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Javier Corral; El gobernador de Chihuahua insistió al Gobierno federal que regrese a las reuniones de seguridad

Fotografía: Archivo

Panorama

Discuten hoy si Corral y funcionarios se quedan con guaruras

Legisladores tienen solo un mes para validar iniciativa de Corral, antes de que ingrese el nuevo Gobierno estatal

Por Eduardo González | Norte Digital | 1:32 pm 29 julio, 2021

A cinco meses de su presentación, en el Congreso del Estado se realizará hoy la primera mesa técnica de análisis a la iniciativa del gobernador Javier Corral, que busca para él y 3 de sus funcionarios protección de escoltas con cargo al erario al término de sus funciones.

La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso sesionará a las 4 de la tarde para establecer qué funcionarios ameritan conservar seguridad personal.

Se espera la asistencia de los legisladores Jesús Villarreal Macías, Marisela Sáenz Moriel, Fernando Álvarez Monje, Gustavo De la Rosa Hickerson y Georgina Bujanda. La última, en calidad de presidente de la Comisión.

Los diputados tendrán que deliberar lo antes posible en torno al tema, dado que la administración estatal culmina en septiembre. 

En el documento que presentó Corral y que recibió la Oficialía de Partes del Congreso el pasado 4 de marzo, se asientan varias iniciativas.

¿Qué dice la iniciativa de Corral?

Bajo el título décimo primero, De la Seguridad y Protección de Personas Funcionarias Públicas al concluir su encargo o Nombramiento, en el articulado del 305 al 308, señala lo siguiente:

La obligatoriedad de que el Estado proporcione seguridad y protección personal a la persona Titular del Poder Ejecutivo, a la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a la persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública y a la persona titular de la Secretaría General de Gobierno, previa solicitud de parte y autorizada antes o después de concluidos sus nombramientos.

La seguridad y protección, tratándose de la persona titular del Poder Ejecutivo, será por el periodo de cuatro años contados a partir de la conclusión de su nombramiento y, en el supuesto de las personas titulares de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría General de Gobierno, será proporcional al tiempo que hubieren prestado sus funciones.

En el articulado se especifica que el periodo no podrá excederse al plazo establecido para el gobernador Javier Corral.

Algunas condiciones a la iniciativa de Corral

Además se especifica que la asignación de personal de seguridad no será aplicable cuando alguna de las personas a que alude el artículo ocupe un nuevo cargo público vinculado a la procuración de justicia o seguridad pública.

En el artículo 306 se solicita que los elementos de las instituciones de seguridad pública que proporcionarán la seguridad y protección personal a que se refiere el artículo anterior, estarán dotados del equipamiento necesario para el ejercicio de su función y serán aquellos pertenecientes a la Agencia Estatal de Investigación o de la Secretaría de Seguridad Pública. Y será el gobernador quien decida de cuántos elementos disponer.

Artículo 308. Las personas titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, en su ámbito de competencia, vigilarán y darán seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto en el presente título.

Desconocimiento de la autoridad

Por su parte, el fiscal general estatal dijo desconocer el estado que guarda el análisis de la iniciativa.

“Desconocemos. No hemos tenido nosotros información en relación al estado que aguarda esa iniciativa”, comentó.

“Desde luego, en relación a esa y a otras iniciativas que están tramitándose en el Congreso, estaremos al pendiente. Sobre todo por el pacto que deban tener en el funcionamiento de las instituciones de Seguridad Pública y de procuración de justicia”, dijo.

“Sabemos que hay unas iniciativas también en temas del Código  penal y  otras de temas relacionadas con las leyes orgánicas y pues bueno estaremos muy al pendiente”, finalizó.

Otras iniciativas en el limbo

A la iniciativa de seguridad personal se agregan otras que advierten un cambio radical en la administración de las dependencias de seguridad.

Destacan el cambio de término ‘reos’ por ‘personas privadas de la libertad’.

Esta iniciativa supondrá el libre acceso a bases de datos de procesados, sentenciados y personas privadas de la libertad.

Además se plantea reformar algunos artículos únicamente en lo que respecta a la denominación de los policías de investigación, y no como Policía Investigadora.

Otro aspecto será la separación de la Policía Procesal de la Comisión Estatal de Seguridad. Se incluirá en la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública.

A los policías adscritos a la Dirección General de Investigación Especializada en Casos de Alto Impacto se les exigirá nivel educativo de licenciatura. De igual manera, a los de la Dirección de Inteligencia y Análisis Estratégico. También a lo pertenecientes a la Dirección de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la Secretaría de Seguridad Pública.

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