Después de 26 años de vivir en su casa, y un poco más de 5 de no poder pagar mensualidades de Infonavit, por una situación económica adversa, Patricia fue desalojada por un actuario del Poder Judicial la tarde del martes.
Al momento de la intervención ella no estaba en la casa, por lo que el funcionario judicial entró cuando solo había una jovencita menor de edad en el interior.
Todas sus cosas quedaron en la calle, mientras sus hijas veían a un grupo de hombres jóvenes acarrear todos los enseres domésticos afuera de la vivienda.
Incluso había un camión de mudanzas dispuesto por si se le ofrecía que le llevaran su cosas a alguna parte, pero ella no aceptó.
El incidente ocurrió poco después de las 6:00 de la tarde en la casa ubicada en la calle Fuente de Zeus #4506 del fraccionamiento Jardines del Lago, a pocas cuadras de las oficinas de Infonavit de la avenida Teófilo Borunda.
En entrevista en vivo con Norte Digital, la afectada -50 años, madre de cuatro hijos, dos de ellos menores de edad- explicó que ninguna autoridad le notificó nunca que su casa hubiera sido materia de algún juicio inmobiliario.
La abogada de El Barzón, Griselda Sosa, quien tiene la representación legal de la señora desalojada, dijo vía telefónica que había promovido un amparo a favor de Patricia, pero no le resolvieron a tiempo.
Sosa alertó que el caso de Patricia es uno de los miles que el Instituto enfiló de manera ilegal en contra de derechohabientes utilizando juicios espejo en contubernio con jueces, magistrados y notarios del estado de Nayarit.
De acuerdo con documentos oficiales a los que Norte Digital tuvo acceso, la propiedad fue adjudicada “en rebeldía” en el juicio 506/2013 realizado en el juzgado mixto de primera instancia civil con sede en Compostela, Nayarit, cuyo titular fue el juez Mario Alberto Cervera López y su secretario de acuerdos Pascual Adrian Carbajal Moreno, ambos suspendidos de sus funciones y sujetos a procesos penales por un presunto escándalo de fraude multimillonario en perjuicio de sesenta mil derechohabientes en al menos ocho estados del país incluido Chihuahua.
La escrituración a favor de Infonavit fue realizada el 21 de abril de 2014 por el notario público número 3 de San Blas, Nayarit Antonio Humberto Herrera López, también sujeto a investigación y a quien Norte Digital localizó en marzo de 2017 para cuestionarlo por las graves acusaciones que ya pesaban en su contra.
Herrera negó los señalamientos aduciendo que él únicamente escrituraba y que su acción no afectaba la espera legal de ninguna persona. Poco más de un año después en noviembre de 2018, la fiscalía de Nayarit reveló que el notario había participado en una operación irregular afectando a miles de personas.
Después de lograr la adjudicación posiblemente irregular, el pasado 14 de mayo de 2019 el Infonavit le vendió a la empresa inmobiliaria Administradora Grupo Losa con oficinas en Culiacán, Sinaloa, la casa de Patricia en 121 mil 257 pesos.
Dos semanas después, el 31 de mayo, la inmobiliaria sinaloense le vendió la casa a la empresa Elviz de Ciudad Juárez Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a un precio de 330 mil pesos.
Solo en esa operación la diferencia entre un precio y otro fue de más de 200 mil pesos, lo cual puede dar un indicio del tamaño del negocio que significan los juicios fraudulentos de Nayarit.
Consultado para este reporte el abogado Oscar Altamirano, de Ciudadanos por el Interés Publicó A.C., explicó que por los datos proporcionados por la mujer, sí podría tratarse de un juicio simulado.
En el lugar del hecho el actuario que ejecutó el desalojo -Roberto Márquez- informó a Norte Digital que se trató de una diligencia realizada con base en un mandato judicial.
Explicó que por cuestiones de procedimiento no podía dar detalles como el número de expediente o el juez que instruyó la causa.
“Si gusta mañana acudir al Tribunal Superior de Justicia para que el vocero le dé la información por la vía idónea”, ofreció.
Al momento de la entrevista un presunto abogado que no quiso identificarse, trató de interrumpir el trabajo periodístico, pero fue reconvenido por el funcionario judicial.
Posteriormente Norte Digital le ofreció al legista tomar su declaración por si era parte en el proceso, pero prefirió no hacerlo.
Al cierre de esta nota la mujer aún estaba con sus cosas en la calle afuera del inmueble.
Durante toda la maniobra en la que las pertenencias de la familia fueron puestas en la vía pública, dos unidades de la Policía Municipal estuvieron en el lugar sin que los elementos que las tripulaban intervinieran. Solo tomaron nota de lo ocurrido y se retiraron.
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