El Partido Revolucionario Institucional (PRI) Chihuahua mantiene una deuda de alrededor de 70 millones de pesos por multas aplicadas desde el 2017.
Multas por presupuesto no ejercido, por desvío de recursos, contratos de arrendamiento cuyos productos no existen físicamente y demandas por pasivos laborales se convirtieron en un lastre económico para ese partido.
Luego de gozar de las primeras prerrogativas en la entidad y de beneficiarse de recursos extras durante el mandato de César Duarte.
Ahora el partido tricolor mantiene una deuda de 26 millones de pesos procedente de una multa de 36 millones de pesos impuesta en 2018.
Varias multas por no ejercer diferentes sumas de presupuesto desde el 2017, que juntas acumulan 12 millones de pesos.
Además, una serie de contratos de arrendamientos de computadoras que se siguen pagando, sin embargo, los aparatos no aparecen.
«Es una circunstancia financiera apretada para el partido», consideró el líder estatal del PRI, Alejandro Domínguez Domínguez.
«Tenemos algunas demandas de pasivos laborales que no se contestaron a tiempo. Una demanda que tenemos en temas de salud que tampoco se contestó y se cayó en rebeldía», dijo.
Solamente el año pasado, al PRI se le retenían 13.4 millones de pesos para pagar multas de los 27 millones que era su presupuesto.
PRI perderá la mitad de presupuesto este año
Este año el PRI recibirá 30 millones 384 mil 654 pesos, casi 1.5 millones más que lo que usó durante este año electoral; en tanto, casi la mitad se irá para el pago de multas y obligaciones financieras.
Por ejemplo, una de las deudas que arrastra corresponde a una multa impuesta desde el 2018 por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Se trata de una multa de 36.5 millones de pesos por desviar 14.6 millones de pesos del erario público de la entidad en 2015, durante el gobierno de César Duarte.
Luego de que investigaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización concluyeron que el PRI recibió recursos de un ente prohibido por la ley, es decir, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua.
El desvío se realizó mediante un esquema de triangulación en el que se hacían pagos a trabajadores de varias dependencias, a través de cheques, a los que se les adjuntaba una carta de «consentimiento» para aplicarles un descuento.
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