En relación a la carta enviada por los integrantes del Consejo Directivo del Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana de Ciudad Juárez, que solicita su derecho de réplica en torno a la investigación publicada por este medio en su edición 10, titulada “Ficosec y Desarrollo Económico, el gran fraude, el autor del mismo, Salvador Esparza, hace las siguientes observaciones:
1.- El documento asegura que “en ningún momento nos hemos alejado de nuestro objetivo esencial, como lo afirman reiteradamente”, sin embargo, no aclara el por qué entregó al menos 30 millones de pesos al gobierno del estado de Chihuahua para el pago de gasolina para patrullas e incluso la adquisición de unidades, cuando su objeto social no es ayudar en el gasto corriente de los gobiernos en turno.
2.- Asignaron también recursos a la PGR (800 mil pesos), al Grupo para la Salud Mental de Tlillancalco, Morelia (1 millón); a Plan Estratégico de Juárez (6.3 millones), a la Unidad de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (9.0 millones).
3.- No justifica los conflictos de interés reseñados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) entre integrantes del consejo directivo y fundadores como Alejandra de la Vega, Luis Octavio Muñoz Corral, Jorge Contreras Fornelli y Luis Mario Dena, quienes figuran en las actas constitutivas de las asociaciones civiles que recibieron recursos públicos según la ASE.
4.- Al asegurar que la Auditoría Superior del Estado realizó revisiones a los ejercicios 2014 y 2015, sería conveniente divulgar públicamente el contenido de las observaciones para establecer si éstas fueron subsanadas. Asimismo establecer si se llevaron a cabo también auditorías del órgano fiscalizador del Congreso del Estado desde el 2012 a la fecha.
5.- Tampoco reconoce o desmiente, los salarios de los empleados y de quienes dirigen el fideicomiso, pues se establece en la investigación que el titular devenga un sueldo de alrededor de 90 mil pesos mensuales, más un “extra” de 30 mil pesos cada trimestre lo cual ocurre desde hace años. Sin embargo según versión del diputado local del PRI, Omar Bazán, coordinador de la bancada priista, el sueldo sería de 180 mil pesos mensuales.
6.- No ofrece mayores detalles sobre los montos económicos asignado a las asociaciones civiles beneficiadas, ni el seguimiento, aún cuando “se han realizado esfuerzos por cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado. La información presentada en su sitio de Internet, es limitada, y no ofrece, por ejemplo, detalles sobre personal contratado, sueldos, funciones, perfiles, aún cuando se sabe que son 27 los empleados que laboran en el organismo, según lo manifestado por la secretaria de Ficosec, Isabel Sánchez Quirarte.
7.- Ficosec Juárez no aclara su relación con Desarrollo Económico de Juárez (más allá del tema de la competitividad), organismo empresarial que desde un principio (2012-2013) recibe recursos sin informar sobre los montos asignados y objetivos, a pesar de que supuestamente el 1 por ciento de los ingresos de Ficosec se destinan para el gasto corriente de Desarrollo Económico, aún y cuando su objeto social es el desarrollo de negocios, no la seguridad.
8.- En cambio rechaza categóricamente que “ningún empresario en lo particular se haya beneficiado con estos recursos”. No obstante, por citar dos ejemplos, el socio fundador de Ficosec, Jorge Contreras Fornelli y su asociación civil Educación en Valores, fue cuestionado por recibir dinero para su organización, en el mismo caso se encuentra la actual directora, Diana Chávarri, quien durante años ha permanecido al frente de la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, beneficiada en 2017 con 11 millones de pesos para el proyecto Desafío que promueve la disminución de la violencia.
9.- Aclara que la creación de Ficosec Zona Norte y Ficosec Chihuahua es legítima. En ningún momento el trabajo de investigación afirma lo contrario. Incluso cita las actas constitutivas ante notario público que fueron inscritas ante el Registro Público de la Propiedad, señalando los nombres de sus fundadores.
10.-Damos la bienvenida a la oferta de “estar abiertos al escrutinio de la ciudadanía en general”
-Se debe aclarar que la contribución, o “autoimpuesto” del sector empresarial en los tiempos críticos de inseguridad, además de ser un acto de “generosidad, urgencia y corresponsabilidad”, es también un Impuesto Sobre Nómina que al ingresar a la Secretaría de Hacienda, de acuerdo a lo planteado por la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua y al Código Fiscal del Estado, se convierte en recursos públicos y como tal deben ser fiscalizados.
11.- Se desconoce si existen declaraciones patrimoniales de quienes manejan los recursos según lo planteado por la Auditoría Superior, pues según las revisiones, no hay evidencia de ello.
