El Congreso del Estado pidió a diversas instancias federales y estatales iniciar investigaciones urgentes sobre la presunta extracción ilegal de agua del río Conchos, en el municipio de San Francisco de Conchos.
La propuesta, presentada por el diputado Arturo Zubía Fernández (PAN), fue aprobada por unanimidad en la sesión del pleno de la LXVIII Legislatura.
Se trata de una sustracción irregular de agua que corre por uno de los cauces más importantes del estado, el cual, además, forma parte de las afluentes que desembocan en el Río Bravo.
Zubía Fernández, quien representa al Distrito XX con cabecera en Camargo, expuso que se han recibido denuncias ciudadanas y reportes de medios locales de aquella ciudad, en el sentido de que existen prácticas sistemáticas de desvío de agua mediante bombas instaladas directamente en el cauce del río.
Ese aprovechamiento se hace sin que los beneficiarios cuenten con permisos legales, para abastecer a grandes unidades agrícolas de la región.
“Estas extracciones no solo violan la ley, también despojan a comunidades enteras de un recurso esencial”, advirtió el legislador.
Señaló que el problema ha obligado a familias a pasar varios días sin agua potable y ha afectado incluso a escuelas primarias, donde estudiantes deben llevar su propia agua para tareas básicas de higiene.
A la solicitud inicial se sumó una moción del diputado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, para que también la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y la Fiscalía General del Estado (FGE) se involucren en las investigaciones.
Los legisladores exigieron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía General de la República (FGR) actúen de inmediato para identificar y sancionar a los responsables.
Zubía calificó la situación como parte de un fenómeno más amplio de impunidad y omisión institucional.
“Este tipo de ‘huachicoleo’ del agua refleja una crisis no solo de acceso a recursos naturales, sino de gobernanza y justicia social”, expuso.
El Congreso demandó también que se implementen mecanismos más eficaces de vigilancia y control para evitar nuevas extracciones clandestinas y se garantice un reparto equitativo del recurso hídrico en las regiones afectadas.
