Guadalupe y Calvo se derrumba. El municipio enclavado en la sierra de Chihuahua vive bajo asedio del crimen organizado: asesinatos, desplazamientos forzados y pueblos vacíos dan cuenta del colapso de la vida comunitaria. El Estado, mientras tanto, reacciona tarde y mal.
Este martes 22 de julio, la gobernadora María Eugenia Campos encabezó una mesa de seguridad en la cabecera municipal. Junto a ella estuvieron el fiscal César Jáuregui Moreno, el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, mandos militares y de la Guardia Nacional.
Las cifras oficiales retratan la emergencia: desde 2021, al menos 210 homicidios relacionados con la disputa entre el Cártel de Sinaloa (Los Salgueiro) y La Línea, brazo armado del extinto Cártel de Juárez. Solo en 2024 se han registrado 151 asesinatos, un aumento del 20 por ciento respecto al año anterior.
Entre el plomo y el miedo
Los enfrentamientos se han vuelto cotidianos. Cuerpos colgados con narcomensajes, ataques con drones explosivos y emboscadas al Ejército —como la ocurrida en diciembre en la comunidad de El Pinito— son parte de la rutina del terror.
“Ya no se puede vivir ahí. O te vas, o te matan”, declaró un desplazado que dejó Dolores, una de las comunidades ahora vacías. También han sido abandonadas San Jerónimo, La Sierrita, Crucecitas y San Ignacio de los Sotelo.
Según medios regionales y organizaciones civiles, más de 500 personas han huido desde 2023; la mitad son menores de edad. Se refugian en Parral, Guachochi, la ciudad de Chihuahua o incluso en otros estados como Sinaloa y Sonora. Nadie los escolta. Nadie los acompaña. Nadie los protege.
Abandono institucional, fe silenciada
Sin luz, sin policías, sin señal de celular, la vida en Guadalupe y Calvo se reduce al encierro. El miedo es el único servicio constante. La autoridad municipal está rebasada o simplemente ausente.
“No hay nadie que ayude”, contó otro desplazado a medios locales.
La Iglesia también ha tenido que replegarse. En Dolores, el sacerdote Lorenzo Antonio Medina fue herido en un ataque. Desde entonces, se suspendieron misas y actividades religiosas en varias comunidades.
“El miedo nos dejó sin clases, sin celebraciones, sin confianza”, reportó un medio local desde la zona.
Autoridades niegan el colapso
A pesar del panorama, el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, insistió en que el Estado no está rebasado. Aseguró que los homicidios han bajado 46 % respecto a la administración anterior y afirmó que “continuamos con números a la baja”.
Este martes, tras la reunión, las autoridades prometieron reforzar la presencia militar y de la Guardia Nacional, y garantizar condiciones mínimas de seguridad. Pero mientras los funcionarios emiten comunicados, en el municipio reina el vacío.
Más de 150 hombres armados tomaron recientemente la cabecera municipal. Nadie los detuvo. Nadie respondió a tiempo.
Guadalupe y Calvo colapsa. La violencia avanza. El Estado, otra vez, llega después.
Datos clave:
- 210 asesinatos (2021-2024)
- Disputa entre Cártel de Sinaloa (Los Salgueiro) y La Línea
- 151 homicidios en 2024
- + 20 % respecto al año anterior
- +500 desplazados desde 2023
- La mitad son niños y niñas
- Comunidades abandonadas: Dolores, San Jerónimo, La Sierrita, Crucecitas, San Ignacio de los Sotelo
Hechos recientes
- Emboscada al Ejército en El Pinito
- Drones con explosivos
- Sacerdote herido, misas suspendidas
- 150 sicarios tomaron la cabecera municipal en julio
Busca FGE que Jáuregui también enfrente proceso por coalición
La Fiscalía impugnó la decisión judicial; Loya sostiene que existen argumentos suficientes para acreditar el delito
Descarta Gilberto Loya riesgos de seguridad en estado de salud de Marco Bonilla
El padecimiento del alcalde de Chihuahua es un asunto estrictamente médico, asegura FGE
Es una burla para nuestro dolor: dejan afuera de FGE a deudos de Plenitud
Pretensión era llegar a la explanada del edificio a manifestarse por el caso durante la conmemoración por el Día de Muertos
Echan a la calle a familias desplazadas por la violencia, denuncia Cosyddhac
Ingresaron a una vivienda inhabitada de Pensiones Civiles del Estado, pero los sacaron con la fuerza pública, señalan
