El incendio del pasado 1 de agosto en Satélite terminó por exhibir las condiciones en las que operaba ORG Recicladores: utilizaba tres predios y solo uno estaba ligado a una licencia de Desarrollo Urbano que quedó “a medias”, al no cumplir con el dictamen requerido de Protección Civil.
La situación quedó de manifiesto durante la comparecencia de funcionarios de la administración municipal ante los regidores de la Comisión de Ecología y Protección Civil.
Representantes de Desarrollo Urbano informaron que el negocio no cerró el trámite, ya que la validez del permiso estaba condicionada a que Protección Civil dictaminara las medidas de seguridad a las que debía sujetarse, obligación que fue omitida.
La recicladora operaba en tres propiedades diferentes y solo en una contaba con el “permiso a medias”, de acuerdo con los datos oficiales expuestos durante la reunión, en la que participaron César Díaz Gutiérrez, director de Ecología; Sergio Rodríguez, director de Protección Civil, y un representante de Desarrollo Urbano.
Los funcionarios informaron que la contingencia, que puso en riesgo a vecinos y contaminó el aire, pudo prevenirse y ocurrió justamente en uno de los predios que no estaban vinculados o integrados al permiso, pero que servían como depósito de materiales para la logística de ORG Recicladores.
Van por multas de casi 650 mil pesos
Durante la sesión, convocada por la regidora Fernanda Ávalos Medina (PVEM), coordinadora de la Comisión, los funcionarios informaron que dictaminan la imposición de dos multas por 5 mil 400 UMAs, equivalentes a casi 650 mil pesos.
Ávalos Medina solicitó que no se autoricen descuentos y recordó que una reciente reforma al Reglamento de Aseo Urbano establece que los responsables no pueden recibir ese beneficio cuando, de manera omisa o deliberada, causan daño ambiental.
Rodríguez señaló que, pese a la resistencia de la empresa, el Municipio vinculó el incendio con la recicladora, aunque jurídicamente pudiera argumentarse que el siniestro no ocurrió ni fue provocado en sus instalaciones.
“Se les vinculó y tendrán que responder con el pago de la multa y los costos de limpieza y disposición de los materiales”, manifestó, por su parte, el titular de Ecología.
Precisó que no pueden evadir esa obligación, ya que, de hacerlo, la multa y la recuperación de costos se cargarán al impuesto predial y las propiedades involucradas son embargables.
El representante de Desarrollo Urbano aseguró que por el momento desconocía quiénes son los propietarios de los predios, pero, aunque no pertenezcan a la persona moral del negocio, tendrán que responder como responsables solidarios.
También aseguró que inspectores de la dependencia recuperaron la banqueta invadida por la recicladora; sin embargo, Claudia Arreola, representante de los vecinos de la zona, recordó que esta acción ocurrió después del siniestro.
Lamentó que sea hasta que ocurre una emergencia y se pone en riesgo a la población cuando las autoridades se activan, cuando deberían actuar antes mediante inspección, vigilancia y sanciones como medidas preventivas.
Podría reabrir si cumple las medidas
El director de Protección Civil dejó en claro que actualmente atienden el procedimiento de notificación de la multa o clausura y que el empresario tiene la opción de reubicarse si no le conviene o no puede implementar las medidas de seguridad que le ordenarán adoptar para volver a abrir en el mismo lugar.
Informó que, aparentemente, el incendio se originó por un incidente en uno de los patios con residuos, donde se generó combustión mientras se realizaban trabajos de reparación de un vehículo.
El inmueble servía como almacén y, de acuerdo con Rodríguez, había “mucho material combustible”: llantas, basura, escombro, plástico y maleza.
La regidora Ávalos puso sobre la mesa el reclamo de los vecinos cuyas viviendas, ubicadas al otro lado de la barda, resultaron afectadas por el hollín generado durante el incendio.
Rodríguez señaló que para las autoridades municipales resulta difícil resolver este tipo de conflictos, ya que no se contemplan sanciones cuando un siniestro en una propiedad privada causa daños materiales a los vecinos, aunque éstos pueden hacer valer sus derechos por la vía civil.
“La alternativa que nos queda es negociar con la empresa”, concluyó.
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