Un reportaje publicado por El Universal señala que aunque el Gobierno federal ha destinado más recursos a la seguridad pública, los asesinatos no han disminuido en el territorio nacional.
“En los últimos tres años y medio, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha asignado 544 mil millones de pesos a las Fuerzas Armadas (Sedena y Marina) y 103 mil millones de pesos a la creación e implementación de la Guardia Nacional para fortalecer la seguridad pública; sin embargo, los homicidios dolosos no ceden y se han mantenido por arriba de los 34 mil asesinatos anuales”, indica la información.
Desde su creación en 2019, informa El Universal, el Gobierno federal le ha inyectado a la Guardia Nacional 103.2 mil millones de pesos para su operación, lo que representa un incremento de 6 mil 714% en ese periodo, según lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Los recursos destinados a este cuerpo civil están dentro del presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, institución de la que depende. Debido a que no se había aprobado su establecimiento antes de la elaboración del Presupuesto de Egresos de 2019 se le ampliaron recursos durante ese año para iniciar actividades con 922 millones de pesos.
“En 2020 se le asignaron formalmente 3 mil millones de pesos, cifra que se elevó a 35 mil millones de pesos el año siguiente, lo que representó un aumento de 828%”, indica el diario de circulación nacional.
El reportaje, publicado en su sitio digital, sostiene que la Guardia Nacional tuvo otro incremento significativo para 2022, al pasar de 35.6 mil millones a 62 mil 825 millones de pesos, que equivale a 76% más recursos.
“Este cuerpo de seguridad de mando civil surgió como reemplazo de la Policía Federal, con el objetivo de asumir las tareas de seguridad pública en el país y así regresar al Ejército a los cuarteles, una de las principales promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador”, cita la información.
La semana pasada, el jefe del Ejecutivo federal reveló su intención de adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que implica pasar de un mando civil a uno militar.
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