En el tema de la sobreexplotación de los acuíferos y la autorización de pozos, nomás se le escarba tantito y brota pus, mucha más que el agua para el consumo.

El Cártel del Agua implica la connivencia de funcionarios, especialmente los de la Comisión Nacional del Agua, con potentados del sector agrícola, pero también tiene que ver con toda una red de protección y de intereses comunes con muchos actores de la clase política chihuahuense.

Igualito que pasa con el Cártel Inmobiliario que cobija los intereses de los desarrolladores y terratenientes, con el control de plazas en las principales ciudades. Tampoco en las zonas urbanas les interesa que se garantice el agua como un derecho humano, sino que se le ve como simple mercancía.

Pues resulta que el senador juarense Juan Carlos de la Rosa puso el tema sobre la mesa, en un primer momento al denunciar la sobreexplotación de los acuíferos en los campos agrícolas que se observan sobre la carretera Chihuahua-Juárez y ayer nuevamente, por medio de video y comunicado en el que pidió intensificar las investigaciones sobre la perforación y operación de pozos ilegales.

“Loera señaló directamente a la asociación gubernamental-personal, conocida en la entidad como el Cártel del Agua, por su presunta participación en una red de corrupción que permitió la explotación ilegal de recursos hídricos en Chihuahua mediante la falsificación de documentos para otorgar concesiones irregulares, beneficiando así a un grupo selecto de empresarios y políticos vinculados al sector agrícola e inmobiliario”, indica el comunicado oficial del senador.

“Mientras nuestras comunidades urbanas, rurales y originarias luchan por acceder al agua, este grupo de delincuentes ha falsificado documentos, ha otorgado concesiones ilegales y ha explotado de manera despiadada nuestros acuíferos”, agrega el documento con declaraciones atribuidas a Loera de la Rosa.

La denuncia pública se realiza cuando los más recientes reportes de Conagua ubican a la totalidad del territorio del estado de Chihuahua entre sequía excepcional y sequía extrema, con la mayor afectación de los últimos años en todo el país

Ya se presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a garantizar la protección de las zonas de veda y evitar la sobreexplotación de los acuíferos.

Particularmente se solicitó una inspección en la ubicación física de los pozos autorizados a lo largo de la carretera Chihuahua-Juárez, con el fin de verificar su cumplimiento con la normatividad vigente en materia de extracción “así como sancionar y combatir el uso de documentos apócrifos en los trámites relacionados con la gestión de recursos hídricos”.

Ya se verá si en verdad hay quién le atore en la Conagua, aunque lo duda mucho Mirone porque siempre ha estado ahí bien enquistada la corrupción.

Por cierto, el posicionamiento de Loera de alguna manera le pega también a la diputada morenista Brenda Ríos, quien en Chihuahua se fue recio contra el Cártel Inmobiliario y en respuesta se le acusó que, cuando fue delegada de Semarnat, protegió al “Cártel de los Pozos”.

Su esposo, el expriista Alex LeBarón fue precisamente jefe de Conagua en el estado y enfrentó varias acusaciones públicas de favorecer a unos y perjudicar a otros con la autorización irregular de explotación de los pozos.

A ver en qué termina el asunto y hasta dónde le atoran los interesados. Desde diciembre de 2024, la propia presidenta Claudia Sheinbaum informó que en Chihuahua operaban muchos pozos sin permiso.

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El proceso para designar a la persona titular de la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) avanzó ayer en el Congreso del Estado.

Le correspondió a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobar la lista de aspirantes a la presidencia del organismo que se supone autónomo.

Por lo pronto, no se metieron en camisa de once varias y no hubo persona alguna rasurada de las 25 que atendieron la convocatoria y se registraron.

Hubo cinco votos a favor y una abstención. O sea que, de acuerdo con las representaciones partidistas en la Jucopo, todos los aspirantes presentaron la documentación requerida y acreditaron su elegibilidad para el cargo.

Viene ahora el proceso de entrevistas. El jueves 20 comparecerán 13 aspirantes y 12 más lo harán el viernes 21.

Ya comentamos aquí que viene la lista cargada con algunos perfiles políticos, principalmente identificados al PAN y al PRI (Georgina Bujanda, Ulises Pacheco y Liz Aguilera, al menos), y la duda es si en el Congreso se aventarán otra vez el tiro de sacar de ahí la presidencia, aunque no sean necesariamente las mejores opciones para atender ese tema tan sensible que es la protección de los derechos humanos, sin distorsiones político-partidistas.

También apareció en la lista, la abogada Flor Alejandra Corral Requejo, quien ya está en el Poder Judicial y trae todo el apoyo de la presidenta saliente, Myriam Hernández.

No cree Mirone que por ahí vaya la jugada, pero también intenta quedarse con el cargo, Alejandro Carrasco Talavera, quien era el responsable jurídico y asumió como encargado de la CEDH a la muerte de Javier González Mocken, el año pasado.

También llama la atención el nombre de Gerardo Macías Rodríguez, quien trae experiencia, pero en materia electoral, ya que fue asesor de presidencia y secretario auxiliar del Tribunal Estatal Electoral y es consejero del Instituto Estatal Electoral desde el 2018. Ya está por vencerse su periodo y por eso ahora quiere brincar a la Comisión.

Quien sí trae bastante experiencia en materia de Derechos Humanos es la actual jefa de la oficina de la CEDH en Juárez, Zulay Alaid Abbud Esparza. Son muchos años de trabajo institucional, así que bien podría ser opción para la presidencia, sobre todo ahora que es el tiempo de las mujeres.

El listado lo completan las siguientes personas: Héctor Alejandro Navarro Barrón, Paola Margarita Trujillo Oaxaca, Bianca Vianey Bustillos González, Yuliana Ilem Rodríguez González, Gerardo Flores Botello, Edgar Eduardo Núñez Montes y Javier González Jáquez.

También Gildardo Iván Félix Durán, Adriana Anahí Cervantes Santiago, Jesús Manuel Fernández Domínguez, Abdiel Hernández Ortiz, Victoria Laphond Domínguez, Nidia Guadalupe Pérez Maldonado, Laura Elizabeth de Anda Ramírez, Luis Manuel Lerma Ruiz,

Saúl Alonso Castañeda Domínguez, Xóchitl Itzel Flores Olave y Lilia Lizeth Durán Nevárez

La Jucopo evaluará a las personas aspirantes de la manera siguiente: perfil curricular, 50 puntos y entrevista, 50 puntos, para un total de 100 puntos.

Después de la evaluación y valoración de los perfiles, la Jucopo elaborará un dictamen con la terna que propondrá al Pleno para realizar la votación con la participación de los 33 diputados y diputadas. La designación se realizará a más tardar el día 30 de abril.

Se supone que a la terna pasarán las personas con mayor calificación, atendiendo además el criterio de incluir al menos a dos mujeres. Ese fue el acuerdo avalado por las distintas fracciones partidistas.

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El fin de semana se notó que también en el proceso de elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, opera la cargada.

Ya habíamos comentado aquí cómo andan algunas de las aspirantes con campañas anticipadas, aprovechando sus cargos actuales en el Poder Judicial de la Federación y eso se evidenció con la visita a Juárez de la magistrada Ana María Ibarra Olguín.

La muy cercana colaboradora del ministro en retiro y funcionario del Gobierno Federal, Arturo Zaldívar, presentó en esta frontera la conferencia “La reforma al Poder Judicial ¿Qué jueces queremos? ¿Qué jueces necesitamos?”

El evento se realizó en las instalaciones de la Asociación Local de Agentes Aduanales. La anduvo moviendo nada menos que Nora Yu, quien además de ser agente aduanal, es la senadora suplente de Andrea Chávez.

También le reportaron a Mirone que en la conferencia se dejaron ver algunos abogados cercanos al senador Juan Carlos Loera, como José Luis Contreras, quien busca ser juez federal y Rodolfo Torres Chuca, quien pretende ser electo como magistrado federal. Además, estuvo por ahí el suplente de Loera, el empresario Luis Mario Baeza Cano.

En otra vertiente de apoyos, también hubo contacto con el equipo de la Presidencia Municipal y hasta una reunión en la casa de uno de los regidores del Ayuntamiento guinda.

Por lo visto, desde lo más alto de Morena se han bajado instrucciones para apoyar ciertas candidaturas, como la de la magistrada Ibarra Olguín, quien anda por todo el país con ese tipo de conferencias. Ni modo que no ande encampañada.

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Quién sabe cómo le hizo, pero Rogelio Ramos, el dueño de los hoteles María Bonita, reapareció el fin de semana como vicepresidente de la Federación de Cámaras de Comercio Chihuahua (Fecanaco).

Es duda de Mirone porque se supone que Ramos ya fue expulsado en Juárez de la Canaco local, así que no se entiende cómo puede aparecer en la directiva de un organismo que agrupa a distintas Cámaras de Comercio en el estado.

Pero ahí estuvo, con todo y que desde el 14 de enero se informó en Canaco Juárez de su expulsión, avalada con 21 votos de los 32 del Consejo Directivo.

Entonces se explicó que la expulsión se debió a la manera en que puso en el reconocimiento que del organismo tiene que hacer la Secretaría de Economía federal, cuando se negó a firmar los documentos de la elección de hace un año, cuando su candidato perdió ante Elizabeth Villalobos. Tampoco firmó su último reporte de actividades.

Ramos se negó reiteradamente a la firma, incluso cuando se le hizo la notificación bajo la fe de un notario público. Por ese caso, se le acusó de lesionar “el buen nombre de la Cámara”.

Y eso que oficialmente nada se plasmó en su expulsión respecto a la denuncia penal que contra él interpuso otro de los expresidentes, Gilberto Cueva, a quien Ramos le dejó el ojo morado cuando le reclamó que sacara sus manos del proceso interno y transparentara las finanzas de la Cámara.

A lo mejor y en Chihuahua le tuvieron miedo a alguna reacción violenta de Ramos y por eso optaron por incluirlo como vicepresidente. En la sesión fue reelecto Héctor Javier Luján como presidente.