Vaya par de semanas convulsas que se vivieron en general en México y, en particular, en Chihuahua a partir del trágico accidente en la Sierra, donde murieron un jefe y un agente de la Agencia Estatal de Investigaciones y dos elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Chihuahua y su gobernadora se colocaron en el debate nacional y hasta internacional sobre el injerencismo norteamericano, la soberanía, el combate al crimen organizado, la seguridad nacional, la diplomacia y el respeto a los distintos marcos legales de política interior y exterior.

Después de semana y media de la crisis —que tuvo su clímax en la renuncia del fiscal César Jáuregui y la escaramuza parlamentaria en el Senado por la “invitación” a la gobernadora Maru Campos y su declinación para explicar lo ocurrido en el operativo contra el megalaboratorio de metanfetaminas— llegó la otra sacudida, con epicentro en Sinaloa.

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Con la solicitud de extradición temporal del gobernador Rubén Rocha Moya, acusado por la Fiscalía de Nueva York de delitos de narcotráfico, y la subsecuente desestimación del proceso por parte del Gobierno de Claudia Sheinbaum, el foco cambió, pero es prácticamente imposible desvincular los segundos hechos de los primeros.

La inédita petición del gobierno estadounidense contra Rocha Moya y nueve funcionarios, es vista como una respuesta al manejo y posicionamiento de Sheinbaum en el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua, aunque ya se anticipaba una actuación a gran escala contra políticos de la 4T vinculados a grupos criminales.

Narcogobierno, corrupción y narcopolítica se instalaron como etiquetas en la discusión nacional en torno a Morena, justo en el contexto del adelantado proceso electoral rumbo a 2027. Antes, la narrativa apuntaba hacia la violación a la soberanía, el intervencionismo y el entreguismo a Estados Unidos como presunta marca de los gobiernos del PAN.

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Así que ayer, en la mañanera, las dos semanas cerraron con una pregunta directa que amarró ambos escándalos.

En pocas palabras, le plantearon a la presidenta si el caso Sinaloa podía interpretarse como una respuesta de Estados Unidos al caso Chihuahua, donde la FGR mantiene abierta una investigación por delitos de seguridad nacional, misma que derivó en una nota diplomática a Washington por la actuación de agentes fuera de protocolos.

“¿Estaríamos ante un esquema en el que Estados Unidos responde para proteger a la gobernadora de Chihuahua… y si van contra ella, entonces van sobre Rocha Moya?”, fue el planteamiento.

No hubo respuesta directa. Sheinbaum se limitó a decir que era falso que la estuvieran poniendo entre la espada y la pared, y se declaró “fuerte, sólida y muy segura”.

Veremos cómo escala el conflicto binacional y la grilla partidista. Los temas siguen abiertos y, al paso que van, ni el fin de semana traerá tregua. La expectativa está en quién —y cómo— termina por desempatar este juego político, más allá de lo legal y lo diplomático.

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El exregidor y expresidente del Comité Municipal del PAN, Joob Quintín Flores Silva, asegura ante quien lo quiera escuchar que, aunque no agarró hueso carnoso en la administración de Cruz Pérez Cuéllar, sigue apostado en ese proyecto político y ahora juega con la 4T.

No le cuajó del todo el trabajo operativo junto al otro cercano a Cruz, el presidente local de Canaco, Iván Pérez, pero —según cuentan— no raja leña y se mantiene firme en el equipo guinda de la Presidencia Municipal.

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Lo que ha llamado la atención entre panistas es que su hermano, Ramón Flores Silva, ya regresó al redil azul y, además, con posiciones concretas dentro del proyecto que tiene su fortaleza en el Gobierno del Estado.

Ramón se convirtió en consejero de la JMAS, y no solo eso: también logró colocar a su sobrino, Enrique Garduño Flores, al frente de un departamento de la misma descentralizada.

Todo esto —se enteró Mirone— operado por la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, quien trae mano para acomodar perfiles en distintas áreas del gobierno estatal e incluso del Poder Judicial.

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El reporte apunta que Ramón terminó regresando al PAN tras un fallido acercamiento con el proyecto de Cruz, al que sí se subió su hermano Joob Quintín.

Empresarialmente es el más fuerte de los dos, socio de Ramón Galindo, y con ese power le armó un evento de apoyo a Cruz… pero terminó encabritado cuando el alcalde no llegó y mandó en su lugar al director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera.

Hizo berrinche, tocó la puerta del PAN… y se la abrieron. Porque en el azul siguen aceptando operadores y financiamiento sin hacer muchas preguntas. Así, Ramón regresó con todo, mientras Joob Quintín se mantiene como renegado panista en el equipo guinda.

Y en medio de todo, la familia partida: unos en el azul, otros en el guinda. Incluso Ramsés Garduño Flores, hermano de Enrique, ya había sido colocado por Joob en la Sindicatura Municipal.

Así andan: dos y dos, por bando. A ver cuánto les dura el equilibrio.

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Mientras se acomodan todas las calabazas en la carreta del morenismo y el Gobierno Federal, por los ajustes ordenados desde Palacio Nacional, quienes traen aspiraciones por el 2027 le siguen acelerando y mantienen su activismo permanente sin tregua.

La que se dio vuelo la tarde y la noche del jueves fue la delegada de los Programas para el Bienestar, Mayra Chávez, en un par de eventos masivos por los festejos del Día de la Niñez.

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Los financiadores y los operadores se lucieron al llenar el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos, para dos funciones del espectáculo circense de Avatar.

Entre las cosas que llamaron la atención de Mirone está la disponibilidad de ese espacio municipal para los eventos de la delegada, como derivación de la productiva alianza política entre el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y Ariadna Montiel, la exsecretaria de Bienestar que mudará su poderío a la dirigencia nacional de Morena a partir del domingo.

Así que desde ambos equipos, el municipal y el federal, le dieron calorcito a Mayra, su carta para lograr la candidatura a la Presidencia Municipal, con los dos eventos a los que asistieron 3 mil y 5 mil niños. Junto a ellos, pero también junto a varios padres de familia, se aventó Mayra las dos funciones de su nutrida agenda en Juárez.

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Ya hasta le echó Mayra el ojo al Gimnasio para solicitarlo para sus eventos oficiales de Bienestar. Le cabe bastante gente y está muy bien ubicado y equipado.

Por lo pronto, ni en el inhábil por el Día del Trabajo, le paró la delegada con la agenda que trae como objetivo quedarse con la coordinación municipal de defensa de la transformación.

El posicionamiento en todos los sectores juarenses será clave a la hora de las encuestas oficiales de Morena, que además serán acompañadas por encuestas “espejo”, para dar mayor certidumbre a las y los aspirantes.

Ya supo Mirone que Mayra anda muy entusiasmada por todos los cambios que han empoderado más al equipo al que pertenece y por todo el horizonte que se abre. Si no se lograra la alcaldía, habrá un futuro infinito de posibilidades.

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Todo lo impacta y todo lo trastorna la dinámica electoral, incluyendo temas tan sensibles como el desarrollo urbano sostenible de la ciudad y el bienestar futuro de las familias en los nuevos asentamientos humanos.

Lo comenta Mirone por lo que está pasando en los predios de Adición la Conquista, un asentamiento que sigue creciendo en la parte norponiente de la ciudad.

Hay varios cientos de familias que se han asentado entre el Camino Real y la Sierra de Juárez, allá por donde se instaló la Guardia Nacional, en una zona con rezago histórico en servicios e infraestructura.

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El problema es que desde Asentamientos Humanos del Gobierno Municipal, ahí donde despacha el siempre polémico Julio César de la Cruz, están gestionando la regularización de predios invadidos, pensando más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones.

No hay agua ni drenaje, y tampoco se ve forma de resolver esa gigantesca bronca. Ni técnica ni financieramente le han encontrado las autoridades cuadratura al círculo, mientras el asentamiento sigue creciendo en una zona que además es inundable, al estar ubicada en una hondonada natural.

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Se batalla hasta para que entren las pipas de agua. Y ni qué decir de otros servicios como la recolección de basura, la seguridad o la falta de infraestructura de salud, educativa y recreativa.

Por un lado, puede sonar bien la regularización de la tenencia de la tierra, porque las familias tienen derecho a un techo. Pero por el otro, se incentiva el crecimiento sin resolver lo básico, lo que también implica una violación a derechos humanos.

Por lo pronto, anda por allá Don Julio hecho la mocha, entregando terrenos y sembrando expectativas de regularización, con tal de engordar la clientela electoral que tanto le gusta operar.