Ante el amparo que otorga la libertad al dueño del crematorio Plenitud, donde el pasado 26 de junio fueron encontrados 386 cuerpos que debieron ser incinerados, familiares de personas que pueden estar entre los restos demandaron la renuncia del fiscal en la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, por su “evidente falta de capacidad para garantizar justicia”.
Ayer, el juez Séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, otorgó la protección federal al acusado, José Luis A. C., para invalidar la vinculación a proceso que lo mantenía en prisión preventiva al considerar que su falta fue administrativa, no penal.
Un juez de Control vinculó a proceso a José Luis A. C. y a Facundo M. R., quien falleció el pasado 30 de octubre en el Hospital General, donde era atendido por un padecimiento pulmonar, por su probable responsabilidad en los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos en perjuicio de la sociedad.
Ante la liberación del imputado, la vocera del colectivo Justicia para Nuestros Deudos, Dora Elena Delgado Barraza, publicó un comunicado dirigido a autoridades federales para exigir la renuncia del fiscal de Zona Norte, Carlos Manuel Salas, por su evidente falta de capacidad para garantizar justicia.
También, la intervención directa de la Presidencia de la República, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública para reabrir y fortalecer el caso con bases jurídicas sólidas, así como garantías de reparación integral para las familias afectadas y supervisión nacional de los servicios funerarios y crematorios.
En el documento expresa que la comunidad afectada por el Crematorio Plenitud, propiedad de José Luis A. C. se siente profundamente indignada ante la obtención de libertad del acusado a través de una defensa jurídica sin fundamentos sólidos que dejó en indefensión a las víctimas y sus familias.
Señala también que la Fiscalía de Zona Norte, encabezada por Carlos Manuel Salas, ha demostrado incapacidad y falta de preparación jurídica para defender al pueblo mancillado y que la ausencia de licencias, protocolos y acciones legales firmes ha derivado en impunidad y revictimización.
“La comunidad no pide favores, exige justicia. La memoria de nuestros seres queridos no puede ser tratada como desecho. La responsabilidad del Estado es proteger la dignidad humana y garantizar que nunca más se repita una tragedia de esta magnitud”, establece en su comunicado.
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