Un incendio destruyó las oficinas del albergue La Sagrada Familia, ubicado en Apizaco, Tlaxcala. Según explicó el padre Elías Dávila -responsable del refugio-, desconocidos irrumpieron en el local y rociaron todo con 20 litros de gasolina, para luego prenderle fuego, publicó Animal Político.
Se trata de un local dedicado a cuestiones administrativas, ubicado en un lugar diferente del refugio, que no resultó dañado.
En opinión del sacerdote, la situación degeneró desde el pasado mes de abril, cuando la comunidad comenzó a sospechar de los extranjeros. En julio, el ayuntamiento instaló una malla en el acceso del albergue ante las denuncias de los vecinos.
Dávila y su equipo pidieron datos de extranjeros detenidos. Nadie había sido arrestado.
No fue argumento suficiente para quienes, el pasado 11 de septiembre, destruyeron sus oficinas. Desde entonces, el albergue está incluido en el mecanismo de protección de defensores y periodistas. Estiman que los daños pueden alcanzar los 100 mil pesos.
El caso del albergue La Sagrada Familia simboliza cómo se incrementaron los riesgos y amenazas que sufren los activistas que defienden a migrantes en Centroamérica, México y Estados Unidos desde principios de 2018. Así lo recoge el informe titulado “Defensores sin muros: personas defensoras de Derechos Humanos criminalizadas en Centroamérica, México y Estados Unidos”, elaborado por la ONG Frontline Defenders, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana y la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos.
Ya está disponible para lectura y descarga el Informe #DefensoresSinMuros, donde documentamos casos de defensorxs de DDHH de personas migrantes que son criminalizados, hostigados y vigilados por su trabajo de defensa en México, Centroamérica y EEUU.
— PRAMI (@PRAMI_IBERO) September 24, 2019
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El documento identifica 69 eventos de detención, amenazas, acoso, difamación, agresión, deportación, vigilancia o negación de entrada a un país. La mayoría de ellos, 41, tuvieron lugar durante 2019, según un listado que acompaña al informe.
El documento está basado en una veintena de entrevistas y la visita a tres estados de Estados Unidos y otros dos de México. Pero no incluyen actos como la quema de las oficinas en Apizaco, que tuvo lugar después de que se cerrase el texto.
Algunos de los afectados que aparecen en el informe denunciaron haber sido hostigados en diversas ocasiones. Como el activista hondureño Bartolo Fuentes, acusado de organizar la caravana de octubre de 2018. Desde entonces dijo haber sufrido amenazas e interrogatorios en Honduras, El Salvador y México, así como un arresto y deportación en Guatemala, ocurrida cuando la marcha apenas había puesto un pie en aquel territorio. También la organización Pueblo Sin Fronteras, que denunció que sus integrantes han sido interrogados y perseguidos tanto por las autoridades mexicanas como por las estadounidenses. Por ejemplo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llegó a sugerir que sus integrantes eran “reclutadores” para las caravanas.
Un caso paradigmático es el de su presidente, Irineo Mujica. En junio fue detenido y acusado de tráfico de personas junto al también activista Cristóbal Sánchez. Ambos fueron encarcelados durante una semana hasta que un juez de Tapachula no encontró pruebas para procesarles. La fiscalía recurrió contra Mujica, que volvió a ser exonerado por otro tribunal.
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