“Nuestro mayor legado será el combate a la corrupción, no debemos permitir que vuelvan a saquear al pueblo de Chihuahua”

Javier Corral

Esta frase se puede leer en las redes sociales del gobernador y en las páginas oficiales del Gobierno. No faltó quién le espetó: las omisiones, la indiferencia, la negligencia, también son corrupción y ¿al mal gobierno cómo deberíamos catalogarlo?

Queda claro que Corral tiene un concepto muy limitado respecto a la corrupción y sus perniciosos efectos. Parece que para el gobernador solamente el saqueo de las arcas públicas es corrupción. Y si ese fuera el significado único de corrupción, para muchos chihuahuenses su gobierno encuadraría perfectamente en el concepto que tanto ha utilizado como bandera.

Basta echarle un ojo a las obras que realiza el estado en Ciudad Juárez: el BRT-2, un proyecto que no fue socializado y que prácticamente fue impuesto a los juarenses, y cuyo costo es altísimo, tanto que en la frontera se respira un ambiente de fuertes suspicacias en torno a la existencia de posible corrupción en el uso de los recursos públicos destinados a la polémica obra pública.

Pero, suponiendo que no haya tal saqueo de fondos públicos en este gobierno, al voltear a ver, por ejemplo, los llamados puentes enanos y percatarnos de que geométricamente las gasas no están bien hechas, que no se respetaron los radios de giros de vuelta, que tampoco se calculó adecuadamente la geometría de los carriles en las obras de la avenida Francisco Villarreal, queda la inevitable sensación de obras a medias, hechas al vapor en el último tramo del actual gobierno. ¿Cómo se le puede llamar a todo esto, estimado lector?

Falta ver con detenimiento la manera en que Corral administró los recursos públicos, en qué condición de endeudamiento va a dejar al estado. También falta ver en qué condiciones está dejando a organismos descentralizados como Pensiones Civiles del Estado. Si escarbamos un poco en estos temas, es muy probable que encontremos asombrosas similitudes y coincidencias con el concepto bandera del góber, la dañina y cancerígena corrupción.

Junto a sus peroratas de combate a la corrupción, Javier Corral promueve el hashtag #JusticiaParaChihuahua, pero siendo objetivos, el góber le quedó a deber al pueblo de Chihuahua. ¿Dónde está César Duarte? ¿Dónde están ahora muchos de los que mandó encarcelar? ¿Cuántos amparos le han ganado a este gobierno? ¿Cuántos recursos interpuestos, incluso por César Duarte, han prosperado en contra de los objetivos de su gobierno?

El góber habla de justicia, pero la calidad del trabajo hecho por su fiscalía y los resultados obtenidos hablan por sí solos. Podemos hablar también de un aparato de procuración de justicia que terminó convertido en un instrumento político de Corral.

En torno a la Operación Justicia para Chihuahua, el caso de la periodista Miroslava Breach resulta emblemático. La sentencia contra el impresentable panista Hugo Schultz, al aceptar su culpabilidad en el asesinato de Miroslava, nos habla de cosas que el gobernador no quisiera recordar.

Mirone piensa en el tema. Resulta sumamente raro que Schultz no haya proporcionado ninguna información respecto a dos personajes estrechamente ligados a Javier Corral. Nos referimos al exvocero del PAN, Alfredo Piñera, y al actual director del Ichife, José Luévano Rodríguez. Estos individuos fueron quienes ayudaron a Schultz a grabar a Miroslava, para luego entregar dicha grabación al grupo criminal que finalmente la asesinó.

Resulta sumamente difícil creer que Piñera y Luévano actuaran en solitario y sin solicitar ningún visto bueno para llevar a cabo tales acciones. Quizá ahí radica el misterio del silencio de Schultz, que ahora ha resultado ser el perro más flaco, el perro al que siempre terminan cargándosele las garrapatas. Pues resulta que ni a Piñera ni a Luévano los ha alcanzado siquiera a rozar el largo brazo de la justicia de la que tanto habla Corral, y de Shultz tuvo que encargarse la Federación, porque aquí, en Chihuahua, esas no son las prioridades del góber. Sumamente raro. Perdón, ¿alguien dijo corrupción?

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El todavía inquilino de Palacio estatal dio entrada a los marucampistas que integran la Comisión de transición, para poner en marcha la entrega-recepción del Gobierno del estado.

El grupo comandado por Luis Serrato Castell fue recibido la mañana de este jueves por el secretario de Gobierno, Luis Fernando Mesta, allá en la capital del estado.

Los enviados de la próxima gobernadora hicieron manita de puerco al secretario de gobierno y a la secretaria de la Función Pública, Mónica Vargas Ruiz, y al coordinador ejecutivo de gabinete, Jesús Mesta Fitzmaurice, para iniciar con la forma y fondo del proceso de entrega-recepción.

Seguramente el gobernador Javier Corral ya instruyó a Mesta para dar largas al asunto, y para que hasta que se interponga el último recurso de impugnación de la elección por parte de Morena, se inicie con los trámites.

La semana entrante sabremos si Morena interpone algún recurso. Hasta ahora, Juan Carlos Loera ha sido ambiguo en el tema.

El que nada debe nada teme, dice el refrán popular, así que los de la Comisión de transición del nuevo gobierno están seguros de que no habrá dilaciones y en breve empezarán a recibir la información de las cinco grandes áreas: Finanzas, Social, Obras Públicas, Gobierno y Fiscalía.

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Tras la conclusión del proceso electoral, varios de los partidos políticos se disponen a renovar las dirigencias estatales y de ahí las municipales. Otros empezarán a desalojar sus inmuebles, al oficializarse la pérdida de registro, como son los casos de Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México, Partido Encuentro Solidario y probablemente el Partido del Trabajo.

Por el lado del PRI, a nivel nacional, ya los grupos internos comenzaron a hacer lo propio y pedir la salida de Alejandro Moreno Cárdenas, quien dirigió desastrosas campañas y perdió gubernaturas que eran su responsabilidad.

Para el caso de la dirigencia en Chihuahua, varias son las versiones que se escuchan en los abandonados pasillos del edificio de la colonia Dale. Hay quienes le apuestan a la continuidad de Alex Domínguez, ya que con breve tiempo y desde que asumió la presidencia, le entregó mejores resultados a su militancia, al ganar 27 alcaldías, 30 sindicaturas y 2 diputaciones locales.

Anotados también para ocupar la silla presidencial están Adriana Fuentes Téllez, excandidata a la presidencia municipal de Juárez, el juarense Hiram Hernández Zetina y el actual alcalde de Aquiles Serdán, Ariel Fernández.

Lo cierto es que Graciela Ortiz goza del privilegio y la confianza que le dejó la dirigencia nacional para convocar a los grupos internos y, a través del Consejo Político Estatal, determinar los mecanismos de elección y las fechas para la sucesión.

Alrededor de Chela se distinguen el deliciense Guillermo Márquez Lizalde y el propio Alejandro Domínguez, como dos de sus operadores de mayor confianza. De buena fuente trascendió que Ortiz González ya empezó a conjuntar a su equipo estratégico con el que coadyuvará a la conformación de un partido político fuerte, con visión a tres años y donde todos los grupos internos también desarrollarán tareas específicas.

Esa tarea no será fácil, sin embargo, se sabe que Chela es una mujer preparada y con vasta experiencia en la materia, por ello confían que en breve el tricolor tendrá aceitada y afinada su maquinaria para que empiece a trabajar, sobre todo dándole espacios y oportunidades a la gente joven. Tiempo al tiempo.

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Varios analistas políticos nacionales y estatales coinciden que esta elección 2021 fue de traiciones, golpes bajos, gastos excesivos de campaña, denuncias penales, señalamientos por malos gobiernos y compra de votos. Por lo pronto, en Chihuahua el morenista Juan Carlos Loera se adelantó a los demás partidos políticos e hizo pública una serie de actos que para él fueron violatorios del proceso electoral.

Dejó en evidencia aspectos como impugnaciones por fraudes y otras anomalías. Lo cierto es que se escucha que desde la Unidad de Inteligencia Financiera tienen en la mira a actores ganadores en estados como Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León, donde supuestamente se detectaron gastos excesivos en las campañas para las gubernaturas.

El caso debe atenderse con seriedad. El problema no es menor y más aún cuando los tiros vienen desde un gobierno opuesto al PAN. El partido del Presidente de la República padeció en esta entidad obstáculos para ganar adeptos, sobre todo en las contiendas a diputados federales y por la gubernatura.

El asunto debe tener molestos a los dirigentes nacionales y operadores estatales que en ciertos momentos se les vio confiados y ayunos de estrategia. Por lo pronto, han evidenciado circunstancias que consideran anómalas y que no se sabe si trascenderán en sus respectivos ámbitos.

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La representante del gobernador en Juárez, Alejandra de la Vega –que en sus ratos libres es dueña de las empresas Arco y de los Bravos de Juárez– y su hermana Guadalupe de la Vega, presidenta del Consejo de Almacenes Distribuidores de la Frontera, cambiaron de caballo a la mitad del río. Hace unos meses prescindieron de los servicios legales del abogado Iván Pérez, que llevaba el litigio que enfrentan por la libre competencia para la venta de gasolina en Juárez.

Actualmente, Arco tiene 12 estaciones de gasolina sin servicio porque algunas fueron clausuradas y otras recién fueron construidas, pero no cuentan con los permisos de las autoridades para su operación. El abogado Iván Pérez llevaba los asuntos de amparo para lograr la reapertura de las estaciones de servicio clausuradas, pero fue sustituido por el abogado Maclovio Murillo.

Murillo aún no ha podido con los abogados de los Zaragoza, que por meses han hecho lo posible por mantener cerrados los establecimientos de la familia De la Vega. Este controversial tema de carácter privado cobró interés público luego de que los propios gasolineros subieron cada uno de los casos de la controversia a las plataformas de medios de comunicación.

Las fuentes de Mirone aseguran que el abogado Murillo le habló al oído a Pita de la Vega, quien terminó quitándole la representación legal de cada uno de los expedientes al abogado Pérez, para dársela a Maclovio, quien goza de cierto prestigio a nivel estatal.

Maclovio Murillo tiene un ingrediente en contra. Fue él quien inició con la fracasada Operación Justicia Para Chihuahua. Y cómo dice el dicho, lo que mal empieza, mal acaba. También fue abogado del padre Aristeo Baca, que terminó sentenciado a 34 años de prisión luego de que fue encontrado culpable de los delitos de violación sexual agravada y abuso sexual agravado.