Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el Acuerdo 156/2024 emitido por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, al determinar que invadió facultades exclusivas del Gobierno Federal en materia de sanidad animal y control zoosanitario.
La resolución se derivó de la controversia constitucional 374/2024 promovida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, una de las primeras acciones legales del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El proyecto fue presentado por el ministro Irving Espinosa Betanzos.
La Corte concluyó que el acuerdo estatal instauró un sistema integral de regulación para la movilización de ganado y productos pecuarios, al imponer revisiones obligatorias, autorizaciones previas, puntos de verificación y sanciones, sin contar con atribuciones constitucionales para ello.
Los ministros coincidieron en que las entidades federativas únicamente pueden colaborar con la Federación en labores de vigilancia y verificación, y que el convenio de coordinación vigente con Chihuahua no facultaba al estado para aplicar las medidas contenidas en el acuerdo impugnado.
Con este fallo, la SCJN reafirmó que el control sanitario y zoosanitario del ganado es competencia exclusiva del Gobierno Federal.
Una “aduana estatal” para el ganado
En noviembre pasado, el Gobierno del Estado de Chihuahua emitió el Acuerdo 156/2024, mediante el cual se instalaron puntos de verificación e inspección de ganado, productos y subproductos pecuarios en diversos puntos de la entidad.
Estos puestos de revisión tenían como objetivo garantizar la procedencia legal del ganado que ingresara a territorio chihuahuense, así como el cumplimiento de disposiciones sanitarias. El acuerdo también establecía responsabilidades para los ganaderos y sanciones por incumplimiento, con la participación de organismos del sector ganadero y autoridades sanitarias.
En su momento, el Gobierno del Estado informó que la medida formaba parte de un programa para “proteger al sector ganadero y su sanidad”, mediante acciones de blindaje y control sanitario contra el gusano barrenador, el reforzamiento de cercos sanitarios y una mayor vigilancia en la movilización de ganado.
Según el comunicado oficial, los controles buscaban cumplir estándares similares a los exigidos por Estados Unidos, con el fin de preservar el estatus sanitario y proteger la exportación de ganado chihuahuense.
Sin embargo, todas estas disposiciones —que implicaban restricciones y protocolos obligatorios para la entrada y movilización de ganado en el estado— quedaron sin efecto tras el fallo de la SCJN, al considerarse inconstitucionales.
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