Un grupo de académicos de la UACJ denunció que fueron rechazados para participar en la elección del Consejo Universitario y el Consejo Técnico de la universidad por pertenecer a un sindicato y presuntamente tener con ello un conflicto de intereses.
Dan a conocer que en el actual Consejo Universitario, uno de sus miembros es sindicalizado, por lo que dicen ya interpusieron amparos y una demanda penal contra el Comité Electoral Universitario ante la Fiscalía General del Estado por el acto de discriminación.
La maestra investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas, Marisela Aguirre, fue una de varios académicos que denunciaron haber sido discriminados durante el proceso del registro de planillas para la elección del Consejo Universitario y el Consejo Técnico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a realizarse este jueves 9 de noviembre.
“Las explicaciones que tuvimos respecto a los procesos de reconsideración no nos satisfacen porque los argumentos son que pertenecemos a un grupo sindical particular que aparentemente no está con la administración actual. Pertenecemos al comité ejecutivo y entonces nos rechazaron porque pensaron que había un conflicto de intereses si participábamos como consejeros universitarios o consejeros técnicos”, manifestó.
“En ese sentido está como vaticinado que podríamos tener esas posturas. Ni siquiera nos permitieron hacer registro y que nos votara la comunidad universitaria por el derecho que tenemos dentro de la Ley Orgánica, y es por eso que queremos hacer pública esta discriminación hacia nosotros”, señaló Aguirre, quien explicó pertenece al Departamento de Ciencias Químicobiológicas del ICB.
Comentó que ella buscaba ser consejera técnica de ese instituto junto con la doctora Elvia Pelayo como su suplente en el programa de la licenciatura de Biología.
Explicó que el sindicato al que pertenecen es uno ya reconocido por el Centro Federal de Conciliación Laboral pero comentó que es nuevo dentro del instituto.
Manifestó que es el Comité Electoral el que designa al Consejo Universitario, y que son ellos quienes evalúan los requisitos de los aspirantes para verificar que cumplan con los requerimientos necesarios que ese comité emite en su convocatoria para aceptar las postulaciones.
“Dentro de esos requisitos solamente es tener cierta antigüedad institucional y además estar adscrito a un programa de licenciatura. Mi colega y yo cumplimos con esto. Sin embargo hay otros dos colegas que aspiraron por candidaturas tanto de consejeros universitarios como técnicos que están en la misma situación, que pertenecen a otros programas, uno es de Entrenamiento Deportivo y el otro a Médico Cirujano”, denunció.
“Es un acto claro de discriminación en contra de los miembros del comité ejecutivo del Sindicato del Personal Académicos del ICB o Spaicb y lo digo claramente porque hay otros dos aspirantes a consejeros en otros institutos que pertenecen a sindicatos y que son parte de los comités ejecutivos de esos sindicatos, mismos que en este momento sí forman parte de planillas aspirantes”, concretó la docente Aguirre.
Dijo que actualmente hay un consejero universitario activo que pertenece al comité ejecutivo del sindicato Agrepiac o Asociación Gremial del Personal Académico de ICB. Dijo que el comité electoral se justificó diciendo que eso fue una acción del comité ejecutivo anterior y que ellos no podían responsabilizarse por ello.
“Hay un doble discurso porque permiten que personal académico que forma parte de comités ejecutivos de sindicatos sí formen planillas, sí participen como consejeros pero los Spaicb no”, estableció, para comentar enseguida sobre las acciones que desarrollarán.
“Pues vamos a ir a votar. Esa es una, pero además ya están corriendo unos amparos al respecto de esta ausencia de participación e interpusimos una demanda penal por el acto de discriminación, esto ante el departamento jurídico de la Fiscalía General del Estado”, manifestó.
Dijo que con esas demandas legales buscan hacer pública la cuestión para presionar a que las autoridades universitarias se hagan responsables y transparenten los procesos.
“La intención es ejercer nuestro derecho de votar y ser votados. Está en la legislación universitaria y en la legislación mexicana. Lo nuestro no se resolvió”, expresó.
Señaló que desde el principio les resolvieron de manera improcedente, pero el argumento es que iba a haber un conflicto de intereses “de nosotros como consejeros y nuestra investidura también como parte del comité ejecutivo de un sindicato, cosa que no está señalado en ninguno de los reglamentos, ni en el de Elecciones, ni en el reglamento de la legislatura universitaria”, declaró la docente investigadora.
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