Las denuncias de residentes del Kilómetro 5, en Ciudad Juárez, llegaron al Congreso del Estado, donde este jueves se presentará un punto de acuerdo en respuesta a esta y otras problemáticas relacionadas con la calidad del aire en la frontera.
La diputada juarense María Antonieta Pérez Reyes (Morena), promotora del acuerdo, informó que solicitará a las autoridades ambientales una auditoría a las empresas y actividades con alto potencial de contaminación, tal como lo hizo previamente en la capital del estado.
El exhorto que será presentado ante el pleno del Congreso pide a la Semarnat y a la Profepa iniciar una auditoría por emisiones de partículas contaminantes en la empresa Recicladora Panchito, ubicada en el Kilómetro 5 de la carretera a Casas Grandes —avenida Óscar Flores Sánchez— en Ciudad Juárez.
El planteamiento también solicita investigar otras zonas de la ciudad donde existen reportes de concentraciones elevadas de contaminantes suspendidos en el aire.
La diputada hizo referencia al trabajo periodístico publicado por Norte Digital en noviembre pasado, en el que vecinos del sector denunciaron emisiones contaminantes atribuibles a la operación de la recicladora.
El documento incluye además una señal de alerta sobre otras fuentes que contribuyen al deterioro de la calidad del aire en la ciudad: entre 250 y 300 ladrilleras, más de 750 mil vehículos, embotellamientos viales, quema clandestina de residuos e industrias de alto impacto.
“Las descargas que generan fuentes contaminantes están perfectamente ubicadas y no pueden seguir pasando desapercibidas; ya están cobrando factura en la salud de los juarenses”, señaló la legisladora.
El exhorto también menciona que los monitoreos realizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y la Secretaría de Salud del Estado registran, con frecuencia, niveles de partículas y gases por encima de la Norma Oficial Mexicana, especialmente en horas pico.
Pérez Reyes recordó que previamente impulsó una auditoría a 40 empresas en Chihuahua, de las que la mayoría recibió medidas correctivas por parte de Profepa. Una de las conclusiones fue que la planta de GCC no representaba un riesgo ambiental directo, aunque tuvo que ajustar sus procesos para operar dentro de norma.
Finalmente, la diputada adelantó que se pedirá a autoridades federales y estatales aplicar auditorías ambientales en empresas y actividades industriales que estén dañando la calidad del aire y la salud pública en la frontera.
La iniciativa, presentada en conjunto con otros legisladores de su fracción parlamentaria, será puesta a consideración del Congreso este jueves.
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