubiese la convicción de ella con firmeza, con altura de miras, con emoción social, pues esto no hubiera sido posible.”
Para terminar, López Hernández refrendó su disposición al diálogo. “Quiero decirles que más allá del compromiso por escrito que vamos a firmar la gobernadora y un servidor, tengan la seguridad que en ese acuerdo va nuestro compromiso que las cosas se hagan mejor y se hagan de distinta manera. Eso es lo que yo puedo ofrecerles”.
Si todo esto que dijo el secretario de Gobernación no implica que tenía la autorización del presidente para acordar el fin del conflicto, entonces estamos frente a un caso inédito de un presidente que ha concentrado todo el poder, y que es ignorado por el hombre de su mayor confianza, responsable de la gobernanza del país, lo cual resulta difícil de creer, desde el ángulo en que se mire.
Habrá que esperar otras mañaneras para conocer el fin de este desacuerdo que AMLO puso ayer en la agenda pública y que puede volver a prender las hogueras en el campo del Estado Grande.
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Muchos regidores se preguntan, menos los de Morena, porque son los más despistados, las razones que tiene la tesorera municipal, C.P. Dayira Raquel Fernández Martínez, para aplicar una política de puertas cerradas y llegar al extremo de utilizar los servicios de una asistente, para ahuyentarle a los ciudadanos que acuden a sus oficinas en busca de orientación y ayuda.
Ciertamente que la Tesorería Municipal no es una dependencia de consulta ciudadana, pero los juarenses que acuden a ella lo hacen buscando una solución, no una complicación a sus problemas como contribuyentes.
Por lo regular, quienes buscan hablar directamente con el responsable de Tesorería Municipal, en este caso Dayira, lo hacen porque tienen impuestos y recargos acumulados y quieren las facilidades que funcionarios menores les han negado.
El problema es que cuando llegan a la antesala de la tesorera, su hábil pero déspota asistente los intercepta para decirles que por ningún motivo serán recibidos por Dayira.
Lo ha hecho frente a regidores que han acompañado a un contribuyente hasta las oficinas de la Tesorería para intentar hablar con la titular, pero se han topado con pared. ¡Otra vez usted! ¡Qué no le dije que no lo va a recibir la tesorera!, le gritó a todo pulmón al ciudadano frente al sorprendido edil panista que iba a ser su gestor.
Si se rige por lo que dice el Código Municipal sobre su trabajo para coordinar la política hacendaría del Municipio y cumplir con las 17 funciones que dicha coordinación establece, la tesorera y su celosa portera olvidan que existe el derecho de audiencia, que asiste a cualquier ciudadano que busca ser escuchado cuando busca cumplir con sus obligaciones con el erario.
Si de plano tiene alergia por la atención ciudadana, entonces que contrate un asistente más competente y con mejor trato con el público, que pueda orientar y darles una salida decente a los planteamientos ciudadanos. De otra forma, que renuncie y se regrese a grupo Tomza, donde sus desplantes harán menor daño.
Por lo pronto, la contadora Fernández debe entender que al aceptar un cargo de responsabilidad en el Gobierno, se coloca en la vitrina de la opinión pública, donde está sujeta al escrutinio por lo que hace y deja de hacer, así de simple.