La Auditoría Superior del Estado presentó denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción, en contra de cinco municipios, entre ellos Juárez, que no subsanaron observaciones o inconsistencias en sus cuentas públicas.
También se interpusieron denuncias penales para quien resulte responsable, en los ayuntamientos de Manuel Benavides, Guachochi, Madera y Meoqui.
De las municipalidades con problemas legales, es la administración de Armando Cabada la única que cuenta con dos denuncias. Aparte recibió un total de 25 observaciones en el análisis de la cuenta pública del año 2018.
En el informe anual de avances expedido por la dependencia en julio pasado, solo se documentó una de las denuncias, debido a un desfase en la fecha de publicación del informe y la presentación de la demanda.
Cuatro sanciones a la administración de Cabada
Además, en los informes de la Auditoría Superior se asienta que el gobierno cabadista fue sancionado con 4 querellas de responsabilidad administrativa. Las querellas se turnaron al Órgano de Control Interno.
Se documentó que se emitieron otras 13 recomendaciones de responsabilidad administrativa no grave que logró subsanar.
El Ayuntamiento de Juárez tiene en su poder el contenido de las observaciones. Sin embargo, se informó si estas han sido desahogadas, como lo manda la legislación.
Contratos ficticios
Dentro de las carpetas de investigación turnadas a la Fiscalía General del Estado se encuentra lo derivado al hallazgo de un contrato ficticio con un prestador de servicios, que debió ejecutar acciones de cobranza por la recuperación de cartera vencida en el cobro del predial.
El ente involucrado es un despacho de cobranza, el cual fue beneficiado en una segunda ocasión para realizar el trabajo de recuperación de cartera vencida por concepto del cobro de multas viales. Los recursos que salieron de las arcas municipales suman en total 41 millones de pesos.
Se identificó como beneficiario al despacho denominado Castro, Villarreal y Asociados, mismo que carece de operatividad para realizar el trabajo para el que fue contratado.
2019: el año de la corrupción en los municipios
Según el reporte oficial en 2019 se dispararon las observaciones a los ayuntamientos, con mil 608, cuando el año anterior sólo se presentaron 91. Las observaciones en el año 2019, para el Poder Ejecutivo cerraron en 91, cuando el año anterior se hicieron 59.
El organismo solicitó además 13 ampliaciones a la investigación de irregularidades en el manejo del gasto de dependencias estatales, que derivaron en delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, así como peculado.
Empero, el año pasado dependencias del gobierno de Javier Corral se vieron involucradas en la comisión de posibles delitos, entre las que destacan Pensiones, Ichisal, Coesvi y la Promotoría de la Industria Chihuahuense. Los entes acumularon 37 denuncias, cuyo estado procesal marca como investigación inicial.
Del 2016 a la fecha se han presentado 679 denuncias de responsabilidad administrativa a municipios y entes fiscalizables. También se han dictado sentencias en 6 casos. La reforma a la ley de Fiscalización ha incrementado desde el año 2019 el número de denuncias al año. De ahí que ese año registró la atención y seguimiento a 366.
Cruz culpa a Cabada por hoyo fiscal; “También fue tu responsabilidad”, le revira PAN
El alcalde atribuyó a la administración anterior los adeudos por ISR retenido a trabajadores municipales y aseguró que su gobierno ha pagado 236 millones de pesos para regularizarlos
Recuerda Consulado de EU las zonas peligrosas de Juárez
Con motivo del Mundial de la FIFA, Departamento de Estado norteamericano hace mapa de riesgo
Detienen a 15 en megaoperativo conjunto de cateos y ejecución de órdenes judiciales
Más de 600 elementos estatales y federales participaron en el despliegue de 21 cateos simultáneos que dejaron 15 detenidos, armas, drogas, dinero en efectivo y equipo tecnológico asegurado
El vecino, el compadre, el profesionista: así es el perfil del consumidor del servicio sexual en Ciudad Juárez
Un libro presentado por investigadoras pone la mirada en quienes pagan por servicios y contenido sexual, y sostiene que sus decisiones alimentan una cadena de explotación que persiste en la frontera
