Ante la omisión de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) para presentar una propuesta de indemnización para las 10 familias de igual número de elementos de Seguridad y Custodia Penitenciaria que fueron asesinados el 1 de enero de 2023 en un motín y fuga del Cereso 3 de Ciudad Juárez, decidieron desistirse del procedimiento conciliatorio.
El representante legal de los deudos, Adrián Esparza Silva, del Despacho “Lex Iusta” Abogados, informó que deberá ser ahora el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) quien llegue a una sentencia, ya que existe una demanda interpuesta por los afectados ante esa instancia.
Sin embargo, aclaro, no están cerrados al procedimiento reparatorio en caso de que la autoridad realice una propuesta concreta para indemnizar a las familias de los elementos de la SSPE.
Durante la rebelión, los reos asesinaron a los elementos de Seguridad y Custodia Penitenciaria Édgar Omar Hernández García, Guadalupe Gámez Galán, Jaime Arciniega Alvarado, Carlos Ernesto Salinas Bañuelos, Abel Juárez Hernández, Carlos Santiago Padilla Silva, Manuel Rodríguez Soria, Víctor Hugo Rivera Meraz, José Ausencio Pérez Puentes y Domingo Trejo Serrano.
Esparza Silva explicó que existe un reclamo en contra de la SSPE por la falta de capacitación de parte de la autoridad hacia los custodios y que también omitió brindarles la seguridad necesaria para llevar a cabo sus tareas de vigilancia; en consecuencia, no pudieron defenderse durante la reyerta y fueron víctimas de homicidio.
Representando a las 10 familias, el despacho inició un procedimiento administrativo ante esa misma autoridad para que resuelva si es procedente o no el reclamo, pero como nunca resolvieron, acudieron al TEJA para que dirima la demanda.
Inicialmente, dijo, la autoridad contestó que estaba de acuerdo en someterse a un procedimiento conciliatorio para darle una conclusión al asunto sin que se llegara a una sentencia judicial.
Añadió que, supuestamente, la SSPE presentó una respuesta desde septiembre pasado y se comprometió a que, a principios de este año, iba a hacer una propuesta luego de revisar con la Secretaría de Hacienda estatal el recurso que pudiera estar disponible para otorgar la indemnización, pero ya es marzo y hasta ahora no hay algún ofrecimiento de su parte.
Ante esta circunstancia, los representantes legales de las familias de los funcionarios asesinados presentarán un escrito la semana entrante para desistirse de la etapa conciliatoria con el objetivo de continuar con el proceso y que sea el TEJA quien se encargue de dictar la resolución correspondiente.
Sin embargo, dijo que no se están cerrado a algún arreglo conciliatorio posterior, si así lo determinan las familias de los custodios asesinados.
Así, la etapa conciliatoria se podría reabrir en cualquier momento.
Explicó que inicialmente los afectados se sometieron al proceso conciliatorio y la autoridad, al contestar, manifestó que también estaba de acuerdo y afirmó que en enero de este año haría una propuesta, pero no lo hizo, por eso acordaron desistir de esa etapa.
Si presenta alguna propuesta, se podrá acceder de nuevo a esta opción si las familias así lo determinan ya que no están cerrados a conciliar.
El abogado señaló que la repercusión del proceso conciliatorio incompleto para los deudos es que está deteniendo el procedimiento y no se puede avanzar con la aportación de pruebas en el proceso judicial, así que ahora se desisten para poder continuar con la búsqueda de la indemnización.
Esparza Silva indicó que, con base en una resolución de la Suprema Corte de Justicia, se está exigiendo el pago de 30 millones de pesos por cada una de las víctimas, cantidad calculada con las prestaciones de los asesinados.
Existe la consciencia de que en una etapa conciliatoria no se puede llegar a esa cantidad, por lo que están abiertos a una propuesta, obviamente en conceso con los afectados, quienes decidirán finalmente si están dispuestos a aceptarla.
Recordó que entre las familias de los custodios víctimas de homicidio hay hijos menores o mayores que estaban estudiando, según cada caso en específico, pero la base legal del reclamo son los 30 millones de pesos para cada una por daño moral.
En conjunto, se trata de por lo menos 18 personas dependientes de las víctimas que resultaron afectadas en estos hechos.
“Ya no estamos de acuerdo en que se esté tardando tanto la autoridad para que haga una propuesta y por eso nos estamos desistiendo del proceso conciliatorio”, enfatizó el representante legal.
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