Para la contendiente por la Presidencia Municipal de Juárez y síndica con licencia, Esther Mejía Cruz, la actuación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH), debe de marcar un precedente para que respeten los recursos públicos, dinero que pertenece a la ciudadanía.
“Honestamente, yo no le deseo mal a nadie, pero de verdad, si alguien hace uso de recursos públicos, merece castigo, ya tenemos muchas administraciones y mucha corrupción en el país y se debe comenzar a tratar, por lo menos, de irle bajando a los actos irregulares”, expresó en entrevista con Norte Digital.
Consideró que las acciones que realiza la FACH están dentro de sus funciones, como la que realizó el pasado martes, cuando aseguró dos propiedades ubicadas en el fraccionamiento El Campestre, una de las cuales era ocupada por el alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, en medio de una investigación en contra del exempleado municipal y arrendador, Daniel Pando Morales.
La candidata consideró que se trata de una situación muy evidente, porque no es lógico que un funcionario público pueda adquirir viviendas de ese nivel económico en alrededor de un año, ya que en conjunto tienen un valor de 23 millones 552 mil 500 pesos, de acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad.
La verdad de las cosas, señaló, lo que está aconteciendo debe ser un ejemplo para demostrar que sí existe el trabajo de investigación por parte de las instancias correspondientes y que habrá resultados.
Ahora, dijo, para cometer actos de corrupción hay que pensarla por lo menos dos veces, no nada más actuar por impulso porque eso le afecta a toda la ciudadanía y provoca que el resultado de la infraestructura urbana en esta frontera sea nulo.
“Estamos tocando fondo, en lugar de dar un paso para enfrente, estamos dando dos para atrás… tenemos que respetar el presupuesto y los recursos de nuestros juarenses, no son de nosotros, es de los ciudadanos y aquí lo que falta es infraestructura”, enfatizó.
Con relación a las expectativas del trabajo de la FACH por las dos denuncias que interpuso cuando ocupaba el cargo de síndica, Mejía Cruz indicó que cuando llevó a cabo el trámite le dijeron que su instancia ya estaba fuera del ámbito de la investigación, que ya le correspondía al Ministerio Público darle seguimiento.
Agregó que habrá que esperar a las acciones que se realicen dado que, en el caso de las propiedades de El Campestre, se actuó porque la denuncia tenía más tiempo.
Los señalamientos que se hicieron de forma oficial por parte de la Sindicatura, el pasado 15 de abril, corresponden a la presunción de que se cometieron los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, así como peculado, a raíz de la entrega de cheques, por un monto total de 160 millones de pesos, a directivos escolares que debieron endosar a contratistas designados por el Municipio a través del programa “Cruzada por la Educación”.
La otra denuncia fue por la aparente irregular contratación de juegos mecánicos que se instalaron en el centro de la ciudad, donde se señala de mal uso de recursos públicos al secretario del Ayuntamiento con licencia, Héctor Ortiz Orpinel, por la cantidad de 3 millones 300 mil pesos.
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