Tipificar el desplazamiento forzando como delito es todavía insuficiente para proteger a las víctimas y castigar a los responsables, ya que falta el tema de la restitución de lo que fue afectado, indicó el diputado local por Morena, Benjamín Carrera Chávez.
Indicó que la tipificación realizada la semana pasada en el Congreso del Estado es el primer paso para crear una ley de desplazamiento forzado, ya que no se trata de evitar que las comunidades sean desplazadas, sino de que una vez que sufren este agravio reciban apoyo.
“¿Dónde y de qué van a vivir, a quién le van a cobrar lo perdido y qué van a hacer?”, cuestionó.
En este punto, dijo, es donde debe entrar el estado y es algo que se tiene que dar porque Chihuahua está entre los primeros estados donde se registra este fenómeno.
“Tenemos información de que en este año alrededor de 700 personas sufrieron este problema y tenemos que ir avanzando en la resolución de esta situación”, expresó.
Debido a esa circunstancia, se trata de un foco rojo porque es un problema serio que ocurre en las comunidades alejadas de los centros de población, que es donde está la gente que las sufre.
Se debe establecer, continuó Carrera Chávez, que quien genere este acto sea sujeto a ser juzgado por ese delito, que hasta la semana pasada no existía en el Código Penal local.
Indicó que no sólo los narcotraficantes desplazan a personas, también quienes están en la sierra depredando los pinos, aquellos que quieren apoderarse de las tierras, de los minerales o del agua o están en la disputa por los recursos naturales, como la minería.
Es un problema muy serio que no se percibe en Ciudad Juárez porque está muy lejos de la sierra, pero cuando se entra al análisis de la situación se puede ver que es una situación grave, señaló.
Dijo que planteará la creación de la ley de desplazamiento forzado, luego de que lo más difícil ya se logró, que era tipificar el delito en el Código Penal, aunque todavía se está espera de que se publique en el Periódico Oficial del Estado (POE).
El desplazamiento forzado, explicó, les cambia totalmente la vida a las víctimas porque las desalojan con violencia y se ven obligadas a refugiarse en ciudades o se van a Estados Unidos al sentir miedo de que los lastimen o que ocurra otra situación más grave.
“Eso es lo que queremos justamente, que se empiece a regular, que esas personas no queden a la buena de Dios, sin nada, porque se van de la noche a la mañana con una mano por atrás y otra por adelante”, añadió.
Dejan todo y enfrentarse a esa circunstancia sin trabajo o vivienda es algo muy complicado, pero al estar regulado el delito existe la posibilidad de que el estado pueda solucionar ese problema con la restitución económica y la de sus bienes.
Así, tendrán a dónde llegar y con qué sobrevivir los primeros días, pero hace falta la ley, cuya iniciativa presentará cuando el Congreso local retome sus actividades en marzo de 2023.
Por ahora, ya es un delito tipificado en el artículo 206 del Código Penal, que castiga a quien por medio de la violencia física o moral ocasione que una persona o un grupo de personas abandone su lugar de residencia habitual.
El o los responsables podrán ser encarcelados de uno a siete años y una multa de de 100 a 400 días.
La pena aumentará en un tercio cuando el agresor tenga el propósito de ejercer el control o dominio del territorio en el que se asienta la residencia de la víctima.
“Claro que nos vamos a encontrar con resistencias porque se trata de un tema presupuestal”, advirtió Carrera Chávez.
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