Contratos por 52 millones de pesos que el exalcalde Armando Cabada realizó con la televisora Canal 44, propiedad de su familia, motivaron una denuncia ciudadana de Iniciativa Sinaloa ante la Secretaría de la Función Pública federal, que podría derivar en procesos penales por ser delitos.
La denuncia de carácter administrativo se presentó el 27 de agosto a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (Sidec) de la dependencia federal. La presentó la organización Iniciativa Sinaloa, y quedó registrada con el folio 66388/2021.
No se descarta que también pueda derivar en acciones de carácter penal por el tipo de conductas de que se trata, señaló Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, en entrevista con Norte Digital.
Los presuntos delitos denunciados por la Iniciativa Sinaloa
Los delitos que podrían configurarse son conflicto de interés, desvío de recursos públicos y abuso de funciones. También tráfico de influencias, encubrimiento y participación ilícita en procedimientos administrativos, detalló.
Iniciativa Sinaloa es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte. Es un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
En dicha plataforma se publicó un reportaje realizado por La Verdad, en el que se expuso con documentos lo que había ocurrido.
“Lo que documentaron en este reportaje fue que una vez que asume el puesto de alcalde, Armando Cabada empieza a beneficiar a una televisora local que es perteneciente a su familia”, refirió León Fontes.
El Border Hub busca incentivar que se realicen investigaciones de corrupción en la frontera.
En ese sentido se revisó el trabajo periodístico con una perspectiva de análisis jurídico, precisó.
Fue así que vieron que cumplía con ciertos elementos para presentar una denuncia administrativa contra quien resulte responsable.
La denuncias está en manos de la Secretaría de la Función Pública
Actualmente, dijo, la denuncia se turnó a la instancia federal a la Secretaría de la Función Pública estatal. Desde el miércoles es presidida por María de los Ángeles Álvarez Hurtado.
Las autoridades están obligadas a sancionar por la vía penal, porque las faltas graves podrían tipificar delitos que debería seguir la Fiscalía Estatal Anticorrupción, advirtió.
“Lo que esperamos nosotros es que haya una sanción efectiva por parte de la autoridad local”, ponderó.
Frente a la posibilidad de que el caso ya estuviera en la Fiscalía Estatal Anticorrupción, como lo informó el auditor Hector Acosta Félix hace un mes, eso no quita que pueda ser sancionado por otros actos de corrupción, aclaró.
La nueva denuncia –dijo– es una oportunidad para que la Secretaría de la Función Pública estatal, una vez que, en su caso, de vista a la Fiscalía Estatal Anticorrupción, explore otros delitos posibles.
Si no avanza, procederán al amparo
Con todo y el recurso presentado, León se dijo escéptica de que pudiera haber avances. Esto, no solo por el poder político implícito, sino por la transición de gobierno que está en proceso.
Sin embargo, adelantó que Iniciativa Sinaloa estará dando continuidad al tema. Y en caso de ser necesario, por falta de actuación o de sanción de las autoridades responsables, buscará la vía del amparo.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la posibilidad hace un par de meses, de que si las denuncias no se inician procesos o no terminan en una sanción, nosotros ya tenemos los elementos para presentar amparos”, remarcó.
Cuestionada respecto a que el Canal 44 ya había recibido contratos en otras administraciones, León Fontes precisó que a diferencia de esas ocasiones, ahora el presidente municipal al momento de asumir el cargo, debió haber dejado de dar contratos.
Lo anterior, porque al momento en que él asume el cargo, se genera el conflicto de interés porque la empresa es de su familia. Esa situación se pudo haber resuelto con un estudio de mercado donde Armando Cabada hubiera demostrado que Canal 44 era la única empresa que pudiera prestar estos servicios, pero no fue así, explicó.
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