El Gobierno de Estados Unidos oficializó una multa civil de 5 mil dólares (alrededor de 90 mil pesos mexicanos) contra toda persona que cruce la frontera de manera ilegal.
La disposición, publicada en el Federal Register el 27 de junio, entró en vigor de inmediato y otorga nuevas facultades al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para imponer y cobrar sanciones migratorias sin aviso previo.
Según la norma denominada Interim Final Rule, las autoridades podrán aplicar la sanción en el momento de la detención, eliminando el antiguo periodo de 30 días de notificación que daba margen para apelar o regularizar la situación migratoria.
Multa inmediata y sin derecho a apelar fuera del DHS
El cambio normativo también trasladó las apelaciones de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) hacia el propio DHS, lo que, en la práctica, reduce las vías externas de defensa de las personas multadas.
Las sanciones se aplican a quienes ingresen sin inspección, incumplan una orden de deportación o no abandonen el país tras un plazo de salida voluntaria.
Aunque los 5 mil dólares han convertido en el monto más citado por diplomáticos y consulados, la regla contempla escalas mayores en casos de reincidencia o incumplimiento prolongado. Existen incluso sanciones diarias que podrían superar los 998 dólares por día para quienes desobedezcan una orden migratoria.
“Disuasión” o castigo económico
El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia justificaron la medida como una acción para disuadir el cruce ilegal y reducir los casos pendientes en tribunales migratorios.
“Queremos garantizar que haya consecuencias claras e inmediatas para quienes violan nuestras leyes de inmigración”, declaró un portavoz del DHS.
Sin embargo, organizaciones de defensa de los derechos de migrantes, como el Immigrant Legal Resource Center (ILRC) y CLINIC, advirtieron que la política vulnera el debido proceso y coloca una carga económica desproporcionada sobre personas y familias con recursos mínimos.
“El nuevo sistema permite castigar sin escuchar, y eso abre la puerta a abusos y arbitrariedades”, denunció la abogada Lisa Guerra, del ILRC.
México, bajo presión consular
En los consulados de Estados Unidos en México se difundieron comunicados de advertencia sobre las nuevas sanciones.
De acuerdo con fuentes diplomáticas, la multa aplica a toda persona mayor de 14 años sorprendida cruzando la frontera sin autorización.
Los consulados mexicanos en Texas, Arizona y California también preparan campañas de información para prevenir que connacionales crucen sin documentos, advirtiendo que el cobro es inmediato y acumulable.
Especialistas en migración consideran que el monto de 90 mil pesos es una medida disuasoria de alto impacto, pero también un castigo económico devastador para quienes huyen de la pobreza o la violencia.
“Es equivalente a un año de salario mínimo en México; es prácticamente impagable para quienes migran por necesidad”, señaló el analista fronterizo Rubén García.
Además, la eliminación del aviso previo y la falta de una instancia de apelación independiente dejan a los migrantes “sin defensa ni voz” ante una sanción que puede ejecutarse incluso antes de su deportación.
La norma publicada en junio fue catalogada como “interina”, lo que significa que podría modificarse en los próximos meses tras el cierre del periodo de comentarios públicos.
No obstante, organizaciones civiles anticipan demandas federales para impugnar la constitucionalidad de las multas, argumentando violaciones al debido proceso y trato desigual a personas migrantes.
