El pasado 3 de marzo el gobernador Javier Corral presentó una iniciativa que le aseguraría mantener a su servicio personal para su seguridad, aún al término de sus funciones. A esta iniciativa se agregaron otras que advierten un cambio radical en la administración de las dependencias de seguridad.
El paquete de iniciativas está contenido en el número de asunto 2595. Se turnó al Congreso Estatal y se tomó para análisis por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil.
El documento incluye la propuesta de reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. También de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
Al parecer las modificaciones fueron ideadas por un pequeño grupo cercano al gobernador. Y podrían convertirse en una bomba de tiempo para la administración que encabezará María Eugenia Campos.
Seguridad y protección a exfuncionarios
Dentro del paquete se encuentra el apartado ‘De la Seguridad y Protección de Personas Funcionarias Públicas al concluir su encargo o nombramiento’. Este asunto no ha podido resolverse a 5 meses de su presentación. Y en días recientes ha causado un debate entre actores gubernamentales, sociedad e iniciativa privada.
Si se aprueba, la seguridad para el gobernador, el fiscal general estatal, el titular de Seguridad Pública y el secretario general de Gobierno, representaría un gasto al erario por cien millones de pesos.
La seguridad y protección para el titular del Poder Ejecutivo será por 4 años contados a partir de la conclusión de su nombramiento. Para los titulares de la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría General de Gobierno, será proporcional al tiempo que prestaron servicio.
Dentro del documento se exponen lineamientos que afectan directamente los organigramas de las dependencias y pudieran provocar un dolor de cabeza para los funcionarios entrantes.
En primera instancia, se afirma que la Fiscalía General del Estado mantendría la institución del Ministerio Público, la Agencia Estatal de Investigación, la Policía de Investigación, el Instituto Estatal de Seguridad Pública, así como Servicios Periciales.
Pasan a la Secretaría de Seguridad Pública las Instituciones Policiales de la Comisión Estatal de Seguridad el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4). También las funciones de Vialidad y Tránsito, así como las de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.
Otros cambios
Javier Corral intenta sepultar en definitiva el término ‘reos’ por el de personas privadas de la libertad. La iniciativa supone también el libre acceso a bases de datos de procesados, sentenciados y personas privadas de la libertad. Todo, en conjunto con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades estatales y municipales en la materia, en contraposición con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Además se plantea reformar algunos artículos únicamente en lo que respecta a la denominación de los policías de investigación y no como Policía Investigadora. Otro aspecto será la separación de la Policía Procesal de la Comisión Estatal de Seguridad, para incluirla en la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública
A los policías adscritos a la Dirección General de Investigación Especializada en Casos de Alto Impacto se les exigirá nivel educativo de licenciatura. De igual manera a los de la Dirección de Inteligencia y Análisis Estratégico y de la Dirección de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la Secretaría de Seguridad Pública.
Además se pretende el fortalecimiento de programas preventivos como Tránsito Amigo, Policía Amigo y Fanvipo.
El gobernador incluyó en la propuesta de coadyuvancia con autoridades competentes a la Fiscalía General del Estado, las acciones de búsqueda inmediata de mujeres y niños desaparecidos. Utilizando siempre los medios de comunicación a su alcance y, en su caso, estableciendo convenios con sectores públicos y privados para darle la difusión.
Lo anterior ha sido aplaudido por diferentes asociaciones que han reclamado la lentitud en la difusión de pesquisas, por parte de la autoridad.
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