A excecpción de la regidora Austria Galindo y la diputada con licencia Marisela Terrazas (PAN), ningún regidor ni diputado local asistió a la presentación del Informe de Corrupción 2024, mediante el cual el Plan Estratégico de Juárez documentó patrones de corrupción en la contratación de obra pública.
La organización civil convocó inútilmente a todos los integrantes del Ayuntamiento y a los representantes del Congreso del Estado. Ni siquiera se presentaron el presidente Cruz Pérez Cuéllar ni Ana Carmen Estrada candidata a síndica por el partido Morena.
La diputada Marisela Terrazas, actual candidata panista, fue la única representante en el informe en el que se presentaron cifras sobre el costo de la corrupción administrativa y política que más aqueja a las instituciones del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez.
Los actuales candidatos a la presidencia municipal como Rogelio Loya (PAN) y la actual síndica en campaña Esther Mejía Cruz (MC), fueron de los pocos actores de la clase política que se interesaron en el informe que puso a la gestión de Pérez Cuéllar con los niveles de corrupción smás elevados en más de una década.
El titular de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, y la presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán, viajaron desde la capital del estado, para escuchar cómo en Chihuahua por cada 100 mil habitantes, casi 29 mil son víctimas de actos de corrupción, de acuerdo un reciente publicación del Inegi.
La gran mayoría de los representantes populares no escucharon el informe que muestra cómo las “mordidas” y la corrupción administrativa representaron un valor de 477 millones de pesos en el último año y la corrupción política, que tiene el componente institucional, alcanzó el 76 por ciento; es decir, por cada mil millones de pesos contratados, 760 millones de pesos tienen riesgos de corrupción.
Abelamar Chacón, coordinador de Contraloría Social del Plan Estratégico A.C., confirmó que los representantes del Ayuntamiento y los representantes del Congreso del Estado, fueron invitados de manera personal.
Dijo que de la misma manera, convocaron a los titulares de los organismos de fiscalización de los Gobiernos municipal y estatal, pero tampoco estuvieron presentes.
Por el contrario, por vía remota se conectaron a la presentación del miércoles 17 de abril en Salones Cibeles de esta frontera, los representantes de 35 organizaciones del país comprometidas en la prevención y sanción con la problemática de la corrupción.
Entre estas se encuentran los promotores de la iniciativa Anticorrupción del Itesm, Cimtra Mérida, Observatorio Ciudadano de Durango y Observatorio Ciudadano de Mazatlán, entre otros.
Documentan patrones en sobreprecios en obra pública
Los coordinadores del área que promueve el Programa de Contraloría Social, Alejandro Machado y Mariel Martínez, expusieron los hallazgos de la corrupción en materia de sobreprecios
Machado expuso que una de las deficiencias detectadas tiene que ver con los sobreprecios en los costos de ejecución de obras públicas.
Explicó que observaron un patrón mediante el cual estas deficiencias fueron notificadas a la Dirección de Obras Públicas, pero la dependencia no ofreció ninguna respuesta.
Entre los patrones identificados sobresalen los sobrecostos en los conceptos de obra que en los catálogos de los proyectos de obra pública contratada, se repiten con la misma descripción y las mismas especificaciones, pero que en algunas obras presentan precios muy diferentes o notables.
Puso como ejemplo los contratos de rehabilitación de parques comunitarios, en los que encontraron que el costo del suministro e instalación de un adoquín con las misma descripción y especificaciones técnicas, en diferentes obras contratadas, tiene precios muy diferentes.
Especificó que los trabajos consistentes en construcción del Parque Jurassic Park II, por el mismo adoquín se pagaron 6 mil 246 pesos y en un contrato diferente 689 pesos: 10 veces de diferencia por el mismo servicio. Ambas obras localizadas en Riberas del Bravo, resaltó Machado.
El regidor Jorge Gutiérrez Casas, coordinador de la Comisión de Obras Públicas, y ningún otro de sus integrantes, asistieron a la reunión ciudadana aunque uno de sus deberes es justamente la supervisión de la obra pública contratada y ejecutada en la ciudad.
Por su parte, Mariel explicó que por los Comités Ciudadanos de Obra Pública, son un mecanismo de vigilancia ciudadana de supervisión de las obras públicas municipales y estatales.
Para este ejercicio, la misma ciudadanía por derecho propio, tiene acceso a toda la documentación de las obras públicas de su interés: contrato, proyecto, catálogos de conceptos
Los ciudadanos son acompañados por personal técnico de Plan Estratégico y uno de sus objetivos es que las obras se realicen con calidad, durabilidad, eficiencia, funcionalidad y transparencia.
Recordó que la ciudadanía tiene el derecho de solicitar que se corrijan las irregularidades y en su caso presentar las denuncias pertinentes antes los órganos de fiscalización competentes.
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