Los abogados Marcelo Valenzuela y Óscar Castrejón presentaron este viernes una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) en contra de la magistrada Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, y del juez de Ejecución de Penas Juan Carlos Erives Fuentes, por hechos que podrían configurar delitos de corrupción y tráfico de influencias.
La querella que interpusieron, señalan que el juez Erives Fuentes habría concedido el beneficio de semilibertad a Edgar Escárcega, hermano de la magistrada, pese a tratarse de una persona sentenciada por secuestro, delito por el cual su pena debía cumplirse, en condiciones ordinarias, hasta el año 2050.
De acuerdo con los denunciantes, el beneficio penitenciario fue otorgado apenas 28 días después de que Nancy Josefina Escárcega rindiera protesta como magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, en septiembre pasado, lo que —a su juicio— plantea un posible conflicto de interés y un uso indebido de influencias dentro del sistema judicial.
El Tribunal de disciplina no ha hecho nada: Castrejón
En entrevista, Oscar Castrejón señaló al Tribunal de Disciplina como corresponsable del presunto acto de tráfico de influencias, pues la denuncia se puso hace cuatro meses “y aún no ha hecho nada”, dijo.
Pese a que se le entregó una denuncia muy sólida, robusta, con todos los elementos, el Tribunal de Disciplina no actúa, tal vez porque iría en contra de una de sus integrantes, agregó Castrejón.
Los promoventes sostienen además que, pese a la gravedad del caso y a la relación directa entre la magistrada y el beneficiario, el Tribunal de Disciplina Judicial no inició procedimiento alguno para investigar los hechos, ni emitió pronunciamiento, ni aplicó medidas preventivas o sancionatorias, lo que calificaron como omisiones graves y reiteradas.
Ante la falta de actuación del órgano disciplinario, los abogados acudieron a la Fiscalía Anticorrupción, a fin de que se investigue la posible comisión de delitos y se determine la responsabilidad penal de los servidores públicos involucrados.
Secuestrador “semiliberado”
Edgar Escárcega fue sentenciado por el delito de secuestro en perjuicio de dos víctimas a compurgar una pena que debía cumplirse hasta 2050.
En septiembre de 2025, su hermana, Nancy Josefina Escárcega Valenzuela rindió protesta como magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial y 28 días después, el juez de control Juan Carlos Erives Fuentes le concede el beneficio de semilibertad al secuestrador.
La “semilibertad”, como lo refirió Castrejón al castigo alterno que se le otorgó, se dio de manera totalmente irregular, pues no se tomó el parecer de las víctimas y los elementos que entregó la defensa para solicitar su liberación parcial eran ya improcedentes.
Pese al revuelo que causó ese hecho, el Tribunal de Disciplina Judicial no inicia investigación ni emite pronunciamiento alguno sobre el caso.
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