La activista juarense Norma Esther Andrade, recibió un reconocimiento en la Ciudad de México, tras cumplir “25 años de lucha incansable contra la violencia y la impunidad”.
Dicho reconocimiento lo recibió de parte de Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, quien precisó que también fue “por defender, aun frente al riesgo y la adversidad los derechos de las niñas y las mujeres de México”.
También fue “por ser ejemplo de dignidad y memoria; por demostrar que otro mundo es posible”.
El evento se desarrolló en un centro nocturno, donde también se proyectó el documental “Bajo Juárez”.
Quisieron celebrar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual se pronunció el pasado 19 de diciembre en contra del Estado mexicano, por el caso de Lilia Alejandra García Andrade, hija de Norma Andrade, quien desapareció un 14 de febrero del año 2001, siendo privada de la libertad, violada, torturada y asesinada en Ciudad Juárez.
Dejó huérfanos a una niña de 1 año y medio, así como a un niño de 6 meses de nacidos, luego de lo cual se hizo cargo su abuela Norma Andrade.
Dicha maestra de profesión empezó a luchar por que se hiciera justicia, lo cual originó que recibiera dos atentados que pusieron en riesgo su vida: en el primero recibió cinco impactos de bala a quema ropa y en el segundo una cuchillada en el cuello, lo cual la obligó a ser desplazada de Juárez a otra parte de México.
Ella continuó en su búsqueda de justicia para su hija.
La abogada Edith López Hernández, de Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, explica que en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ordena entre otras cosas:
En la obligación de investigar, manda continuar la investigación de la desaparición y feminicidio de Lilia Alejandra con diligencia, perspectiva de género, análisis de contexto y de patrones, y directrices claras.
Entre lo más relevante está realizar la prueba genética solicitada por Norma Esther Andrade con costos a cargo del Estado, y dar seguimiento al perfil genético hallado en la colcha mediante cotejos continuos con la base de Chihuahua y con bases nacionales; y, sobre todo, llevar ante la justicia a todas las personas responsables.
Además, exige quitar obstáculos que bloqueen la investigación, mantener informada a la familia con acceso al expediente, asegurar personal y recursos suficientes con condiciones de seguridad y hacer públicos los resultados finales cuidando la intimidad de las víctimas.
También ordena investigar los atentados contra Norma Esther Andrade: continuar la investigación en Ciudad Juárez y reabrir la causa en Ciudad de México, con una visión contextualizada que tome en cuenta su labor como defensora de derechos humanos y madre buscadora, y con coordinación entre fiscalías para intercambiar información relevante.
En medidas de rehabilitación, ordena atención médica y tratamiento psicológico y/o psiquiátrico gratuito, prioritario y especializado para Norma, Jade y Kaleb, con posibilidad de acudir a instituciones privadas o de la sociedad civil si el sistema público no tiene capacidad, e incluyendo medicamentos y, cuando haga falta, transporte y alimentación.
En medidas de satisfacción, ordena la publicación y difusión de la sentencia y un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, con participación de las víctimas, autoridades de alto rango y transmisión por radio y televisión.
En garantías de no repetición, manda diagnósticos con indicadores públicos para medir capacidades reales en fiscalías y en el sistema judicial, y ordena mejoras obligatorias para la armonización del Protocolo Alba, incluyendo la aprobación de criterios mínimos para que los protocolos realmente se apliquen de manera efectiva.
Por fin, ordena medidas normativas para la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, y reconoce que es un problema estructural que, según datos de REDIM, ha afectado a miles de infancias y adolescencias en este país.
Y sí, lloro de alegría: ordena acciones para reconocer y proteger a madres buscadoras, personas buscadoras y madres de víctimas de feminicidio, incluyendo reformas a la ley federal de protección de personas periodistas y defensoras y una campaña de sensibilización en Chihuahua.
Además, se mantienen medidas de seguridad para Norma Esther Andrade, con supervisión de la Corte por un periodo mínimo de cinco años. Finalmente, se establecen indemnizaciones compensatorias como parte de la reparación integral.
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