El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, pasó del deslinde en el caso de la masacre de la familia LeBarón a aceptar abrir una investigación, mientras que el fiscal de distrito, Jorge Nava, a reconocer que no cuentan con la fuerza para combatir el crimen.
“Ninguna autoridad tiene el estado de fuerza que se requiere para enfrentar la capacidad de ataque que tienen los grupos del crimen organizado”, dijo Jorge Nava, fiscal de la zona norte, en medio de la jornada violenta de ayer.
Norte Digital lo advirtió hace años, en agosto de 2018, en su reportaje “Violencia en Chihuahua: Los desplazados”, alertó a la opinión pública que la violencia, en diversas zonas, había forzado a 26 mil familias a abandonar sus lugares de origen y no podía ser contenida.
Nava debió reconocer que la ausencia de autoridades en varias zonas de Chihuahua es un problema grave en el combate contra el crimen organizado, debilidad que ya se reconoce en la estrategia de seguridad compartida entre los tres niveles de Gobierno.
En los documentos del Grupo de Coordinación Chihuahua por la Construcción de la Paz, que el Gobierno mantiene en reserva, cuyo original Norte Digital tuvo acceso, dice: “En la entidad existen cuerpos de seguridad con efectivos reducidos, insuficientes para cubrir la totalidad de zonas”.
Nava señaló que este déficit de fuerza policiaca afecta a la zona donde se cometió la masacre en contra de miembros de la familia LeBarón, que es en los límites entre Sonora y Chihuahua, en el poblado de Bavispe.
El funcionaria de la Fiscalía reconoció que tuvo conocimiento a tiempo del ataque a la caravana de la familia mormona, pero de forma extraoficial, aunque dijo que tener información que esa franja limítrofe están en disputa por los cárteles de la droga.
En el trabajo periodístico de Norte Digital se recuenta el movimiento de los desplazados por la violencia: 88 mil, entre 2009 y 2014, pertenecientes principalmente de zonas serranas.
“Entre la violencia extrema que provocan grupos criminales y la inacción o complicidad del Gobierno, en cualquiera de sus niveles, miles de chihuahuenses ha sido desterrados de sus comunidades”, indica el reportaje.
Cifras conservadoras del Inegi y la Copei apuntan que en 10 años más de 30 mil personas ha vivido un éxodo obligado, por las condiciones de inseguridad e impunidad en sus poblaciones, indica el trabajo periodístico.
Ya desde 2018 hacía la Fiscalía General del Estado hacía la promesa de intervención policiaca con nuevas comandancias y más elementos en las zonas de conflicto, esto no pasó, repetimos tragedias similares desde entonces.
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