La atención oficial y de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que se dará a las personas mexicanas devueltas por Estados Unidos debe extenderse para garantizar su reintegración familiar, cultural, laboral y educativa, expuso José Mario Sánchez Soledad, presidente del Comité de Migración de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) nacional.
Indicó que desde ese organismo patronal se hace un llamado general a atender y de una forma más amplia la crisis migrante en ciernes, no solo proveyendo de carpas para una estancia temporal.
En términos de lo que se está haciendo con el programa ‘México te abraza’, dijo, es muy bueno que se reconozca por parte del Gobierno Federal que lo más importante en materia de migración, son los nacionales.
Sin embargo, Coparmex busca que se ponga el énfasis en ese aspecto, así mismo que se atienda a los migrantes extranjeros varados.
Una política de reintegración
Se debe reconocer que en México se tiene un historial de deportaciones de personas jóvenes, que se fueron del país como niños o adolescentes y que regresan sin hablar español, con acento y desconocimiento de la cultura mexicana.
Por ahora, no existe una política de reintegración para el repatriado, por lo que debe instituirse un acompañamiento para su reinserción, indicó.
Afirmó que en el país hay legisladores con esa experiencia, quienes deben trabajar en leyes para la revalidación escolar y para que los acepten en las instituciones de educación, mientras que los gobiernos deben instrumentar programas de atención para los retornados que vienen en esas condiciones.
La propuesta de Coparmex tiene que ver con el retorno de estas personas a territorio mexicano, quienes tienen derecho de libre tránsito.
Aunque habrá instalaciones para que los que quieran quedarse lo hagan, la primera preocupación debe ser su rápida reintegración con sus familias, algo que sería conveniente para la ciudad por cuestiones de seguridad pública, pero también para las mismas personas.
El representante patronal recordó que durante las dos administraciones de Barack Obama se deportaron a 4 millones de personas, en ese entonces, la mayoría quiso regresar a su pueblo.
Bajo esa circunstancia, hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad para para facilitar a los eventuales deportados su reintegración familiar, proporcionarles documentos, teléfonos para comunicarse con sus seres queridos, descuentos en transportes, así como servicios bancarios para que les depositen recursos.
Si no se hace así, se está actuando más como si fueran migrantes extranjeros que deben ser resguardados, pero tienen libre tránsito y algunos requerirán de atención especial por las diferencias culturales que enfrentarán, dijo.
Nada nuevo en las deportaciones
El fenómeno migratorio en la frontera no es una situación nueva, sino con muchos años y se basa en acuerdos de México con Estados Unidos para la deportación de connacionales y, en ocasiones, de extranjeros.
Tristemente, agregó, nunca ha sido un tema real en la agenda empresarial y se tiene que reconocer.
Cuando él mismo presidió Coparmex Ciudad Juárez, entre 2019 y 2021, se enfrentó aquí la crisis de cubanos y venezolanos, un fenómeno que impactó a la economía y se previó la necesidad de darle tratamiento porque vendrían situaciones más complicadas.
El problema se agudizó con la pandemia de Covid-19 y los puentes y cruces internacionales cerrados, además de la política Quédate en México, a través de la cual Estados Unidos unilateralmente los envió a territorio nacional, donde se quedaron por dos años.
Fue así como se generaron las preocupaciones del sector empresarial en cuanto a la seguridad pública y de las personas con un enfoque humanitario, comenzando a ser un tema importante.
Definir la migración
“Hemos aprendido que el fenómeno migratorio no se puede tratar con una sola definición, el problema y los tipos de migrante son tan variados que tenemos que parar y decir: ‘cuando hablamos de migración, ¿de qué estamos hablando?’”, indicó.
Si no se hace esa definición inicial, continuó, se puede generalizar y caer en un error que impedirá avanzar en solucionar el reto porque se instaurarán procedimientos inapropiados.
Se corre el peligro, y es una cosa que se está viviendo hoy, de no atender a cierto grupo de migrantes que a lo mejor está en crisis y se puede estar ayudando al que no lo está.
¿En dónde están los 270 mil de CBPOne?
Por ejemplo, la problemática actual es de quienes se quedaron varados al suspenderse el programa CBPOne; la jefa de misión de la Organización Internacional del Migrante (OIM) de la ONU, Dana Graber Ladek, dio a conocer que la cifra de trámites cancelados es de 270 mil.
La pregunta es dónde están ahora, muchos tal vez se regresaron a sus lugares de origen, pero otros pueden estar en México y se desconoce cuántos son.
Calculó que en Ciudad Juárez deben estar entre 5 mil y 6 mil, quienes enfrentan una situación difícil porque sus permisos temporales migratorios están por finiquitarse y quedarán en un estado de indefensión, incluso si alguna autoridad los aborda pueden ser sujetos de maltrato.
También, ya se les terminó el recurso económico, muchos llegaron aquí con dinero, aguantaron algún tiempo, pero ya no lo tienen; posiblemente desarrollan empleos informales y están sujetos a maltrato, incluso pueden enfrentar el riesgo de unirse al crimen organizado, lo que es preocupante.
“Ya sobrevivimos estas crisis, le dimos empleo a 30 mil cubanos y ya se fueron, le dimos trabajo a miles de venezolanos y ya se fueron y la ciudad siempre ha podido, de cierta manera”, enfatizó.
La petición para los legisladores está dirigida a tener una ley migratoria más funcional a la realidad que se vive, que contemple permisos humanitarios para que junten dinero y se regresen a sus países, así como para enfrentar el reto de quienes se queden.
Por esa razón se requiere clasificarlos de acuerdo a las razones por las cuales estarán aquí; por ejemplo, los desplazados por violencia y crimen, cuya vida pueda estar en peligro en sus lugares de origen y deben ser receptores de asilo o refugio, sin tratar de sacarlos para no poner en riesgo su integridad.
Además, hay extranjeros que no querrán regresar a sus países y entraron a México legalmente, así que se requiere de una política pública para establecer qué se va a hacer con estas personas.
Sánchez Soledad afirmó que se ha hablado claramente del tema que no se registra únicamente en la frontera norte, sino en casi toda la República Mexicana, pero se percibe que no se ha escuchado de forma suficiente por parte de los gobernantes.
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